
Bolivia empezó a ser rentable para la Inversión Extranjera
Directa cuando se pusieron a la venta las grandes empresas estatales del país.
Fue entonces cuando los capitales foráneos iniciaron su control sobre
prácticamente todos los ámbitos económicos. En este proceso, las
multinacionales españolas han estado presentes en sectores tan estratégicos
como el agua, la electricidad, la banca, los hidrocarburos, etc. A través de la
actividad y los impactos pasados y actuales de dos de estas empresas, BBVA y
Repsol, se puede deducir por qué la población se rebeló contra las compañías
transnacionales a principios del siglo XXI.
La introducción de Bolivia en el neoliberalismo estuvo marcada por la
aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 que suponía el fin del
protagonismo del Estado en la gestión económica, establecido tras la Revolución de 1952. A partir de la década
de los 80 se implementaron las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional a través de diversas modificaciones legislativas cuyo objetivo no
era otro que la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es entonces
cuando se privatizan numerosas empresas estatales, pero no aquéllas que eran
estratégicas. En la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo
el llamado “proceso de capitalización” que significó la venta a las
multinacionales extranjeras de estas empresas estatales claves. Entre los
países emisores de IED, España cumple un papel significativo llegando a ser el
tercer mayor inversor en términos de capital acumulado desde finales de los
noventa.
En el presente artículo analizaremos el contexto en el cual la IED española aterriza en el
país, sus implicaciones, el papel que han desarrollado las transnacionales
españolas, y en concreto, el caso del BBVA y Repsol.
La Ley de Capitalización y la IED
española
En el inicio del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997;
2002-2003) ve la luz la Ley
de Capitalización que da paso a la entrada de inversión extranjera en las
empresas estatales más importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entre otras.
Aunque se intenta diferenciar de una privatización para evitar la protesta
social, éste es precisamente el objetivo. Con el agravante de la sucesión de
irregularidades en la venta [1] y de los cambios fiscales a favor de las
empresas transnacionales y en detrimento del Tesoro General de la Nación.
Bolivia no ha sido uno de los destinos principales de la
inversión extranjera de España, pero el capital español sí ha sido importante
en este país. Además, para España, las inversiones realizadas durante este
período en Bolivia han resultado estratégicas. Multinacionales como Repsol,
BBVA o PRISA han obtenido, gracias a las reformas neoliberales y el
acompañamiento de las políticas y la diplomacia de los sucesivos gobiernos
españoles, grandes beneficios que les han permitido continuar con sus
actividades y expandirse por el continente. Actualmente, en términos de capital
acumulado, España es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil
[2].
La gran mayoría de las multinacionales españolas que operan o han operado en
Bolivia lo hacen en sectores estratégicos para la economía tales como la
gestión del agua y de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros
y los medios de comunicación. Hablamos de Repsol YPF, Iberdrola, BBVA, Aena,
Abertis, Mapfre, Prisa (Santillana) y de otras compañías que ya se han ido del
país como Unión Fenosa, Abengoa y el Banco Santander. Para ver el papel que han
tenido estas multinacionales en el desarrollo del país se tomarán como ejemplo
dos compañías españolas: Repsol y BBVA.
Las pensiones de jubilación, el negocio para el BBVA
El desembarco de las entidades financieras españolas en suelo boliviano se
enmarca en un proceso de bancarización progresiva que se vive en la región
latinoamericana a partir de la década de los noventa y en el cual las entidades
extranjeras verán su número en aumento. A finales de los noventa, el BBVAy el
grupo Santander iniciaron su actividad en Bolivia.
El banco que hoy continúa en el país es el BBVA y centra su actividad en la Administradora de
Fondo de Pensiones Previsión (AFP Previsión). En el caso de Bolivia, la AFP es algo más que la
compañía que gestiona el sistema de pensiones privado. La capitalización de las
empresas estatales establecía que cerca del 50% de las acciones de estas
empresas debían pasar a ser propiedad de los bolivianos y bolivianas. Pero el
Gobierno de Sánchez de Lozada decidió que quien debía gestionarlo eran las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Así, en 1997 se crearon dos AFP:
Previsión que fue adjudicada al BBV y Futuro que fue adjudicada a Argentaria.
En el contrato se estableció un periodo de exclusividad de 5 años en el que se
prohibía la entrada de otras compañías. Pero hay más, en 1999 se fusionan ambos
bancos y se crea un monopolio privado, a cargo del BBVA, que administró el 100%
de las pensiones y todas las acciones de la población boliviana. Hasta el año
2001 cuando el Gobierno boliviano obligó a romper dicho monopolio.
Para el Estado la gestión privada de las pensiones no supuso ningún alivio,
debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma,
pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la
actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes
segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran
parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007
llegó al 60%.
La nueva Ley de Pensiones proyectada por el Gobierno de Evo Morales prevé la
creación de una entidad estatal denominada Gestora de la Seguridad Social
de Largo Plazo, ofreciendo la posibilidad de optar por una entidad pública para
gestionar la jubilación. Ante la posibilidad de ver mermados sus beneficios, la
multinacional financiera ha anunciado que pondrá sobre la mesa el Tratado
Recíproco de Inversiones entre España y Bolivia que blinda los derechos de la
compañía frente a las decisiones soberanas de un Estado como el boliviano.
Repsol en el lobby petrolero contra el proceso de cambio
En 1999, Repsol inició su actividad en Bolivia de forma indirecta ya que a
través de su compra de YPF se convirtió también en propietaria de Andina, una
de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB.
A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y su
negocio actual continúa a través de las filiales Maxus Bolivia, Andina, y
Repsol YPF Gas de Bolivia que produce y comercializa el 45% del gas licuado de
petróleo del país. Si tenemos en cuenta las cifras que manejaba la compañía en
2007, el total de sus activos era el equivalente a seis veces el Producto
Interior Bruto (PIB) boliviano.
El daño que han hecho las multinacionales del petróleo, y entre ellas Repsol
YPF, al patrimonio de la población boliviana, a su soberanía, a su derecho a la
energía, a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha estado
muy bien documentado en numerosas publicaciones [3] y ha sido denunciado en
actos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos de Viena
(Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008) [4]. Es más, la Guerra del Gas de 2003 fue
la respuesta de la población a esta situación y, en ella, Repsol YPF tuvo un
papel protagonista porque fue una de las impulsoras del proyecto Pacific GLP,
que representaba el expolio histórico al que había sido sometido Bolivia en el
sector de los hidrocarburos. A la multinacional española del petróleo le han
atribuido el establecimiento de sobreprecios, el pago a proveedores no
identificados, a compañías del mismo grupo corporativo, etc. para
sobredimensionar los gastos [5].
Es importante señalar aquí el papel de transnacionales como Repsol en el
proceso de cambio de Bolivia, iniciado con el Decreto de Nacionalización de los
Hidrocarburos en 2006. Desde su promulgación, la reacción de las
multinacionales del petróleo ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la
maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En
este contexto ha sido destacable la defensa a ultranza de los intereses
económicos de Repsol por el Gobierno español. Todo ello con el fin de frenar
cualquier medida que disminuya sus elevados beneficios.
Después de cuatro años parecen haberse calmado las tensiones pero esto no
quiere decir que las multinacionales petroleras hayan aceptado perder la
capacidad de decisión en la explotación de hidrocarburos, todo lo contrario,
continúan presionando al actual Gobierno para mantener su posición
privilegiada. Por ejemplo, en la conferencia “Sociedades Inflamables”, realizada
en julio de 2009 en La Paz,
el representante de un lobby petrolero afirmaba que la nacionalización estaba
mal hecha y que se iba a estar privatizando en 5 años. Frente a estas
afirmaciones el Gobierno de Bolivia se posiciona diciendo que el Decreto de
Nacionalización establece el marco donde las compañías son socias y no
patrones. En cambio, las multinacionales tienen en su mano una elevada
capacidad de presión, no sólo por la diplomacia de los países de origen de
estas compañías y los tratados bilaterales de inversiones que las protegen,
sino porque la ausencia de su inversión ha ocasionado, y sigue haciéndolo, el
desabastecimiento energético del país. Algo que no puede ser revertido por la
estatal YPFB que, de momento, tiene medios limitados para realizar la
exploración y explotación directamente, aunque tenga teóricamente la
administración de las compañías petroleras. De este modo, el Gobierno boliviano
llama a la inversión extranjera y las multinacionales ponen sobre la mesa sus
condiciones. Los resultados actuales de la IED española
El BBVA y Repsol son sólo dos ejemplos del modo de actuar de las
multinacionales españolas en Bolivia y esta forma de proceder se ha repetido
con Abengoa en la privatización del agua en Cochabamba, con Iberdrola en La Paz y sus impactos laborales
[6], con la ausencia de inversión de Red Eléctrica de España, el sesgo
informativo de los medios de Prisa en contra del Gobierno de Evo Morales y las
irregularidades cometidas por la editorial Santillana [7].
Lo que ha supuesto la entrada de IED foránea en Bolivia y en concreto los
impactos de las multinacionales españolas en el país se desarrollará en un
libro que publicará este año el Observatorio de Multinacionales en América
Latina - Paz con Dignidad. Como adelanto, los dos ejemplos de este artículo
reflejan cómo estas transnacionales no han contribuido a la mejora de la
calidad de vida de la población ni a fortalecer sus decisiones soberanas, más
bien han actuado en sentido contrario. Una vez que la población se ha pronunciado
eligiendo un Gobierno que ha impulsado políticas de cambio, el reto sigue
estando en desmantelar el poder de estas multinacionales y someter su actividad
al respeto de los derechos fundamentales de la población.
*Erika González y Tania Martínez Portugal son investigadoras del Observatorio
de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Notas
[1] Gandarillas, M.; Tahbub, M. y Rodríguez, G. (2008). La nacionalización de
los hidrocarburos en Bolivia. Icaria y Paz con Dignidad. Barcelona.
[2] Datos del Banco Central de Bolivia disponibles en su web.
[3] Gavaldá, M. (2006). Viaje a Repsolandia, Tútuma Edicions, Barcelona.
[4] Los informes de los casos presentados al TPP y las sentencias de las dos
sesiones están disponibles en la web www.enlazandoalternati vas.org.
[5] McGuigan C. (2007). Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles
fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia?, Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.
[6] Sáez, C.; Barba, M.; Lago, J. (2009). “Análisis de las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales vascas: los casos de
BBVA e Iberdrola”. Lan Harremanak nº 19.
[7] Martínez Portugal, T. “Filias y fobias políticas de los medios de
comunicación en Bolivia: el caso de PRISA”. Boletín OMAL nº 38, enero de 2010.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1945
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