Por hermético que se pretenda conservar un secreto, inexorablemente, en algún momento saldrá a la luz. Y mientras más relevante sea la información que se pretende esconder, más probabilidades habrá que se destape con estruendo. Eso es lo que está pasando con las auditorías a las empresas petroleras.

Las auditorías estuvieron a cargo de siete empresas consultoras contratadas mediante licitación pública internacional, entre ellas Baltic Control, Petroconsult, Delta Consult y otras. Participó incluso una empresa francesa, como subcontratista de Delta Consult.

En junio del año pasado, en una de sus últimas entrevistas periodísticas, el ingeniero Enrique Mariaca quien tuvo a su cargo la coordinación de las auditorías dispuestas mediante el DS 28771 de Junio de 2006, precisó que el gobierno incurrió en un “gravísimo error” al firmar nuevos contratos con las petroleras en octubre de 2006, sin esperar los resultados de esta auditorías, vulnerando sus propias normas”.

Textualmente, en esa oportunidad, el ingeniero Mariaca dijo que “esta información podía haber cambiado la vida del país, no lo hicieron y entonces hemos caído, otra vez en manos de las transnacionales que son las que manejan el sistema. Han firmado contratos en octubre de 2006, y ¿qué han hecho hasta ahora? No han hecho nada, no han invertido, apenas han perforado 4 pozos el año pasado, entonces están atrasando el progreso del país y el gobierno no hace nada”.

Eso apunta a que la estrategia nacionalizadora plasmada en el decreto 28701 de 1 de mayo de 2006, denominado Héroes del Chaco, ha sido incumplida y el objetivo traicionado y en eso el manejo de las mencionadas auditorías jugó un papel clave.

Hace apenas tres meses, el vicepresidente García Linera afirmó que  “las auditorías a las empresas petroleras no tenían sustancia, ni seriedad. Antes, hace un año,  el vicepresidente se había negado a hacerlas públicas, para propiciar un debate abierto sobre el tema, desafío que El País aceptó con la única condición de publicar previamente  tales auditorías.  Desde ayer, ya con información pública, gracias al “legado de Enrique Mariaca Bilbao” el debate es inexcusable.

Según ese informe del ingeniero Mariaca, las auditorías realizadas por su gestión a las empresas petroleras transnacionales que operan en Bolivia, determinaron la existencia de un daño económico al Estado que bordeaba los 1.500 millones de dólares.

Los daños económicos al Estado, aún en menor magnitud que esa, no prescriben y queda pendiente investigarlos y procesarlos judicialmente, bien con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, bien con la Ley de Responsabilidades, de la cual no se oye nada últimamente, después de su aprobación en marzo pasado por la Cámara de Diputados.

Lo concreto e incontrovertible es que esto así no se puede quedar.  Además de sancionar, si es el caso, a quienes resulten responsables de ese daño económico al Estado, se podrá demostrar, como se dijo antes, si toda la estrategia nacionalizadora plasmada en el decreto 28701 de 1 de mayo de 2006 ha sido incumplida y el objetivo traicionado.