¿Ministrada o cantinfleada? “Los proyectos de industrialización se irán desarrollando en la medida que se vayan encontrando nuevas reservas de gas en el país, previo análisis de pre-factibilidad”. Esas son palabras textuales del actual ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez. El célebre Cantinflas lo hubiese dicho más claro: En éste gobierno del MAS no habrá industrialización del gas y punto.

El vicepresidente Alvaro García Linera declaró el 8 de abril pasado lo siguiente en relación a las reservas probadas, probables y posibles de gas, cuyos retrasados datos se dieron a conocer esa misma fecha: “Lo que se puede garantizar es el abastecimiento del mercado interno, los procesos de industrialización del gas y su venta a los mercados externos que están garantizados en la siguiente década”.

¿A quien le creemos? ¿A Cantinflas, Gutiérrez o García Linera?

Pero Gutiérrez no sólo habló de la imposible industrialización del gas en el gobierno del MAS. También se refirió cambios en la ley de hidrocarburos. Dijo que se la mejorará para que favorezca a la rentabilidad de las empresas privadas (transnacionales), para que de esta manera tengan el interés de invertir en el país, bajo el contexto de mejorar la renta petrolera, “porque aquí tenemos que ver que no es cuestión de ley sino de participación”. Textual. 
Ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente García Linera han corregido, desmentido o desautorizado a Gutiérrez. Lo anterior ratifica en los hechos que el plan de gobierno  del MAS en relación a los hidrocarburos (nacionalización e industrialización) ya no va más.

En efecto, los contratos petroleros de octubre de 2006, aprobados por sendas leyes promulgadas en abril y mayo de 2007 por acuerdo casi unánime de las bancadas del MAS y la ex Podemos de Tuto Quiroga, dejaron sin efecto alguno la nacionalización de 1 de mayo de 2006 que elevó del 50% al 82% la participación del Estado en la renta petrolera. Los contratos citados volvieron a bajar esta participación a 50% o menos, que es el estado en el que quedaron con la Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005.

La industrialización básica del gas se encerró entre rejas junto al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez (enero de 2009), cuando se aplazó la construcción de la planta separadora de licuables de Río Grande y se firmó en diciembre de 2009 el Anexo 4 del contrato de exportación de gas al Brasil (GSA), que obliga a Bolivia a exportar gas rico en licuables, lo que permitió asegurar a Petrobras la materia prima suficiente para instalar ella una petroquimica en su territorio, que se alimentará con el energético boliviano.

La hipotética industrialización del gas tarijeño, en consecuencia, está sujeta, como lo dijo Gutiérrez, al descubrimiento de nuevas reservas y a que los burócratas de YPFB encuentren factible alguno de los ocho proyectos que la ex Gerencia de Industrialización preparó en los primeros años del gobierno del MAS, pero que fueron sistemática y convenientemente archivados.

El cambio de rumbo en la política energética también se prevé plasmarlo en la normativa sectorial. La actual Ley de Hidrocarburos, aprobada por el MAS el año 2005, cuando era oposición, parece perjudicial a los intereses de las transnacionales, que ya se beneficiaron con el ocultamiento de las auditorías petroleras realizadas entre 2006 y 2007. Gutiérrez está preocupado por la rentabilidad futura de estas empresas: “se irá trabajando para mejorar la Ley (de modo) que favorezca a la rentabilidad de las empresas privadas, para que de esta manera tengan el interés de invertir en el país, bajo el contexto de mejorar la renta petrolera, porque aquí tenemos que ver que no es cuestión de ley sino de participación”.

¿Habrá revisado Evo Morales los antecedentes profesionales de su ministro Gutiérrez? ¿Que opinarán al respecto los expertos en gas e industrialización de Tarija, departamento que ha esperado ya cinco años algún proyecto de industrialización?