La desintegración de un país no solamente se produce por la división de su territorio, la fragmentación de su población, el separatismo regional o la creación de poderes y soberanías subnacionales internos que proclaman su independencia y autodeterminación, como ocurrió en el caso de la exYugoslavia o la exURSS, sino por la generación de una cultura y psicología social de dispersión, por luchas internas y de defensa de pequeños feudos o intereses o por la intervención de potencias ajenas que impulsan el desmantelamiento nacional.

La historia moderna está llena de hechos que evidencian esta situación en distintos lugares del mundo y en el caso de América Latina se presentó en el momento mismo de la Guerra de la Independencia cuando las oligarquías locales derrotan el ideal Bolivariano en América del Sur o el ideal Morazaniano en América Central; cuando se producen las invasiones imperialistas en Cuba, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua  o Granada; o cuando se invaden las Islas Malvinas Argentinas.

En el caso boliviano, estás tendencias divisionistas están presentes en el momento en que se destruye el proyecto de Andrés de Santa Cruz por construir la Confederación Perú-Boliviana, o cuando las empresas inglesas o norteamericanas impulsan las Guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco, las que fueron aprovechadas por los países vecinos; o con las acciones separatistas de las oligarquías del oriente en los últimos años.

En la última década, si bien el pueblo encumbró a Evo Morales como su líder y presidente después de las rebeliones sociales de los años 2000, 2001 y 2003 y los triunfos electorales de 2005 y 2009, con la esperanza de integrar la patria, recuperar los recursos naturales, redistribuir la riqueza que se produce en el país e impulsar la industrialización y el potenciamiento nacional, lo que ocurre actualmente es una tendencia a la presencia de fuerzas centrífugas que tensionan la débil estructura del estado boliviano.

El hecho mas trascendental para evitar la desintegración de Bolivia fue la movilización nacional y popular de septiembre y octubre de 2008, cuando se frenó el intento de fragmentar el país desde el poder local de Santa Cruz, Beni y Pando; sin embargo las Fundaciones y ONGs y algunos desorbitados intelectuales que asesoraron a la Asamblea Constituyente consiguieron incorporar a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional aspectos que abren las posibilidades a la división.

Las pugnas y enfrentamientos entre comunidades indígenas o campesinas, entre comunidades y cooperativas mineras, entre pueblos indígenas de tierras altas y bajas, entre indígenas y colonizadores (ahora organizaciones interculturales), entre departamentos, provincias y secciones municipales y entre campo y ciudad han abierto brechas muy sensibles en el país. Las expectativas de regiones, pueblos y presuntas 36 naciones están generando una situación nunca antes presente y se expresa en la lucha por los recursos naturales, las regalías y el control de territorios en nombre de derechos soberanos y autodeterminación.

Estas expectativas son fomentadas por potencias mundiales, por grupos de poder local, algunos dedicados a prácticas ilegales como el contrabando o el narcotráfico, por ONGs y Fundaciones que administran millonarios recursos económicos provenientes de Estados Unidos y Europa, por intereses geopolíticos y económicos de países vecinos y por ilusos que consideran que llegó la hora de terminar con los estados nacionales y crear micronaciones y microestados, sin tomar en cuenta el poder de los imperialismos. Estos sólo podrán ser enfrentados, en nuestra región, con la unidad nacional y la integración de América Latina y el Caribe.