El 6 de Agosto por la noche, mediante un mensaje televisado y después en el periódico EL DIARIO (8/08/2010), el vicepresidente del Estado Plurinacional, señor Álvaro García Linera, posiblemente molesto por los acontecimientos ocurridos en Potosí, culpó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo), porque no quiso aprobar un pago inicial chileno del 50% por el uso de las aguas del Silala, y que hoy llegaría a 6 millones de dólares aproximadamente.
Al Vicepresidente, con el debido respeto, deseo manifestarle que Comcipo con espíritu patriótico defiende la soberanía, la propiedad y la naturaleza de las aguas del Silala.
Estoy seguro que él, después de revisar el fraudulento Acuerdo Inicial sobre las Aguas del Silala, determinaría que se lo reemplace por otro que sea de interés nacional, porque de la versión chilena se puede deducir que el objetivo del país vecino es apoderarse de aguas bolivianas, con un pretexto doloso, insistiendo en que un canal artificial de 3 Km. de longitud, por donde discurren 250 litros por segundo en una sección de 80 centímetros de ancho y 60 centímetro de profundidad, es un “río internacional” de curso sucesivo que nace en territorio boliviano con el nombre de “río” Silala, e ingresa a territorio chileno con el nombre de “río” Siloli, por disposición del Gobierno de Chile en 1906 (Historia del Ferrocarril de Chile, María Piedad Allende E., 1993).
Revisando y analizando los 17 artículos del Acuerdo Inicial sobre las Aguas del Silala, el Vicepresidente del Estado Plurinacional y las autoridades gubernamentales comprenderán que firmar un acuerdo bilateral con el anzuelo de Chile, que ofrece un pago inicial del 50%, por el uso de aguas bolivianas, significa para ese país un éxito que le daría la oportunidad de adueñarse de aguas bolivianas localizadas en los bofedales del Cantón Quetena, Provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí.
Para corroborar lo anteriormente indicado, veamos como ejemplo algunos artículos de los 17 que conforman el Acuerdo Inicial sobre las Aguas del Silala.
En el Artículo 1 se establece que el uso y aprovechamiento del “sistema hídrico” es compartido entre Chile y Bolivia.
Este criterio es inaceptable y equivocado porque en la región desértica del Cantón Quetena no existe una cuenca hidrográfica por donde discurran cursos de agua superficial para que se pueda originar un “sistema hídrico”. Más aún, la climatología de la región del Quetena es similar a la existente en el Desierto de Atacama y Antofagasta, donde según estadísticas hidrográficas de Chile, llueve de 3 a 11 milímetros anuales con espacio de varios años. (Los Recursos Hidráulicos de Chile, Nathaniel Wollman, ILPES 1969).
En el Artículo 2 Chile conmina al Estado Plurinacional de Bolivia a que del caudal de agua superficial escurrido a través de la frontera hacia la Republica de Chile, solamente le corresponde un porcentaje y que estudios científicos servirán de base a las decisiones que se adoptará en el futuro. Al respecto, el canciller David Choquehuanca dijo que “Chile ya puede compensar por el 50% y que el otro 50% se lo somete a estudios científicos para saber cuánto de agua nos toca (Noticias de la Agencia de Información Boliviana, Radio Patria 4/08/2009 y EL DIARIO 07/2009)
En el Artículo 6, Chile indica que las partes establecen, de conformidad con el artículo 2, que del volumen total del Silala o Siloli, que fluye a través de la frontera (100%), sólo el 50% corresponde inicialmente al Estado Plurinacional de Bolivia y que es de su libre disponibilidad para utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile.
En el Artículo 15 se impone que el agua existente en el Cantón Quetena se lo podría utilizar en Chile sin ninguna restricción o discriminación.
Según declaraciones del subsecretario de RREE de Chile, Alberto Van Klareven, el Gobierno de Chile no pagará por el 50% de las aguas del Silala, ni la deuda histórica reclamada por nuestro país, porque ese trámite le corresponde realizar a Bolivia con los usuarios CODELCO y Ferrocarril de Antofagasta (periódico El Mercurio de Chile).
La reacción de los propietarios chilenos que utilizan ilegalmente aguas bolivianas fue oponerse a la posibilidad de pagar a Bolivia, porque el Gobierno de Chile les otorgó esas aguas como concesión conforme al Código de Aguas de Chile, que los declara propietarios del agua concesionada para utilizarla de acuerdo con sus intereses para vender, alquilar