Es un ecuánime enunciado que: Los derechos de unos no pueden afectar a los de la mayoría. O que: El derecho de unos termina donde empiezan el de los demás. Y es por ello que en el inciso 15, del artículo 30 de la NCPE, en el derecho a la consulta -y como su nombre inobjetablemente indica- no está contemplada vinculatoriedad alguna para que no existan precisa y precavidamente una desproporcionalidad de que los derechos democráticos de unos -en éste caso los indígenas del TIPNIS- sobre el de los demás.

Y es por ello que dentro la nueva Constitución, fue condicionalmente concebida la consulta con esa característica; aunque ésta sea un derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesino, que en el capitulo cuarto, numeral II, determina que: En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígenas originario campesino gozan de los siguientes derechos; inciso 15) A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a travès de sus instituciones, cada vez que sea prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.   

Consiguientemente se comprende que esos dos contrapesados conceptos de: Unidad del Estado, como el  de la Concertación de la consulta, son los que virtuosa y visionariamente le quitan lo vinculante a un veto; que aún estando en todo su derecho los pueblos indígena originario y campesino, sobre lo que es una inédita innovación se ha instituido como el derecho a la consulta; no puede, ni pudiese ser deseable que desproporcional y despreciadamente se desnaturalice la denotación democrática sobre el derecho de los demás.