Lo de Potosí puede leerse como una sucesión de errores gubernamentales en el manejo del conflicto (al igual que Caranavi) pero también puede tener otra lectura: si para construir el proyecto político en la primera etapa, el gobierno necesitaba derrotar a la derecha regionalizada, con base en Santa Cruz, en esta nueva etapa es necesario disciplinar a las propias bases. Y esto tiene que ver con un problema que debe ser afrontado con seriedad en el análisis.
Intelectuales como Isabel Rauber pueden seguir escribiendo cosas de wishful thinking en estado puro como: “La expresión vivir bien, propia de los pueblos indígenas de Bolivia, significa, en primer término, vivir bien entre nosotros. Se trata de una convivencia comunitaria intercultural y sin asimetrías de poder [sic]. No se puede vivir bien si los demás viven mal” (ver www.rebelión.org), y algunos intelectuales del proceso pueden creer que todo esto está escrito en la nueva Constitución y con eso basta.
Pero, lamentablemente, las cosas son más complicadas, y Evo Morales –que conoce a sus bases como nadie- lo sabe mejor que nadie. Los “movimientos sociales” son heterogéneos, e incluyen a enormes grupos que, debido a una serie de condicionantes vinculados al tipo de Estado y de economía que predominó históricamente en Bolivia viven en el límite de la legalidad (comerciantes, cocaleros, algunos ayllus norpotosinos, etc.). Luchan por mayores márgenes de presencia estatal en lo que el Estado tiene de cara simpática (redistributiva/desarrollista) pero se oponen a un Estado verdaderamente regulador, por lo que el proyecto de Estado fuerte debe disciplinar hoy a todos estos sectores. Al final de cuentas, pese a toda la retórica del “ala plurinacional” del gobierno, la nueva ley de aduanas podría asimilarse a la construcción de un “país serio” (e incluso de un capitalismo serio). Y para esto, Evo Morales tiene una legitimidad con la que ninguno de sus antecesores siquiera soñó.
También la búsqueda de ganarle la pulseta a Potosí busca evitar nuevos conatos de reivindicaciones regionales /corporativas por la vía de la acción directa. “Queremos gasoductos en el Norte de Potosí para tener gas natural, queremos carreteras...”; “En Puna todos hemos migrado a Argentina para conseguir recursos”; “La vertebración caminera del departamento sigue estancada”; “Usted ha visto, seguimos como en la colonia, sin tecnología, sin agroindustria, arando con bueyes”. “Acá, en 200 años, no se construyó ni una fábrica grande”. Todos estos son frases textuales recogidas en Potosí. Obviamente, en la masificación del conflicto interviene una pluralidad de factores: intereses políticos, búsqueda de protagonismo de los dirigentes, demandas acumuladas, economía moral de la región frente al poder central (“dignidad”, etc.), pero eso fue siempre así, incluso en las épicas movilizaciones de 2000, 2003 o 2005. Lo que es claro es que en este segunda gestión están surgiendo conflictos económicos, y que ya no alcanza con el combo de compensación simbólica y políticas sociales (bonos) para contener a todos. Hoy Evo le puede ganar a cualquiera, habrá que ver si los resentimientos de los derrotados alcanzan para construir una oposición de algún tipo. O si predomina la idea del presidente cercado por ministros inútiles.
Pero lo preocupante es que mientras en seminarios organizados por algunas ONGs y ciertas dependencias estatales se sigue hablando largamente sobre la descolonización, la superación de la modernidad socrática o el devenir del poscapitalismo, sin ninguna referencia a los datos económicos y sociales, crecen las demandas del bolsillo, y para muchos el “vivir bien”, lejos de etéreos valores espirituales, es más terrenal: caminos, escuelas, hospitales y educación. Y si es posible, un poco de asenso social. ¿Y si declaramos una moratoria en este tipo de seminarios y comenzamos a discutir la descolonización en el marco de un nuevo proyecto de país, que incluya un debate honesto y serio sobre el modelo de desarrollo?