(Carta Maior-Sin Permiso).- Dilma Roussef ha dado en estas últimas semanas un espectacular giro a la derecha en su política económica: Anuncia la privatización de los principales aeropuertos del país y la derogación de la hoja de pago para la previsión social, conforme a una vieja reivindicación de la patronal, y su base parlamentaria aprueba cambios en el Código Forestal que favorecen al agronegocio y comprometen el futuro del medio ambiente.

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¿Qué país es éste? La paternidad de la frase es normalmente atribuida al antiguo dirigente del partido de gobierno en la época de la dictadura militar, el Arena, Francelino Pereira. En 1976, en la condición de líder del gobierno el general Geisel, lanzó la pregunta en un evento en San Pablo. El mote fue inmediatamente apropiado por la oposición a la dictadura y después terminó vuelto título de libro, de película y por ahí va. En realidad, refleja bien una mezcla de ira, indignación, sorpresa y hasta incluso la confesión de ignorancia con respecto a la esencia misma de nuestra forma de ser, de estar y de obrar.
Al final se trata de una formación social que nos sorprende a cada instante. Muchas veces, de manera positiva, presentando soluciones innovadoras y ofreciendo a sus ciudadanos y al resto del mundo aspectos que nos enorgullecen de la condición de nuestra brasilidad. Desgraciadamente, entre tanto, por otro lado no son pocas las situaciones en que los fenómenos de la dinámica política nos llenan de perplejidad e indignación.
Para quien haya estado un poco ausente del país en los últimos tiempos – poca cosa, no más de dos semanas – los hipotéticos titulares que siguen, serían una señal de grave modificación en la escena política brasileña. "El gobierno anuncia la derogación de la hoja de pago para la previsión social, conforme a una vieja reivindicación de la patronal". "Base parlamentaria del gobierno aprueba cambios en el Código Forestal que favorecen al agronegocio y comprometen el futuro del medio ambiente". "Ministro de la Casa Civil declara que la multiplicación por veinte de su patrimonio, es lícita, pues ocurrió cuando estaba fuera del gobierno". "Presidente anuncia privatización de los principales aeropuertos del país".
A ver, a ver, ¡déjame intentar entender mejor! ¿Quiere decir que un gobierno presidido por el Partido de los Trabajadores toma la iniciativa, motu proprio, de presentar al Congreso Nacional una medida para viabilizar esa antigua reivindicación de la patronal brasileña como la exoneración de la hoja de pagos como la fuente de financiamiento del sistema de la previsión social?
Además de esto, el gobierno presiona a las Centrales sindicales de su base parlamentaria para que acepten apoyar políticamente la medida, apenas con la promesa de que no habrá pérdida para las futuras generaciones de jubilados y pensionados. ¿Y se conforman con a mención de estudios que garantizan que una eventual alícuota del 2 por ciento, sobre un hipotético procedimiento de cálculo de la facturación de las empresas, dará cuenta de tales necesidades?
O sea, ¿esto significa que un modelo nacido hace más de 80 años y operando con algunas alteraciones a los largo de todo ese período va a sufrir semejante cambio estructural, como si fuese tan sólo una pequeña reforma en los jardines de un fondo de quintal? Un cambio hecho en ritmo de urgencia, sin ningún debate y solamente para agradar a los empresarios que adoran reclamar por sus altos costos, pero que no se disponen a discutir mecanismos de distribución de las ganancias. Un peligroso paso rumbo a lo desconocido, paradojalmente propuesto y apoyado por aquellos que sólo habrían de perder con el riesgo de esa iniciativa intempestiva.
Enseguida, los partidos de base del gobierno – incluyendo una parcela significativa del los diputados del PT – resuelven aliarse a los representantes de los sectores más conservadores del empresariado y del núcleo dirigente del agronegocio, para aprobar uno de los cambios más retrógrados para la política medioambiental de nuestro país. Todo eso como el resultado de un proceso que tiene su inicio hace un tiempo, con una iniciativa que todos imaginaban individual, aislada, de un diputado del PCdoB, Aldo Rebelo. Hace algunos meses, el ex presidente de la UNE, resolvió asumir la relatoría del Proyecto de Ley de modificación del Código Forestal. Con el desarrollo de las negociaciones, él sorprende a todos los observadores al iniciar una colaboración orgánica y altamente sintonizada con la senadora Katia Abreu.
Una sorprendente empatía política del parlamentario comunista con aquella que viene a ser nada más ni nada menos que la presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, la entidad que lucha por la defensa de los grandes negocios del campo y del llamado "agrobussines".
El proyecto de Ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de mayo pasado, es escandaloso en la protección de los que siempre violaron las leyes ambientales estableciendo mecanismos de amnistía y moratoria. Más que eso, el texto que aún debe ser discutido en el Senado, camina en contramano de todo lo que viene siendo hecho en Brasil durante los últimos años en términos de actualización de nuestra legislación y prácticas ambientales. Por atrás de la falsedad del discurso contra los "ambientalistas extranjeros, que quieren impedir a Brasil desarrollarse" y supuestamente contra las "propuestas de las ONGs extranjeras operando en nuestro territorio contra los intereses de nuestro pueblo", el proyecto abre todas las fronteras para profundizar todavía más las prácticas extractivistas y agrícolas que deterioran el medio ambiente, estimulan la tala descontrolada de las áreas de preservación y la foresta, para permitir la continuidad del ciclo de la desforestación/pecuaria extensiva/monocultura de la soja y de otras variedades del mismo género.
El desafío que se presenta para las fuerzas progresistas es el acometer la tarea (¡difícil, es importante admitirlo!) de construir un nuevo paradigma de desarrollo sustentable que incluya la posibilidad para Brasil de crecer económicamente, generar empleo, aumentar su renta y también preservar su patrimonio ambiental. Sin embargo, se cayó en la peligrosa trampa del camino más fácil. Gustaría saber lo que piensan los estudiantes universitarios, tan preocupados con el futuro del planeta y siempre ávidos por alternativas a ese modelo exhaustivo, al respecto del silencio de la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) frente a ese proceso tan cargado de irresponsabilidad política.
En el mismo período, sale la información de que el patrimonio del ministro Jefe de la Casa Civil se había multiplicado por veinte en un periodo de cuatro años, justamente cuando estaba apartado del Poder Ejecutivo y sólo ejercía su mandato de diputado federal por e Partido de los Trabajadores. A los pocos días, nuevas informaciones no desmentidas daban cuenta de que aquel, que tendría que actuar como representante de los obreros y asalariados en la Cámara de Diputados, había recibido por medio de su empresa de consultoría casi 10 millones de reales en apenas los dos meses que van de las elecciones de octubre pasado y su nominación como ministro, al comienzo de este año. Y lo más paradojal es que los argumentos se fundamentan en la historia de personajes que ocuparon cargos semejantes anteriores a él, la gran mayoría compuesta por empresarios, banqueros, poderosos cabilderos y representantes del capital financiero.
Para quien que ocupa el más importante cargo del gobierno de Dilma, el paso por los organismos de decisión del gobierno en el área de la economía "proporciona una experiencia única que da enorme valor (sic) a esos profesionales" y presenta enseguida una larga lista de banqueros tucanos para justificar su procedimiento. Como si fuese a decir que "si ellos así se comportaron, ¿por qué yo no podría también hacerlo?" Yo, aquí en mi profunda ingenuidad, me arriesgaría a decir que tal vez sea por cuestiones que tengan que ver con aspectos relevantes, tales como la noción de ética y la defensa de los intereses de las clases antagónicas… Incluso a título de comparación, con el actual salario mínimo de 545 reales, un trabajador brasileño demoraría exactamente 1.411 años, cinco meses y seis días de trabajo (considerando el aguinaldo inclusive) para ganar lo que el ministro recibió en apenas 60 días de consultoría.
Por último, la presidenta acaba de anunciar su intención de promover la privatización de algunos de los principales aeropuertos el país: Guarulhos (SP), Viracopos (SP) y Brasilia (DF). El argumento presentado es el de la urgencia para cumplir con el cronograma previsto para la Copa del Mundo de 2014, con la suposición implícita de que el sector privado tendría las condiciones para cumplir mejor tales plazos. A INFRAERO, empresa pública federal actualmente responsable por el funcionamiento de los aeropuertos, quedaría asociada al capital privado hasta el 49 por ciento de las acciones de las llamadas Sociedades de Propósito Específico (SPEs), que seria creadas para la gestión de los emprendimientos. Con esto, se repite la vieja fórmula de nuestro capitalismo tupiniquim, donde todo el poder de decisión de las ganancias queda en el sector privado, mientras el Estado está para ser llamado a socorrer financieramente, en caso de necesidad urgente.
El gobierno, que debería supuestamente actuar en defensa de los intereses de la mayoría de la población trabajadora, opta por implementar políticas púbicas contrarias a todo lo que sus integrantes siempre defendieron antes e la llegada al poder federal. Y lo más sorprendente, es que el gobierno pasa a poner en práctica medidas favorables a los grandes grupos económicos y financieros, que hace mucho tiempo presionaban por más apertura de esa ganga, para aumentar el horizonte de sus aplicaciones patrimoniales y la rentabilidad de sus negocios.
Aún conmovido por la perplejidad, yo incorporo las dudas de un hipotético estudiante de historia en un futuro y allá en el distante Uzbequistán. Dentro de medio sigo, en 2061, él estaría interesado en analizar y explicar el proceso político que vivió ese exquisito gigante de América del Sur, en ese cambio del milenio. Realmente, ¡un arduo desafío! Y retomo la pregunta del título: al final, ¿qué país es éste?
* Analista político brasileño y columnista habitual de Carta Maior. Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez.