
La atención de la opinión pública internacional está centrada en el
acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el
cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste
fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación,
alimentación) e infraestructura por 2.5 billones de dólares (2.500.000
millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el
nivel actual del gasto militar y su eventual expansión.
A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el
endeudamiento de Estados Unidos hasta 16.4 billones de dólares (es
decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos
billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia
de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la
languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada
a sangre y fuego en América Latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en
la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo lo único seguro
será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la
belicosidad norteamericana en el escenario mundial.
“Socialismo” para los ricos, mercado para los pobres
El debate sobre el posible default de EEUU eclipsó por completo un
escándalo financiero de inéditas proporciones: El 21 de Julio pasado se
conoció el resultado de la auditoría integral realizada por la Oficina
Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability
Office, GAO por su sigla en inglés) en la Reserva Federal (Fed), el
banco central de los Estados Unidos, la primera que se practica a dicha
institución desde que fuera creada en 1913.[1] Los resultados son
pasmosos: en un plazo de poco más de dos años y medio, entre el 1º de
Diciembre del 2007 y el 21 de Julio de 2010, la Fed otorgó préstamos
secretos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero por
valor de 16 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de los
Estados Unidos que en el año 2010 fue de 14.5 billones de dólares y más
elevada que la suma de los presupuestos del gobierno federal durante
los últimos cuatro años.
No sólo esto: la auditoría reveló también que 659 millones de dólares
fueron abonados a algunas de las instituciones financieras beneficiadas
arbitrariamente por este programa para que administrasen el
multimillonario salvataje de bancos y corporaciones dispuesto como
mecanismo de “salida” de la nueva crisis general del capitalismo. De
ese gigantesco total unos 3 billones fueron destinados a socorrer a
grandes empresas y entidades financieras en Europa y Asia. El resto fue
orientado al rescate de corporaciones estadounidenses, encabezadas por
el Citibank, el Morgan Stanley, Merrill Lynch y el Bank of America,
entre las más importantes. Todo esto mientras la crisis profundizaba
hasta niveles desconocidos la desigualdad económica dentro de la
población estadounidense a la vez que hundía a crecientes sectores
sociales en la pobreza y la vulnerabilidad social. Por supuesto, esta
información apenas si mereció un espacio completamente marginal en la
prensa financiera, tanto la internacional como la norteamericana, o en
los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Son noticias que,
como recuerda Noam Chomsky, no tienen por qué ser conocidas por el gran
público.
Las asombrosas revelaciones de este informe deberían habilitar una
discusión, sobre varios temas de gran importancia. Uno, la
extremadamente desigual distribución de los esfuerzos requeridos para
enfrentar la crisis. Hasta ahora aquellos han sido aportados por los
trabajadores, mientras que las grandes fortunas personales o
corporativas así como los fenomenales ingresos de los más ricos, se han
beneficiado con las rebajas de impuestos y rescates multimillonarios
dispuestos por George W. Bush y ratificados por Barack Obama en el
reciente acuerdo. Dos, sobre los inexistentes –o sumamente débiles e
ineficaces– mecanismos de auditoría y control democrático sobre las
políticas y decisiones de una institución crucial para la economía
norteamericana y el bienestar de su población como la Fed. Tres, sobre
la dudosa compatibilidad existente entre un orden que se autoproclama
democrático y el estatuto jurídico e institucional de la Fed como
entidad autónoma que no tiene la obligación de rendir cuentas ante
ninguna instancia de control democrático.
En relación a esto último la Fed manifestó su predisposición a
“considerar muy seriamente” las recomendaciones de la GAO, pero al no
ser una institución gubernamental no puede ser forzada a aceptarlas.
Pese a su carácter privado el Presidente (Chairman) de la Fed y los
siete miembros de su directorio son designados por el Presidente de los
Estados Unidos y sujetos a su posterior confirmación por el Senado.
Pero contrariamente a lo que piensa la abrumadora mayoría de la
población norteamericana la Fed no es una agencia del gobierno federal
sino una corporación privada. En términos políticos es el partido del
capital financiero. Su autonomía es tan grande que no se saldría un
milímetro de la legalidad si sus autoridades decidieran desoír las
recomendaciones de la GAO o rebelarse abiertamente contra ellas.
No existe, para la Fed, la rendición democrática de cuentas ante la
comunidad y por ser una entidad de derecho privado no tiene por qué
acatar ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Libertad de Información,
cuya jurisdicción se extiende tan sólo a las instituciones públicas.
Situación aberrante si las hay: una cifra equivalente al total de la
deuda pública estadounidense que puso a EEUU al borde del default fue
desembolsada en rescates fraudulentos, secretos y muy beneficiosos para
los prestatarios y lesivos para el contribuyente, con cuyo dinero un
banco central “independiente” como la Fed financió toda esta operación.
Cabe preguntarse: ¿independiente de quién?
¿Conspiración de silencio?
El escándalo revelado por la auditoría tuvo casi ninguna repercusión en
Estados Unidos. El “Chairman” de la Fed, Ben Bernanke, se hizo el
desentendido y expresó que en momentos en que se temía un default de
ese país lo importante era resguardar la credibilidad de la Fed y del
sistema monetario estadounidense. Pese a que el GAO es un organismo de
apoyo a las labores del Congreso las reacciones de representantes y
senadores ante la divulgación del informe fueron del más absoluto e
inmoral silencio. Hasta donde hemos podido indagar una de las
poquísimas voces disonantes fue la del senador Bernie Sanders, del
estado de Vermont. Sanders es una rara avis no sólo en el Congreso sino
en la política estadounidense: es un político que se declara como
socialista y que fue electo como candidato independiente en alianza con
el partido demócrata, única manera de superar el asfixiante
bipartidismo imperante en Estados Unidos.
Elegido como senador en el 2007 con un 65 % de los votos, un aluvión
electoral muy poco frecuente en la política de ese país, fue apoyado
por diversos movimientos sociales y pequeñas organizaciones políticas
de Vermont. Sanders reaccionó duramente cuando se conoció el
informe.[2] Transcribimos a continuación algunos de los párrafos más
destacados de la declaración emitida por su oficina de prensa, que
prácticamente no fue levantada por ningún medio de los Estados Unidos,
y que dice lo siguiente:
"21 de julio, 2011.
“La primera auditoría integral de la Reserva Federal descubrió nuevos
asombrosos detalles acerca de cómo los Estados Unidos suministraron la
friolera de 16 billones de dólares (16.000.000 de millones) en
préstamos secretos para rescatar bancos y empresas estadounidenses y
extranjeras durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión.
Una enmienda propuesta por el Senador Bernie Sanders a la ley de
reforma de Wall Street –aprobada hace exactamente un año atrás esta
semana– había ordenado a la Oficina Gubernamental de Rendición de
Cuentas (Government Accountability Office) llevar a cabo ese examen.
“Como resultado de esta auditoría ahora sabemos que la Reserva Federal
suministró más de 16 billones de dólares en asistencia financiera total
a algunas de las más grandes corporaciones e instituciones financieras
en los Estados Unidos y el resto del mundo”, dijo Sanders. “Esto es un
clarísimo caso de socialismo para los ricos y descarnado individualismo
tipo sálvate como puedas para los demás.”
Aclaración: la Government Accountability Office (GAO) es una agencia
independiente y no partidaria que trabaja para el Congreso de los
Estados Unidos. La misión de la GAO es investigar la forma en que el
gobierno federal dispone de los dólares de los contribuyentes. El jefe
de la GAO es el Contralor General de los Estados Unidos, y es designado
por un período de 15 años por el Presidente a partir de una lista de
candidatos elaborada por el Congreso. El jefe actual de la GAO es Gene
L. Dodaro, quien había sido nominado por el Presidente Barack Obama en
Septiembre de 2010 y confirmado en su cargo en Diciembre de ese mismo
año al ser confirmado en su puesto por el Senado. (Nota de A. Boron)
Entre otras cosas la auditoría estableció que la Reserva Federal
“carece de un sistema suficientemente exhaustivo para tratar casos de
conflictos de interés, a pesar de que existen serios riesgos de abusos
en este sentido. De hecho, según esta auditoría la Reserva Federal
emitió dispensas de conflicto de interés a favor de empleados y
contratistas privados a fin de que pudieran mantener sus inversiones en
las mismas corporaciones e instituciones financieras que recibían
préstamos de emergencia.”
“Por ejemplo, el CEO de JP Morgan Chase cumplía funciones en el
Directorio de la Reserva Federal de Nueva York mientras su banco
recibía más de 390.000 millones de dólares en ayuda financiera por
parte de la Reserva Federal. Además, JP Morgan Chase actuaba como uno
de los bancos de compensación para los programas de préstamos de
emergencia de la Fed.”
“Otro hallazgo perturbador de la GAO es el que refiere que el 19 de
Septiembre del 2008 el señor William Dudley, presidente de la Reserva
Federal de Nueva York, recibió una dispensa para permitirle conservar
sus inversiones en AIG (American International Group, un líder mundial
en el campo de los seguros) y GE (General Electric) mientras estas
compañías recibían fondos de rescate.. Una razón por la cual la FED no
obligó a Dudley a vender sus acciones, según la auditoría, fue porque
tal acción podría haber creado la apariencia de un conflicto de
intereses.”
“La investigación también reveló que la Fed tercerizaba a contratistas
privados como JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo la mayoría
de sus programas de préstamos de emergencia. Estas mismas firmas
también recibían billones de dólares de la Fed por préstamos concedidos
a tasas de interés cercanas al cero.”
Los principales beneficiarios de estos préstamos –concedidos entre el
1º de diciembre de 2007 y el 21 de julio de 2010– son los siguientes:
Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 billones ($1,949,000,000,000)
Bank of America: $1.344 billones ($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)
Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)
Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)
JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)
Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)
UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)
Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)
Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)
Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)
BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)
Wells Fargo & Co. $159 mil millones ($159,000,000,000)
Dexia SA (Belgium) ) $159 mil millones ($159,000,000,000)
Wachovia Corporation $142 mil millones ($142,000,000,000)
Dresdner Bank AG (Germany) $135 mil millones ($135,000,000,000)
Societe Generale SA (France) $124 mil millones ($124,000,000,000)
Todos los demás $2,6 billones ($ 2,639,000,000,000)
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Total $16.115 billones ($ 16.115.000.000.000)