“Son las políticas de EEUU las que han determinado que bandas de hombres armados y niños-soldado inflinjan indecibles horrores a mujeres y niñas”.

Los estadounidenses están enterándose de los resultados de un reciente estudio [*] sobre las violaciones masivas perpetradas en la República Democrática del Congo, aunque la mayoría no vincula ese horror con las políticas de su gobierno en África. Las violaciones masivas son sólo uno de los aspectos de un genocidio que se ha llevado ya seis millones de vidas en el Congo. Los títeres de EEUU han facilitado que se cumplan los objetivos de Washington para crear un caos que beneficia a las corporaciones multinacionales.
¿Cuál debería ser la respuesta humana adecuada ante ese nuevo estudio que estima que dos millones de mujeres han sido violadas en el Congo? La reacción natural es el horror, la indignación y exigir que alguien haga algo. Pero uno no puede hacer nada eficaz a menos que comprenda por qué está perpetrándose, especialmente en ese país, una atrocidad tal contra las mujeres y por qué a unos niveles tan horrendos.
Gran cantidad de medios de comunicación han recogido el estudio desde que el American Journal of Public Health anunció sus resultados la pasada semana. Sospecho que la reacción de la mayor parte del público estadounidense ha sido ésta: “¡Oh, esos africanos que son incapaces de comportarse como seres humanos civilizados!” Y a esos estadounidenses ni si les ocurre ponerse a pensar que es su propio país el principal autor de los crímenes que han convertido zonas de la RDC en un lugar infernal para las mujeres y las niñas. Estados Unidos es el principal responsable de un crimen aún mayor que el de las violaciones masivas en un solo aspecto: la muerte de seis millones de seres, la mayor pérdida de vidas habida en cualquier conflicto desde la II Guerra Mundial, y el segundo genocidio de congoleños en el espacio de un siglo.
El primer genocidio congoleño se produjo bajo la colonización belga y empezó en 1885. El Rey Leopoldo consiguió matar a casi la mitad de la población; hay quien estima que la cifra de muertos alcanzó los 20 millones. Y después llegó el turno de los estadounidenses. En 1961, EEUU tramó con los ex colonizadores belgas el asesinato del primer ministro congoleño elegido, Patricio Lumumba. Los estadounidenses instalaron después a Joseph Mobutu como hombre fuerte para salvaguardar los intereses de las multinacionales mineras y actuar como base estadounidense de las operaciones destinadas a socavar todos los movimientos de independencia que pudieran surgir por toda África.
Mobutu sirvió bien a los intereses estadounidenses y a tal efecto llegó a ayudar hasta aportando 4.000 millones de dólares del dinero del pueblo congoleño. Cuando Mobutu salió de escena en 1997, Washington puso en marcha lo que siempre ha sido su Plan B para África: allí donde no puede gobernar a través de un hombre fuerte designado, EEUU crea caos por doquier.
En 1998, Uganda y Ruanda, los estados clientelistas de EEUU en África, invadieron el este del Congo precipitando al país en la vorágine del segundo genocidio congoleño. EEUU, a través de sus títeres y de sus políticas de creación deliberada de situaciones de caos en beneficio de las corporaciones multinacionales, es cómplice de cada una de esas seis millones de muertes. Es la política estadounidense –no sólo la del pasado, también la del presente- la que ha promovido que bandas de hombres armados y niños-soldado inflinjan inenarrables horrores a mujeres y niñas.
¿Qué pueden hacer los estadounidenses para ayudar a las mujeres y niñas del Congo? Pueden exigir que Washington retire a sus apoderados en Ruanda y Uganda que no dejan de saquear el país en nombre de las corporaciones mineras. Pueden decirle a su gobierno que deje de interferir en los asuntos del Congo, para que un gobierno central democráticamente elegido pueda gravar con impuestos a las corporaciones y utilizar los ingresos para construir un estado que pueda proteger a su pueblo. Y todos esos estadounidenses que se han quedado espantados ante las violaciones padecidas por la RDC –de sus mujeres, de sus recursos y de su soberanía- deberían exigir a su gobierno que pague indemnizaciones, no ayuda, por todo lo que le ha robado a este país.
N. de la T.:
[*] Reseña del estudio referido de la American Journal of Public Health, donde se expone lo siguiente
(http://ajph.aphapublications.org/cgi/content/abstract/101/6/1060?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=Bredenkamp&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT):

“Estimaciones y determinantes de la violencia sexual contra las mujeres en la República Democrática del Congo:

Objetivos: Tratamos de aportar estimaciones basadas en los datos sobre violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC) y describir los factores de riesgo de tal violencia.

Métodos: Utilizamos los datos representativos de las encuestas realizadas por hogares con 3.436 mujeres, que ya habían tomado parte en la Investigación que sobre Sanidad y Demografía se realizó en la RDC en 2007, a las que seleccionó para que respondieran a los módulos sobre violencia doméstica a fin de poder evaluar los niveles de violencia sexual. Utilizamos una regresión logística multivariada para analizar los correlatos de violencia sexual.

Resultados: Aproximadamente entre 1,69 a 1,80 millones de mujeres manifestaron haber sufrido violaciones a lo largo de su vida (entre 407.397 y 433.785 mujeres informaron haber sido violadas a lo largo de los doce meses anteriores), y aproximadamente entre 3,07 y 3,37 millones de mujeres habían sufrido violencia sexual íntima por parte de sus compañeros. Los informes sobre violencia sexual eran en gran medida independientes de los factores individuales. Sin embargo, comparadas con las mujeres de Kinshasha, había más probabilidades de que las mujeres del Norte de Kivu estuvieran más dispuestas a informar de todas las violencias sexuales sufridas.

Conclusiones: No solo se ha generalizado la violencia sexual mucho más de lo que anteriormente se pensaba, sino que nuestros hallazgos sugieren que las futuras políticas y programas deberían centrarse en los abusos dentro de la familia y en tratar de eliminar la aceptación e impunidad extendidas por toda la nación en lo referente a la violencia sexual, poniéndose también en marcha todo tipo de esfuerzos para impedir que las milicias sigan cometiendo violaciones.