Amenazan con arresto a periodistas que deseen grabar juicio
A pocos días de sus jornadas clave, el inicio del juicio oral, público y contradictorio del Caso Catler, empieza a levantar nuevamente polvareda tras conocerse que varios de los acusados han ofrecido como prueba testifical la comparecencia de Evo Morales y otras autoridades.
Entre las personalidades citadas figuran los ministros de Estado Nardi Suxo Iturri, Luis Arce Catacora, Oscar Coca Antezana y Luis Fernando Vincentti así como el presidente de YPFB, Carlos Villegas Quiroga. En esta lista de testigos también se incluyen, entre otros, los nombres de Mario Arenas Aguado, (Presidente de YPFB Andina), Guillermo Aruquipa, Pablo Menacho (ex Ministro de Defensa Legal), y el ex senador Wálter Guiteras.
El ex Viceministro de Desarrollo Energético e Hidrocarburos, Misael Gemio, también acusado en el Caso Catler, mediante memorial de 2 de febrero de 2010, ha ofrecido como primer testigo de cargo a “Juan Evo Morales Ayma, con C.I. 2763596 Or., siendo indispensable para la defensa”.
El juicio fue suspendido el 17 de junio. Según la abogada de YPFB, Mónica Ramírez, se prevé su reinstalación esta segunda quincena del mes de julio.


PROHÍBEN FILMAR, GRABAR O TOMAR FOTOGRAFÍAS
Algo que llama la atención especialmente sobre este singular proceso es una explícita prohibición a la prensa. Sobre este particular, las agencias gubernamentales de noticias mantienen en absoluto hermetismo el desarrollo del juicio. Y en las puertas del Tribunal Primero de Sentencia – lugar dónde se desarrollará el juicio – se puede observar un cartel con el siguiente aviso: “Prohibido filmar, grabar, tomar fotografías. El equipo será decomisado y el propietario arrestado”.
Sin embargo, el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal determina que el juez o  tribunal  autorizará la instalación en la sala de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros.

Los datos
El 14 de julio de 2008, en presencia de Evo Morales, Carlos Villegas, Isaac Avalos, Jerges Mercado, y Santos Ramírez, se firmó en Río Grande, Santa Cruz, el contrato entre la empresa Catler Uniservice y YPFB, para la instalación y puesta en funcionamiento de una Planta Separadora de Líquidos, cuyo beneficio para el país se estima entre 100 a 500 millones de dólares.
De conformidad al decretos supremos 29564, 29506, 29661 y 29662, se firmó el contrato de fideicomiso entre el Banco Unión, Ministerio de Hacienda y YPFB, que estableció un primer fideicomiso de 45 millones de dólares para la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, a partir del cual, se firmó el contrato entre YPFB y la empresa Catler Uniservice.
El Gobierno boliviano decidió anular el contrato con Catler Uniservice, pese a que el ex funcionario del Ministerio de Defensa Legal, Pablo Menacho Diederich, aconsejó mediante informe del 18 de febrero de 2009 no rescindir el contrato porque la subcontratista Gulsby había cumplido con el 90 por ciento de lo acordado dentro de los plazos establecidos. El Presidente de la compañía Gulsby Process Systems, James G. Gulsby, y el Ministro Héctor Arce, en la reunión que sostuvieron el 16 de febrero de 2009 en Washington D.C., en presencia de los abogados del buffete Foley Hoag LLP contratados por Bolivia, “estuvieron de acuerdo en que el peor escenario para ambas partes sería el de un litigio, en el que Gulsby se ve expuesto a reclamaciones por muchas empresas a las que se había enviado las órdenes de compra de los equipos de la planta y en el que el Estado boliviano no pudiera recuperar de manera inmediata los  35 millones de dólares que habían sido comprometidos en la Carta de Crédito”