Un indio de “izquierda” y un patrón de “ultraderecha” con el mismo plan: El pueblo paga tarifazo para que las transnacionales ganen más
Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera mantienen posturas ideológicas antagónicas e irreconciliables, aunque en la vida real piensan y actúan igual. Ambos decretaron sendos aumentos de precios de carburantes con enorme costo social y político; usaron los mismos argumentos para justificar sus impopulares pero “necesarias e inevitables” medidas, y ahora los dos confiesan que los tarifazos en Bolivia y Chile tienen un mismo objetivo: “incentivar” la explotación de yacimientos hidrocarburíferos.
Las marchas, concentraciones, cacerolazos, barricadas y bloqueos de carreteras destacaron el 12 de enero, primera jornada del paro indefinido declarado en la región chilena de Magallanes y Antártica contra la subida del precio del gas doméstico en casi 20 por ciento. Las protestas tienen como epicentro a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.
Parlamentarios, alcaldes, empresarios, autoridades religiosas, estudiantes,
trabajadores de todos los gremios y ciudadanía de la región apoyan la medida de
fuerza contra el tarifazo de Piñera, que según algunos expertos sería el primer
paso hacia la privatización del petróleo chileno.
La verdadera intención es asegurar un buen negocio para el sector privado,
comenta la diputada demócrata cristiana de la Patagonia Carolina Goic, mientras
que el académico de la Universidad de Santiago Bernardo Navarrete sospecha que
la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco planean la
privatización del sector.
El gas y el petróleo en Magallanes son cada día más escasos y, si no los
cuidamos se van a extinguir, afirmó Piñera, e insistió en la necesidad de
elevar el precio del gas domiciliario para “fomentar un uso más racional y una
mayor exploración y búsqueda de nuevas fuentes de gas y petróleo en la región”.
El Presidente Evo Morales dijo exactamente lo mismo para justificar el
frustrado gasolinazo en Bolivia.
El Presidente “izquierdista” decretó el 26 de diciembre un gasolinazo que
aumentaba los precios de la gasolina y del diesel de hasta en 80%,
supuestamente para frenar el contrabando e “incentivar” la explotación” de
yacimientos petroleros, pero una semana después una violenta movilización popular
de un pueblo cada vez más furioso le obligó a anular el decreto.
Doy un paso atrás porque prometí gobernar obedeciendo al pueblo, explicó
Morales, pero advirtió que “tarde o temprano” tendrá que “nivelar” los precios
de los carburantes; desde entonces “consensua” un “tarifazo en cuotas” con las
organizaciones sociales afines a su gobierno.
El miércoles de esta semana el Presidente reveló que ya en 2007 y 2008 se dio
cuenta de que “era grave no acabar con la subvención (de los carburantes)”, y
reiteró que “nivelar el precio de los combustibles no es solamente para acabar
con la corrupción y el contrabando, sino para garantizar la inversión”.
“Combustibles como el gas nos da plata; la gasolina y el diesel podrían
(también) dar plata al Estado para seguir mejorando la economía… hay proyectos
de exploración y explotación petrolera (en el país), pero ninguna empresa, y
peor los socios, quieren invertir a pérdida”, argumentó el Presidente.
Este jueves, Morales confesó que se arrepiente de no haber defendido su
gasolinazo, elogió nuevamente a los “patriotas” que apoyaron la medida y
conminó a los “traidores” que se opusieron a presentar propuestas alternativas.
En cuestión de horas, organizaciones sociales, expertos y hasta ex autoridades
del propio gobierno del MAS le demostraron que si existen medidas alternativas
a la neoliberal y pro petrolera “nivelación” de precios.
En vez de meter mano al bolsillo de la gente, que el gobierno deje de regalar
dinero a las transnacionales, recomendó el ex viceministro de Tierras Alejandro
Almaraz. Las empresas reciben mucho dinero por concepto de “devolución” del
IVA, del Impuesto a las Transacciones y hasta de “inversiones”, pese a que la
“migración” de sus contratos no les ha privado de la posesión y disfrute de
esas inversiones, pues continúan siendo los socios operadores de la explotación
en sus respectivas áreas. El Estado pagó a las capitalizadoras de Transredes
250 millones de dólares por sus acciones, criticó Almaraz.
El gobierno quiere invertir en carreteras y obras sociales los 380 millones de
dólares que gasta en la subvención de carburantes. “¿Cuántos hospitales,
kilómetros de carretera y conexiones de agua potable se podrían financiar con
los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados
al gas que le vendemos, a falta de la tan famosa y largamente anunciada planta
separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares?”, preguntó
Almaraz.
La Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia
(UNADERENA) planteó eliminar la subvención de GLP y gasolina a Petrobras, con
lo cual Bolivia percibiría alrededor de 700 millones de dólares anuales hasta
2019, suficiente dinero para detener el gasolinazo e implementar programas de
desarrollo.
En vez de fungir como abogado de las transnacionales, el gobierno de Morales
debería evaluar de manera profunda los costos de producción de las empresas que
operan en Bolivia, los más bajos del mundo, precisaron Almaraz, UNARADENA y el
economista Hugo Vaca de la Torre.
Antes de la nacionalización Repsol declaró que producir un barril de petróleo
en Bolivia le costaba 10 dólares. El ex delegado gubernamental para la Revisión
del proceso de Capitalización Juan Carlos Virreira, fallecido en un accidente
aéreo, demostró que producir un barril de petróleo en Bolivia cuesta menos de
cinco dólares. Entonces, ¿no será mucho pagarles ahora 60 dólares por barril?,
cuestionó Almaraz.
“Es importante remarcar que toda la producción de hidrocarburos, de acuerdo a
la Ley 3058 y el Decreto de Nacionalización 28701, descontado el consumo propio
para la extracción de hidrocarburos, es entregada a YPFB, recibiendo las
petroleras una rentabilidad mayor al 30%, además de recuperar todos sus costos
de producción, en una especie de doble beneficio”, observó Vaca de la Torre.
La conclusión de todo esto es que el país continúa subordinado a las
transnacionales porque el gobierno nacionalista del MAS nunca ejecutó una
verdadera nacionalización ni mucho menos consolidó a YPFB como operadora
directa en la producción de hidrocarburos, coinciden analistas, expertos y
activistas sociales. Pero para el Presidente Morales, el meollo del problema es
la “subvención que desangra la economía nacional”.
“Nos hemos equivocado (al mantener) la subvención que es un cáncer para la
economía nacional”, comentó el Presidente este jueves, y dijo que se arrepiente
de no haber defendido el gasolinazo, que tenía como fin último aumentar el
precio de compra del barril de petróleo de 27 a 59 dólares para “incentivar”
las inversiones petroleras.
El presidente indígena de “izquierda” fue tan claro y contundente como su
colega chileno de “ultraderecha”: Lo importante ahora es que las
transnacionales ganen más dinero e inviertan más y que el pueblo se resigne a
pagar la factura.
Con información de la Plataforma Energética, ABI y Prensa Latina.