En mayo de 2011 se firmó el Acuerdo del Pacífico en Lima articulando una zona de libre comercio y protección de inversiones bajo la influencia estadounidense. Los suscriptores del Acuerdo de Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), a los que presumiblemente se sumarán Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y posiblemente, República Dominicana, dejan descolocada a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y ponen un límite al liderazgo de Brasil en la región.
Washington quiere a toda costa recuperar el control de América Latina, seriamente golpeado en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, cuando concluyeron definitivamente las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estados Unidos se había asegurado el voto positivo de 21 de los 34 países invitados a suscribir el ALCA en Mar del Plata, pero Brasil, Argentina y Venezuela argumentaron que no se podía ignorar el 75% del PBI de la región que ellos representaban.
George W. Bush se marchó de la Argentina y millones de personas en el continente celebraron la muerte del ALCA. El Mercosur quedó con posibilidades de construir junto con la Comunidad Andina de Naciones la integración comercial de América del Sur y entonces la Unasur tomó fuerza como espacio de integración política.
Muchos analistas señalaron que el ALCA volvería y que el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos insistía en anudar con países con los que tenía poca relación comercial en la zona andina era un indicio de que los objetivos estratégicos estadounidenses no se abandonarían. Perú no sólo suscribió un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sino que comenzó otras negociaciones, firmando más de 6 Tratados de Libre Comercio con países de otros continentes. La integración sudamericana no llegaba a completarse. Perú sigue siendo un eje fundamental para la articulación de este nuevo ALCA encubierto, ya que a instancias de Alan García se impulsó el Acuerdo del Pacífico, preparatorio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífico (TPP) integrado por nueve países de América, Asia y Oceanía. Este gran acuerdo de protección de inversiones y libre comercio se da en el marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), donde se denominó el Arco del Pacífico. El reciente acuerdo del Pacífico pretende conectar a parte de la Comunidad Andina (Chile, Perú, Colombia) con Centroamérica y Estados Unidos, uniendo casi toda la costa americana, desde Alaska hasta la Patagonia chilena, en una integración al mejor estilo del ALCA.  
Una Sudamérica estadounidense en el Pacífico, otra Sudamérica brasileña en el Atlántico 
Los cuatro suscriptores del Acuerdo del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), más los seis países que firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), representan un área comercial y de inversiones controlada por Washington. En momentos en que América del Sur emerge a nivel global como una región de avanzada que propone una nueva arquitectura financiera internacional con el Banco del Sur, la coordinación de sus bancos centrales, la libre circulación de sus ciudadanos, y Brasil surge como una potencia mundial con presencia en los grandes foros dando un gran sostén a la Unasur, Estados Unidos opera con sus gobiernos aliados en Chile, Colombia, México y Perú para frenar la integración sudamericana. Este acuerdo permite a Washington dividir a América del Sur en dos costas, la del Pacífico, liderada por Estados Unidos, y la del Atlántico, liderada por Brasil
Pero Estados Unidos pretende más y no abandona la costa atlántica. El día 22 de enero se difundió en los Países Bajos una información, para nada nueva, que daba cuenta del hecho que Dési Bouterse, ahora presidente de Surinam, mantuvo lazos con el narcotráfico hasta el año 2006. Llamativamente en la misma información se afirmaba que el principal socio del ahora presidente de Surinam en las actividades del crimen organizado era el narcotraficante guyanés Roger Khan.
A comienzos del mes de marzo de 2011 el informe 2010 de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de las Naciones Unidas menciona muy negativamente a Surinam como país de narcotráfico. A pesar de que este informe de las Naciones Unidas valora muy positivamente el rol de Guyana en la lucha contra el narcotráfico y en las políticas de cooperación con las instancias supranacionales de control, el informe del Departamento de Estado, a través de su International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), manifestó que los esfuerzos de Guyana eran “modestos”.
Ambos informes, el de la JIFE y el INCSR se emitieron prácticamente en la misma fecha, uno el 7 de marzo y el otro el 4 de marzo, respectivamente.
El gobierno guyanés, a través de su ministro de Asuntos Internos, Clement Rohee, calificó de "inexacto y falso" el reporte del Departamento de Estado de EEUU, ya que Estados Unidos no ha considerado los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo denunció el desinterés estadounidense y la “escasa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.
Mientras tanto en el escenario regional ambos países están desarrollando denodados esfuerzos por estrechar los lazos de vinculación regional en un amplio espectro de actividades y rangos económicos. Estos vínculos se establecen primariamente con Brasil y Venezuela, líderes del proceso de integración sudamericano, que al mismo tiempo demuestran interés institucional en sostener estas políticas.
Aunque no se ha mencionado en este informe, la multiplicidad de proyectos de intercomunicación vial, informática, económica, judicial y policial expresa la voluntad de los países involucrados en construir una infraestructura de integración que resista tanto el paso del tiempo como los cambios de gobierno en la región. La presidencia pro témpore de la Unasur, en manos del mandatario de Guyana, Bharrat Jagdeo, es el motor de todos estos proyectos.
En este contexto de elogiable actividad integradora la política exterior de Estados Unidos manifiesta con claridad el rol disciplinador y hegemónico de la política de lucha contra el narcotráfico. Un ejemplo paradigmático de la utilización de esta política como parte de un proyecto de política exterior es la ambigua relación del Departamento de Estado con Costa Rica por un lado y con Nicaragua por el otro.
Mientras Costa Rica pierde su histórico status de desmilitarización y permite la presencia de 7.000 soldados estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico, los reclamos de Nicaragua para perseguir a diversas bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas en el interior del país, son desoídos. Y cuando una de esas bandas es perseguida hasta los manglares del Río San Juan, el ejército costarricense enarbola criterios de soberanía nacional y comienza una escalada.
Este modelo de regulación ambiental de geopolíticas binacionales que usa como argumento la lucha contra el narcotráfico parece estar dando sus primeros pasos en Guyana y Surinam. La presencia de tropas estadounidenses en la zona ya se ha establecido a partir de acuerdos de Surinam con Estados Unidos para la ayuda frente a catástrofes naturales.
El desempolvamiento de los viejos y conocidos vínculos mafiosos de Dési Bouterse en momentos en que Surinam hace serios compromisos de integración sudamericana y el menosprecio de los esfuerzos de Guyana en su lucha contra el narcotráfico privado en su país, son indicios de tácticas de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos frente a Brasil y Venezuela, utilizando como pretexto a dos pequeños países limítrofes.

Norberto Emmerich – Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)