En el número de diciembre pasado la revista Ciencias Sociales, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, incluyó una nota firmada por Christian Castillo bajo el título “Burguesía, clase obrera y cuestión nacional”. En uno de sus párrafos la nota hace referencia a la izquierda nacional en estos términos: “En el caso de la llamada ‘izquierda nacional’, que tuvo entre sus principales inspiradores a Jorge Abelardo Ramos JAR. (que terminó como embajador de Menem en México) y a Jorge Enea Spilimbergo, el reconocimiento de la importancia de la cuestión nacional los llevó a una variante de la política de la ‘revolución por etapas’, expresada en la estrategia del Frente Nacional y el abandono de la lucha por la independencia política de la clase obrera”. La afirmación es singular. En ninguno de los documentos programáticos, declaraciones o artículos periodísticos que han definido las posiciones fundantes de la izquierda nacional a partir de octubre de 1945, hay proposición alguna que permita formular semejante juicio. Tampoco se encuentra nada parecido en las posiciones del PSIN (Partido Socialista de la Izquierda Nacional) fundado a comienzo de los 60’, o del FIP (Frente de Izquierda Popular), organizado en los primeros años de la década siguiente. En la página www.izquierdanacional.org editada por el grupo Socialismo Latinoamericano figura buena parte de esos documentos definitorios de la posición política y programática que cuestiona Castillo sin aportar la más mínima referencia que avalen su juicio.

En consecuencia, al menos dos interrogantes quedan abiertos. ¿En qué se basa Castillo para sostener que la concepción estratégica de la izquierda nacional constituye una variante de la teoría de la “revolución por etapas”; variante que significa el abandono de la lucha por la independencia política de la clase obrera? ¿Qué consistencia tiene la posición política de alguien que para descalificar las posiciones de otra corriente incurre en una tergiversación tan grosera?

La izquierda nacional desde sus orígenes en 1945 a través del periódico Frente Obrero y de la revista Política y posteriormente en las tesis Clase Obrera y Poder (aprobadas por el II Congreso del PSIN en 1964), ha sostenido que en los países atrasados y dependientes las tareas nacionales, democráticas, agrarias y antiimperialistas constituyen el cauce necesario a través del cual el proletariado organiza sus fuerzas, disputa la dirección del frente de clases que enfrenta a la oligarquía nativa y al capital extranjero, y motoriza la radicalización de la lucha de las grandes masas impulsando medidas de corte socialista que confieren a la revolución un carácter ininterrumpido. Nada más alejado que la idea de un proceso dividido en dos etapas: una democrático-burguesa y otra, a la finalización de la primera, socialista, tal como ha sostenido durante décadas el stalinismo. 

Al parecer Castillo, y con él toda la izquierda y ultraizquierdista cosmopolita, cree que caracterizar a ese frente de clases como un Frente Nacional, es ceder a la burguesía la conducción y fijar un límite a la lucha de los trabajadores y las masas explotadas, instaurando durante todo un período la garantía de que las relaciones sociales fundamentales se mantendrán intactas.

Esto no tiene ningún fundamento en relación al planteo de la izquierda nacional. Una y otra vez la historia de los países semicoloniales ha demostrado que las burguesías nacionales no están dispuestas a hacerse cargo de las tareas que encierran cierto grado de conflicto con el bloque de terratenientes, el gran capital comercial y financiero y las corporaciones extranjeras. Por lo general, los programas nacional burgueses han encontrado un curso de ejecución a través del Estado, como instrumento de una solución de corte bonapartista, apoyada en la oficialidad nacionalista de las Fuerzas Armadas, la burocracia estatal y los sindicatos. 

Es ilustrativa de estas particulares coyunturas históricas la experiencia del cardenismo en México de los años 30’ y del peronismo de las décadas del 40’ y del 50’. Basta tener presente el apoyo que dio Trotsky a la política de nacionalizaciones del gobierno de Cárdenas, el reconocimiento del carácter progresivo de tal régimen y el rompimiento con los trotskistas locales incapaces de distinguir entre una política basada en el nacionalismo democrático de un país semicolonial y los intereses de la gran propiedad terrateniente y el capital extranjero, para comprender la posición que debe adoptar el socialismo revolucionario frente a tales regímenes. Otro tanto puede decirse de los gobiernos de Perón, fijados en los límites de un capitalismo nacional que dejó intactos los fundamentos materiales del poder social de la oligarquía, pero favoreció los intereses de un bloque de carácter nacional, en el que estaba incluido como fuerza central el proletariado, y adoptó medidas de nacionalismo económico que terminaron de poner fin al antiguo patrón de acumulación de la Argentina agroexportadora.

Quienes en un país atrasado y dependiente estén embarcados en la lucha por el socialismo deben apoyar a tales gobiernos en el enfrentamiento con los círculos tradicionales del poder, impulsar medidas que profundicen el enfrentamiento y mantener una estricta delimitación programática, política y organizativa. Trotsky ha insistido una y otra vez, con toda razón, sobre este último aspecto. Sin embargo para ciertos trotskistas este reclamo de independencia de clase y partidaria se ha convertido en una suerte de antiburguesismo abstracto, que los transforma en fuerzas auxiliares del campo de la reacción. Al ejemplo de los trotskistas mexicanos citado anteriormente, se podría agregar perfectamente el de los trotskistas argentinos en relación a la posición adoptada frente a los gobiernos de Perón.

En otro de los pasajes de su nota Castillo reprocha que “más allá de las invocaciones al rol central de la clase obrera en el proceso de liberación nacional, los programas políticos sostenidos por el izquierda peronista siempre mantuvieron el planteo de establecer una alianza policlasista con los empresarios nacionales y antimonopólicos, aun luego de la ruptura de Montoneros con el gobierno de Isabel y del pase a la clandestinidad; o, tiempo antes, en el programa de la CGT de los Argentinos del 1º de Mayo de 1968.

“En este sentido, el planteo de Montoneros entronca con una de las formas en que se planteó el tema desde la izquierda, donde la ‘liberación nacional’ era concebida como una etapa anterior a la conquista del poder por parte de los trabajadores”.

De la cita anterior se desprenden dos afirmaciones erróneas de importantes consecuencias: (1) quien sostenga el rol central de la clase obrera en el proceso de liberación nacional y, al mismo tiempo, la necesidad de una alianza policlasista con empresarios nacionales y antimonopólicos, incurre en una contradicción; (2) una política que se oriente en el sentido de tal alianza policlasista cae dentro de la órbita de la teoría de la “revolución por etapas”.

Al contrario de las afirmaciones anteriores, el proletariado en un país semicolonial, atrasado y dependiente, debe luchar por organizar y dirigir un gran Frente Nacional que incluya a todos los oprimidos y a las clases no proletarias que sufran la explotación del capital monopólico local y extranjero, vale decir, a la pequeña burguesía empobrecida y a las capas bajas de la burguesía nacional. El error decisivo de Montoneros no residió en propugnar tal alianza, sino en caracterizar falsamente la naturaleza de clase de la conducción peronista, en no haber mantenido la necesaria independencia política, ideológica y programática y, por fin, en haber terminado cayendo en una política de provocaciones que favoreció las maniobras de la contrarrevolución en curso.

Pero el error de quienes sostienen las posiciones que expresa Castillo es igualmente significativo. Fuera de ese Frente Nacional (alianza policlasista) el proletariado está condenado al aislamiento. Los trabajadores deben conquistar una posición políticamente autónoma, organizar su partido y sostener sus demandas de clase. Sin embargo, el tránsito de una fase corporativa a una fase de hegemonía, vale decir el proceso que convierte a la clase trabajadora en representante del interés general, no se realiza al margen de la construcción en el plano de la teoría y de la práctica del programa que representa los intereses del bloque social integrado por todas las clases y capas sociales objetivamente enfrentadas al dominio del capital imperialista y de sus socios nativos.