En ese tira y afloja que caracteriza el ámbito judicial, donde las chicanas prosperan como hongos en la sombra, el caso Catler es típico, casi emblemático.

 

La esencia del conflicto, el núcleo del asunto es (sigue siendo) la construcción de plantas que separen los hidrocarburos líquidos, materia prima valiosa para la petroquímica, del gas que Bolivia vende al Brasil.

 

Esas plantas separadoras debieron estar instaladas y funcionando hace una década, cuando comenzó la exportación del gas.

 

En la tortuosa historia de la entidad petrolera estatal, YPFB, pocas situaciones tan tragicómicas como la que protagonizaron la empresa contratada para instalar las plantas: Catler-Uniservice y el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, hoy detenido en la cárcel de San Pedro.

 

El detonante que reveló los opacos manejos del caso Catler fue nada menos que la muerte de uno de los involucrados. Pero detrás de la detonación no se produjo la claridad, sino, al contrario, cargos y descargos, acusaciones y recusaciones, que siguen a la fecha, haciendo que el asunto se equipare a una mala novela o a un pésimo circo. Que no divierte a nadie.

 

Por supuesto que detrás de todo está el infaltable dinero. Muchos millones de dólares. Según cálculos conservadores por lo menos 350 millones de dólares cada año, que es el valor estimado de los hidrocarburos licuables que se van al Brasil gratis y que ya han impulsado el desarrollo petroquímico en Sao Paulo.

 

Además del negociado que mientras se investiga salpica a más personas, el asunto tiene aristas colaterales, que ya han provocado en YPFB millonarias pérdidas adicionales, por la mala gestión de todo el asunto, como en la contratación de Gulsby para que fabricara partes esenciales de las ya tristemente famosas plantas separadoras.

 

Mientras tanto, es decir mientras el valioso gas sigue siendo regalado (porque el que hayan últimamente resuelto pagar algo por él es solo un analgésico y no el remedio real) se acumulan las licitaciones frustradas, los estudios sobre otros estudios ya realizados, los anuncios y las promesas de que esta vez sí, se construirán las plantas.

 

El manejo del caso en los tribunales ya tiene visos funambulescos y comienza a dar la impresión de que sólo se está tapando y volviendo a tapar la parte medular que se resume en tres palabras: no hay plantas.

 

En los medios de comunicación, especialmente, donde la información se procesa para socializarla, ya sentimos vergüenza ajena cada vez que debemos volver a la cantaleta de jueces, fiscales, y abogados defensores. Es empalagoso.

 

Desde Tarija, departamento productor del 71 por ciento del gas que Bolivia exporta y destina al mercado interno, es desde donde con mayor energía se deber exigir que la historia termine. No solo esa historia truculenta de negociados, fraudes y desatinos, sino la otra historia, la que verdaderamente nos interesa: La historia de la instalación y puesta en marcha de las plantas separadoras de hidrocarburos licuables.

 

A esta altura, ya la espera se está volviendo desesperante.