A 61 años del 17 de octubre de 1945, el día que las masas obreras y populares, cambiaron la historia de los argentinos.

 Una semana después que el Presidente Néstor Kirchner inaugurara el gasoducto proveniente del yacimiento Cerro Dragón[1] y que abastecerá a la región central de Chile, el Congreso de la Nación promulgó la Ley Nº 26.154, destinada a efectuar un régimen de promoción –léase subsidios- en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.

La norma busca “ayudar” a “encontrar” petróleo y gas, a las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación –con arreglo a las concesiones otorgadas por la Ley Nº 17.319 (de Hidrocarburos)-, desgravándolas impositivamente de los Impuestos a las Ganancias, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y se las eximirá de todo gravamen en el pago de los Derechos de Importación de Bienes de Capital. Además de esos beneficios promocionales, podrán amortizar aceleradamente sus bienes de capital, mandando a pérdida el valor de tales adquisiciones (arts. 9, 10, 11 y 12). Tal como todo el mundo sabe, las empresas imperialistas que operan a escala mundial son pobres entes que “no tienen” capacidad autónoma de financiamiento y además no persiguen fines de lucro sino altruistas y para las cuales el Estado Nacional o sea el Pueblo Argentino deben concurrir en su auxilio para financiarlas y encima para que nos saqueen, en este caso el petróleo y el gas. La ley, esta en la misma línea ideológica de la Ley Nº 24.196, llamada de Inversiones Mineras, que les otorga Estabilidad Fiscal por 30 años a las empresas mineras y las desgrava impositivamente en los mismos ítems a que se hace mención más arriba. En el caso de las petroleras, el plazo promocional será por 15 años, o sea muy cerca del agotamiento de las diferentes cuencas petroleras y gasíferas. La ley hace intervenir a las provincias como autoridad de aplicación en las áreas adyacentes a la Plataforma Continental, a las Cuencas Sedimentarias en Tierras sin producción y en las Cuencas en producción (arts. 5º y 6º).

Esta legislación tramposa y contraria al interés nacional, plantea el tema del federalismo[2] en las condiciones coloniales en que se encuentra La Argentina desde 1976.

El objetivo propuesto y publicitado por el PEN por esta y otras leyes en materia extractiva[3], es poner en marcha "un verdadero federalismo" y "que sean" las mismas Provincias, las que "decidan" y "dispongan" de los recursos no renovables, ubicados dentro de sus límites provinciales, lo que ya fue enunciado, con la llamada "reforma constitucional" de 1994.

Además de la mencionada reforma, el articulado de las 23 constituciones provinciales promulgadas a partir de 1983, establecen que las riquezas ubicadas en el subsuelo de las provincias solo es de pertenencia de las mismas y que las Legislaturas, podrán disponer de las riquezas allí ubicadas, así como de los cursos de agua, lagos y lagunas. Los diversos textos, establecen que las legislaturas podrán tomar a su cargo la explotación de los recursos, su extracción, transporte, refinación y comercialización, o darlos en concesión temporal a particulares mediante el pago de un canon. Este es el punto central de la cuestión y por lo que el imperialismo -desde hace décadas-, pujaba por su aprobación "legal". Para ser más preciso desde 1917. En aquel año, el Diputado Nacional por Salta, Francisco Uriburu Gómez, sostuvo en la Cámara, que las minas y yacimientos que estuvieran dentro del territorio salteño, debían ponerse bajo el dominio provincial. Ese punto de vista, se contraponía al proyecto de otros dos diputados, Rodolfo Moreno conservador por la Pcia. de Buenos Aires y Carlos Melo, radical de Capital Federal. Estos diputados, habían presentado un proyecto de ley con arreglo al cual se tenía que todo el hierro, el carbón y el petróleo, que se encontrase en el país, pertenecía al dominio privado del Estado federal (art. 1º), el cual organizaría la explotación de las áreas de tales a través de leyes especiales (art. 4º), no sin antes declarar que las minas, ya concedidas a particulares serían consideradas servicios públicos, mediando las pertinentes compensaciones (art. 3º). Cabe acotar que los desvelos del diputado Uriburu Gómez, estaban fundados. El "diputado" pertenecía al partido de la oligarquía salteña, presidido por Robustiano Patrón Costas. Detrás de ambos, estaban los intereses de la compañía imperialista yanqui Standard Oil, actual Exxon. Entre 1918 y 1924, la legislatura salteña aprobó la concesión de 241.000 has. en beneficio de la empresa imperialista y contra la opinión de gobernador radical yrigoyenista Adolfo Guemes y de su sucesor Corbalán. Solo la intervención del PEN, a cargo de Marcelo T. de Alvear y del entonces Cnel. Enrique Mosconi, frustró en 1924 la maniobra imperialista, al crearse YPF (1922) y restringiendo severamente la actividad exploratoria por parte de los particulares. El proyecto Moreno-Melo, es un antecedente directo de lo que luego sería -casi 20 años después-, el texto del art. 40º de la Constitución de 1949.

Los diputados pseudo-peronistas que votaron en 1994 la Constitución de dos (2) votos -los de Alfonsín y Menem-, fueron bastante olvidadizos. Se negaron a declarar soberana la Asamblea Constituyente y en segundo término, no restituyeron el imperio de la Constitución de 1949, ya que como peronistas no podían desconocer que la misma había sido "derogada" por los usurpadores, Aramburu y Rojas en abril de 1956 por un bando militar, mecanismo obviamente no previsto para su reforma.

El art. 40º, de la Constitución de 1949, establecía claramente que los yacimientos de hidrocarburos y de otros elementos naturales, así como los saltos de agua, que estén debajo del subsuelo -lo que es extensible por analogía a la plataforma marina, de los 200 km paralelos a la costa argentina-, pertenecen en forma imprescriptible e inalienable al estado nacional, al igual que sus procesos de transformación. Las provincias serían compensadas a posteriori del proceso extractivo, mediante el pago de regalías, pero el artículo mencionado establecía que era la República, por medio del Estado Nacional, quién solo podía tomar a cargo todas las etapas del proceso. Aquel texto no era casual. Los diputados constituyentes del 49, al igual que el Gral. Perón -jefe de la Revolución Nacional-, no desconocían y ellos menos que nadie, que la explotación de los recursos del subsuelo -hidrocarburos y minerales- debido al orden de magnitud económico y técnico, solo la pueden efectuar solo o el imperialismo o el Estado Nacional. Las tareas a efectuar, en lo que hace a la puesta a punto del objeto extractivo, en materia de exploración, prospección, obras civiles, eléctricas, etc, así como las etapas posteriores de concentración, transporte, refinación y comercialización de los minerales o hidrocarburos, requieren de inversiones de largos períodos de amortización y de un tamaño gigantesco del capital, que escapa al común de los particulares nacionales y obviamente de los raquíticos presupuestos provinciales. Además de tales restricciones, está la capacidad para contratar el personal legal, técnico, operativo, económico y que solo la tienen, el capital imperialista o el Estado Nacional. Además aquel dispone de la información a escala mundial de precios y condiciones de explotación económica, de los contactos internacionales y del acceso directo a los mercados donde se comercializan los productos finales. Obviamente ninguna provincia, está en condiciones de encarar tales tareas y sus propios registros de actividades extractivas, están a cargo de empleados públicos con remuneraciones de hambre y por lo tanto, fácilmente sobornables. El Estado Nacional si está en condiciones de asumir riesgos económicos y mineros que las provincias no pueden efectuar, ya que cuenta con la capacidad contributiva, técnica, de recursos humanos entrenados, experiencia y ahorro proveniente del Sector Público, que equipara al capital imperialista en ese tipo de tareas. Eso mismo fué lo que hizo la Revolución Nacional -en el caso de las empresas públicas-,  y en un proceso de Liberación Nacional, al crear y desarrollar en el tiempo a YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, los FFCC del Estado, Hidronor, Aerolíneas Argentinas, ELMA, HIPASAM, Fabricaciones Militares, la CONEA, etc, etc, etc, las que pudieron erigirse con el Ahorro Interno, proveniente de los impuestos pagados por todos los argentinos y sin requerirse del Crédito Externo, ni de préstamos condicionados o no, provenientes de gobiernos o bancos extranjeros o de organismos financieros internacionales. Estos es lo que la prensa pro-imperialista -LA NACION, Clarín, etc, etc, etc- y los políticos partidocráticos, totalmente de rodillas frente al capital imperialista, ocultan. Cualquier otra consideración acerca de la propiedad provincial del subsuelo, es de un "federalismo" absolutamente manejable por las empresas imperialistas, tal como ocurre hoy día en Catamarca, Santa Cruz, Salta, etc. El federalismo posible hoy día, es aquel que repose en el restablecimiento inmediato de la Constitución de 1949 y de su art. 40º y en la derogación de todos aquellos artículos de las constituciones provinciales, que se opongan, parcial o totalmente a aquel. Corresponde acotar que bajo el Peronismo, entre 1946 y 1955, el federalismo revivió y las provincias, -sin perjuicio de que muchos provincianos fueron a poblar las barriadas industriales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y las grandes ciudades argentinas, base del proletariado industrial-, revirtieron el proceso de despoblación que históricamente carcomió a las mismas, en razón de la política mitrista de favorecer al Litoral. Pero había una Revolución Nacional en marcha y de eso es lo que se trataba.

 Al igual que en 1917 con el debate en la Cámara de Diputados, el capital imperialista -que es un poder mundial, sí pero en crisis mortal-, requiere de poderes políticos nativos atomizados y fácilmente manipulables, como son los ejecutivos y legislativos provinciales. Por eso, por medio de la prensa del sistema, publicita el latiguillo de la provincialización de los recursos naturales, que es un canto de sirena emitido por el capital imperialista y que los vendepatria como Menem, Kirchner y los políticos partidocráticos ejecutan con constituciones 1994, provinciales y leyes que refuercen a aquellas. Lo que el imperialismo no quiere ni está dispuesto a aceptar, es un Estado Nacional fuerte en un país débil, porque ese es el principio del fortalecimiento del propio país. Por eso desde 1955, el sistema de la Dependencia -con dictaduras o democracias coloniales-, pugnó por erradicar de la memoria de los argentinos al Art. 40º.

El otro elemento que subyace en la "provincialización" de los recursos, es la posibilidad de la secesión territorial y que es un elemento que las burguesías imperialistas y sus aliados nativos -como la oligarquía chilena, por ej.-, desde siempre han utilizado. Históricamente la política balcanizadora, fue un ejercicio practicado por el Foreign Office, el Departamento de Estado y las cancillerías europeas. Podríamos recordar la pérdida de la salida al mar en 1879, de la República de Bolivia, de las provincias de Arica y Antofagasta, luego de las guerras del salitre y del guano. En el caso de México, en dos guerras perdieron a manos de los EEUU, California, Tejas, Nuevo Méjico, Arizona, Colorado, equivalentes en superficie al actual estado, o dicho en otras palabras le robaron el 50% de su territorio. En el caso de Colombia, en 1903 y para construir el Canal de Panamá, el imperialismo yanqui le arrebató a aquella república la provincia norte, llamada Panamá y fagocitó un golpe de estado separatista con elementos "provinciales", que también querían "independizarse" de la "dictadura" colombiana para adquirir la "democracia" de los rubios del norte. Más recientemente, la balcanización de la República Socialista Federativa Yugoeslava, por obra de los bombardeos de la OTAN, detrás de los cuales estaba el poder económico y político de las burguesías imperialistas alemana, inglesa, norteamericana y la mafia de la cocaína (Kosovo). En la hermana República de Bolivia, la burguesía liberal agrarista de Santa Cruz de la Sierra, Beni y Tarija, se opone a la Revolución Nacional Boliviana, que encabeza el Presidente Evo Morales, se opone a la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos y a la Convención Reformadora que integraría a las mayorías originarias, aymará y quechua y obviamente es secesionista. Detrás de la secesión está la pueril ingenuidad de esa burguesía blanca y racista de integrarse al Mercado Mundial, pero fundamentalmente el poder de las empresas petroleras afincadas en el Oriente Boliviano, tales  como Repsol-YPF (anglo-española), Total (del Estado Francés), Shell (inglesa), Petrobras (Brasil), TEXACO (EEUU) y EXXON (EEUU). En nuestro país, el Gobernador de la Pcia. del Neuquén, Jorge Sobisch, muy solapadamente plantea lo mismo. Y la Patagonia, al igual que algunas provincias del NE como Corrientes, están siendo extranjerizadas desde hace una década, por compradores europeos y norteamericanos, con la absoluta pasividad de los gobernantes de los Estados Nacional y provinciales.

Solo la reacción nacionalista del Pueblo Argentino, encabezado por su clase obrera y los sectores nacionalistas de las FFAA, podrá revertir este proceso. El primer paso de la Liberación Nacional y Social de la Argentina, es decir no a la provincialización imperialista del subsuelo, desconocer todo lo actuado por el Proceso -tanto en la etapa de la dictadura colonial, como en la actual de democracia colonial-, recuperar el patrimonio usurpado y saqueado y restablecer el imperio de la Constitución de 1949.

[1] El conducto, cuya obra civil y montaje fue ejecutado por la empresa imperialista Pan American Energy -subsidiaria de British Petroleum (o sea el Almirantazgo inglés) y AMOCO (American Motor Oil Company), abastecerá con gas argentino la zona sur de la República de Chile. Ambas firmas forman parte de la Siete Hermanas petroleras y que están detrás de la política genocida del Presidente Bush (h) en Irak. Simultáneamente, nuestro país está al borde de una inmensa crisis energética debido a la extracción indiscriminada de los hidrocarburos efectuada por las empresas imperialistas y se ve obligado a importar gas de la República de Bolivia. Tanto la importadora del gas boliviano con destino a la Argentina, como la exportadora de gas argentino a Chile en seis (6) gasoductos, casualmente es la misma empresa o sea Repsol-YPF. Por supuesto que las maniobras oligopólicas que efectúa Repsol con los precios de importación y de exportación, agrandan sus ganancias y perjudican a los consumidores argentinos y chilenos, con la complicidad de los gobiernos de uno y otro lado de la cordillera. Resulta irónico pensar que mientras las reservas gasíferas del país cayeron -desde las privatizaciones- de 40 a 13 años -consecuencia lógica de la criminal política de las empresas petroleras-, las ganancias del pool español-inglés-norteamericano, crecieron sideralmente. Esta es solo una de las consecuencias de las llamadas privatizaciones -o sea extranjerizaciones- de YPF y Gas del Estado que encaró en el 90 el menemismo, con el descarado apoyo de los diputados kirchneristas.

[2] Hace pocos días el Gobierno y la Legislatura de la Provincia del Chubut, entregaron en concesión por cuarenta (40) años y diez (10) años antes del vencimiento de la concesión actual, el mismo yacimiento petrolero de Cerro Dragón a Pan American Energy (PAE), pese a los avisos expresos que le efectuaran denunciantes como el ex Dip. Nac. Mario Cafiero, con respecto a la pérdida de soberanía sobre dichas tierras y de las miserables regalías que percibiría la pcia. El único concepto a endilgarles a gobernador y diputados provinciales, es el de Traidores a la Patria.

[3] La línea es la misma que se aplica a la minería metalífera regida por la Ley 24.196.