A cinco años de la promulgación del Decreto Supremo Nº 28701 de 1 de mayo de 2006, y a cuatro y medio de la firma de los contratos petroleros del 28/29 de octubre de 2006, vuelve a develarse la crítica, cada vez más extendida, de diversos sectores en torno a los avances y posteriores retrocesos en la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Que cambió? Para el ministro de la nacionalización, Andrés Soliz Rada, el decreto supremo sentó las bases de la nacionalización, pero ésta fue abandonada por el Gobierno que incumplió las estipulaciones de esa norma cuando firmó los contratos petroleros con las mismas transnacionales, sin antes haber esperado los resultados de las auditorías petroleras que hizo su despacho y que develaron fraudes contables e incumplimiento en compromisos de inversión, entre otras irregularidades.

Soliz hizo hincapié, en varias notas de opinión publicadas en meses y años pasados, que la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tampoco se cumplió, constituyéndose en otro de los factores para que fracase la aplicación del decreto nacionalizador.

En suma, a cinco años del decreto nacionalizador, las mismas petroleras transancionales que explotaban los recursos hidrocarburíferos en los gobiernos anteriores siguen hoy con la misma tarea, sólo que con contratos cuyas cláusulas, según varios analistas, les son ahora mucho más beneficiosas. Respecto a la industrialización, el propio Gobierno ha reconocido que hasta ahora no se ha industrializado ni una sola molécula de gas.
Por el contrario, con la firma del Adendum Nº 4 entre YPFB y Petrobras, respecto del contrato de exportación al Brasil, es ese país el que se prepara para industrializar los licuables que van incorporados al gas que Bolivia exporta, construyendo plantas de úrea cerca a la frontera con Bolivia.

En el caso de Tarija, pese a ser el departamento que produce más del 80% de la energía hidrocarburífera, en los cinco años pasados no ha logrado influir decisivamente en la definición de políticas energéticas ni de impulso a la industrialización. Ni uno solo de los presidentes de YPFB ha sido tarijeño y menos aún una autoridad nacional del sector, hecho que ha sido anotado por varios analistas.

Curiosamente, pese a las ventajosas condiciones imperantes ahora para las transnacionales, persisten voces de otros analistas que arguyen que éstas requieren más ventajas para invertir en el rubro petrolero y sólo ven el futuro de la industria ligada a inversiones extranjeras.

Respecto de la industrialización, dicen que ésta sólo será viable si se exporta más gas, pero no se refieren al hecho de que con los actuales 30 millones de metros cúbicos diarios que se exportan al Brasil, es Petrobras el que está instalando plantas de industrialización del gas boliviano. ¿Cuánto más tiene, supuestamente, que exportar Bolivia para hacer viable la industrialización?, se les pregunta, pero no existe respuesta técnica a la indagación.

Los expertos Justo Zapata Quiroz y Saúl Escalera desmienten categóricamente a los analistas que condicionan el futuro de la industrialización del gas a más exportación. Escalera detalló 12 proyectos que se elaboraron en la Gerencia de Industrialización de YPFB, los cuales fueron considerados factibles con los actuales niveles de producción de gas.

Zapata, por su lado, cifró entre 300 y 500 millones de dólares anuales el valor de los licuables del gas, que son la materia prima para la industrialización, que se van al Brasil, país que sólo paga por ellos un promedio de 100 millones de dólares al año desde 2008. Entre 1999 y 2007, esos licuables los aprovechó gratuitamente.
El País consultó al ejecutivo del sector privado sobre energía e industria de hidrocarburos, Boris Gómez Úzqueda, acerca del impacto de los cinco años de la política estatal de “nacionalización”, decretada el primero de mayo de 2006.

El País (EP).- ¿Funciona la “nacionalización de hidrocarburos”?

Boris Gómez Úzqueda (BGU).- La principal oferta política de esta administración estatal fue la “nacionalización” e industrialización de hidrocarburos. Ambos discursos no han despegado del papel y no se han concretado en los hechos, deteriorando aún más las inversiones privadas de compañías multinacionales en el país, reduciendo la producción interna de gas y líquidos y excluyendo a Bolivia de nuevos grupos de mercados demandantes de productos derivados de materia prima.

El propio impulsor de esa política de nacionalizaciones, el entonces ministro de Hidrocarburos (en 2006) Andrés Soliz Rada, declaró posteriormente que la misma fue un fracaso.

EP.- ¿Cómo califica a la nacionalización e industrialización?

BGU.- Es lamentable, porque no se dio importancia ni prioridad a la vocación productiva principal que tiene Bolivia, que no es la minería ni la agricultura sino la industria del valor agregado de la energía, basada en derivados de gas natural.
En el quinquenio no fueron consolidados proyectos de ingeniería financiera ni logística especializada para monetizar reservas de gas ni fueron abiertos nuevos mercados.
Lo más grave es que la actual administración estatal, teniendo mayoría legislativa y un amplio apoyo electoral, no logró debatir ni sancionar una “ley madre” para el desarrollo boliviano: la Ley de Hidrocarburos y Energía. De manera que esa legislación fundamental no fue priorizada.

Sus desaciertos permanentes los obligaron a subir el precio de combustibles en diciembre 2010 y sostener esa medida por menos de una semana. La impericia de los administradores de la “nacionalización” fue tal que cambiaron más de cinco ministros e igual número de ejecutivos de la estatal energética boliviana.

Se nota una “cercanía” a fallidos modelos energéticos como Venezuela que a modelos exitosos de negocios energéticos como desarrollan Qatar o Emiratos Árabes Unidos.

EP.- ¿Hubo mayor inversión privada en el sector hidrocarburos?

BGU.- Los datos públicos administrados por instituciones públicas y expertos economistas corroboran que la “nacionalización” propició LA caída de inversión en exploración, producción y desarrollo de reservorios.

La ausencia de inversiones se demuestra en menos pozos perforados y menos explotación, además de problemas de refinado y abastecimiento hay desequilibrios en la oferta/demanda de gas y electricidad.

EP.- ¿Tomó acciones para sugerir al Gobierno la corrección de la nacionalización?

BGU.- Se insistió desde 2006 en: la deliberación de una nueva Ley de Hidrocarburos, el diseño de las líneas maestras de una política pública en hidrocarburos, contenida en una Nueva Política Energética (NPE) y que el Presidente convoque a un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos que, desde los sectores privado, académico y especializado, coadyuve en la definición de esa NPE.

Los hidrocarburos industrializados serán el “producto estrella” boliviano de exportación: a partir de darle valor agregado al gas en electricidad, plásticos, nuevos combustibles (como diesel y dimetil éter a partir de transformación del gas en procesos GTL), metanol, úrea, sales y fertilizantes, y toda la gama de petroquímica a partir del metano.

Al no haber desarrollado convenientemente el sector energético se notó un “efecto cadena” afectando la industria, el sector agrícola y minero cuyas actividades están indisolublemente ligados a los hidrocarburos: necesitan electricidad, gas y combustibles accesibles o a precio reducido para ser competitivos que se lograrían produciendo valor agregado al gas.

Una debacle del sector hidrocarburos redundará en caída de ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías para las gobernaciones, municipios, universidades y para el mismo Gobierno, con impacto negativo en proyectos de inversión social e infraestructura golpeando al ciudadano directamente por la reducción de fuentes de empleo.

EP.- ¿Por qué es importante una nueva ley?

BGU.- La reflexión es que no se puede avanzar sin tener una legislación clara, moderna, transparente y que busque inversores y mercados.

La importancia, de aquí a futuro, es consolidar una nueva ley y alianzas del Estado boliviano con compañías privadas multinacionales en financiar exploración de nuevos territorios; certificar comercialidad de nuevos reservorios, desarrollar inversiones en perforación y explotación, buscar y consolidar otros mercados con construcción de nueva infraestructura como refinerías y gasoductos, y lograr procesos iniciales de industrializar el gas, porque todo esto requiere ambientes de certidumbre y plena legalidad.

EP.- ¿Es necesaria la reconfiguración del escenario político energético con participación de la sociedad?

BGU.- En un momento tan difícil sería importante que el Presidente convoque a un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos en donde todos los sectores privados, sociales y académicos diseñen una propuesta de política energética con su respectiva legislación para volver a abrir el país a la inversión internacional y al desarrollo contra la pobreza.

Sería importante que nunca más se desperdicie entornos económico-energéticos favorables, como cuando el contexto internacional era altamente favorable en negocios energéticos dada la crisis de electricidad, gas y combustibles, y que no se han aprovechado cuando el barril de petróleo estaba encima de 120 dólares, precio del West Texas International (WTI).

Por ello es que países como Chile tienen proyectos LNG funcionando, cabalmente porque en Bolivia la nacionalización no estructuró una política capaz de atraer inversiones y posicionar la venta de productos de valor agregado.

EP.- ¿Se ratifica en que se debe utilizar las RIN en proyectos de hidrocarburos?

BGU.- Es importante que se movilicen hasta seis mil millones de dólares de las RIN (Reservas Internacionales Netas) en echar a caminar toda la cadena energética, incluyendo procesos de industrialización a escala del gas natural. Ese dinero, obviamente, no puede ser dirigido a empresas estatales improductivas o a experimentos, sino todo a captar mayores capitales en procesos de industrialización a escala de gas natural. Podríamos, con esfuerzo y decisión política, retornar a los fueros de la racionalidad y concertar una NPE para Bolivia.

EP.- ¿Cual el rol de Tarija en el proceso de industrialización?

BGU.- Siempre hemos dicho que Tarija tiene el rol central en la definición de políticas y en la ejecución de proyectos energéticos. Lo estuvimos diciendo desde siempre y es oportuno que la Gobernación y la Asamblea Departamental propongan al parlamento boliviano un proyecto de ley de hidrocarburos de manera inmediata y como aporte efectivo de la región a dilucidar de una buena vez el tema hidrocarburos.

Bolivia está perdiendo la oportunidad de industrializar el gas
SAÚL ESCALERA (*)

Después de nuestra experiencia frustrada por hacer realidad las plantas de urea en Carrasco, Puerto Suarez y Villa Montes en beneficio del país, qué ironía que ahora aparezca el Gobernador Anastasia del Estado de Minas Gerais que junto a su presidente Dilma Rousseff, deciden construir plantas de úrea en Uberaba, utilizando el gas natural boliviano.

Si nuestros proyectos hubieran sido aprobados por los ejecutivos de turno de YPFB en su debido tiempo, este año 2011 estaríamos comenzando a producir y exportar urea y amoniaco al Brasil. Y posteriormente, cuando se crea la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) en septiembre del 2010, le comunicamos a la Ing. Ayala, Gerente General de la empresa que existían tres estudios de factibilidadad para plantas de urea, sin ninguna respuesta hasta la fecha.

¿Dónde hemos fallado? Los técnicos bolivianos le pusimos el hombro al país, desarrollando los estudios de factibilidad en su debida oportunidad y haciendo que las plantas de urea mencionadas sean los proyectos estrella de la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB. En realidad la falla siempre ha radicado en los ejecutivos de turno de YPFB, EBIH y del Ministerio de Energía e Hidrocarburos durante el periodo 2007 al 2010.

En efecto, hasta hoy no logramos comprender por qué dichas autoridades no consideraron importante lo que durante 4 años los técnicos de la GNI veíamos e insistíamos para ingresar en el negocio de urea y amoniaco del Brasil.

Sólo podemos decir vehementemente: !hemos perdido la oportunidad de exportar urea al Brasil!; por la negligencia de ciertos ejecutivos del MEH y YPFB, y porque el Brasil, con todo el poder y músculo económico que tiene actualmente, construirá sus plantas en el menor tiempo posible y será autosuficiente en fertilizantes a partir del 2014, en base al gas natural boliviano, convirtiendo a Bolivia, una vez más, en simple exportador de materia prima.

(*) Fragmento del trabajo titulado Planta de Urea en Brasil - Oportunidad perdida para Bolivia, de 3 de febrero de 2011.

El Dr. Escalera es Ph.D. en Ingeniería Química del New Mexico Tech, de USA. Fue Gerente de la GNI en YPFB.