Los pronunciamientos, movilizaciones y bloqueos que suscitan el conflicto por “territorios ancestrales” entre Oruro y Potosí son una muestra de la forma en que la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), promulgada el 7 de febrero de 2009, ha agravado la desintegración espiritual del país. Al conocer su texto, el analista venezolano Gustavo Coronel sostuvo que se trataba de “un documento de una triste hermosura, una especie de curiosidad antropológica en el Siglo XXI”, cuyos redactores, “en el explicable intento de restituir a la población indígena los derechos y presencia en la vida del país, que se le habían quitado o escamoteado durante años de su turbulenta

historia… habían hecho oscilar el péndulo con tanto vigor que han llevado su texto al otro extremo, a ser casi racista, excluyente y discriminatorio contra importantes sectores de la población diferentes a la población indígena”.

No cabe duda que su extensa redacción ha sido poco meditada por las turbulentas circunstancias en que se discutió su texto y sin tomar en cuenta que ahora más del 66 por ciento de la población vive en ciudades. Recordemos que los asambleístas, cercados por contingentes opositores, se refugiaron en un cuartel militar de Sucre, desde donde huyeron a Oruro. Allí se aprobaron sus artículos, sin debatirlos como era necesario. Para colmo de males, sus contradicciones y excesos más flagrantes tuvieron que ser mitigados por un puñado de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuando la Asamblea Constituyente había cesado sus funciones.

Pese a parches que han intentado colocarse, la verdad es que no hay posibilidad alguna de delimitar los territorios ancestrales de 36 naciones indígenas, elevadas a esa categoría simplemente por tener un idioma o un dialecto. Ahora, cuando la NCPE otorga a las naciones indígenas, originarias y campesinas el aprovechamiento exclusivo de recursos naturales renovables, se despiertan apetitos localistas, que, en realidad, apenas comenzaron. En esos territorios ancestrales debe tener vigencia las diferentes justicias comunitarias, a las que se otorgó igual jerarquía que a la vigente a nivel nacional.

Sin embargo, si la esencia de la nueva Constitución residía en rescatar la autoestima de los bolivianos, digamos que, por lo menos hasta ahora, se está viviendo un agudo fracaso. En efecto, la autoestima es sinónimo de dignidad y contraria a la mendicidad como forma de vida. Esto no sucede con las legiones de mujeres del norte de Potosí que, con la presunta complicidad de esposos y padres, se convierten en limosneras en varias ciudades bolivianas. Si esto sucede a nivel local, tampoco hemos sido capaces de detener la vergonzosa ayuda mendicante, de países como España, Francia o Inglaterra, que, pese a sus penurias económicas, nos han regalado ambulancias, carros bomberos y computadoras. En Bolivia ha quedado pendiente un proceso preconstituyente, que no se

cumplió en el tiempo oportuno, debido a la conmoción que originaron los afanes  eparatistas de la Nación Camba, que había logrado infiltrarse en la llamada Media Luna, lo que movilizó a campesinos del valle y del altiplano, que frenaron sus intentos. Sin embargo, ahora que los riesgos secesionistas han quedado en el pasado, creemos que ha llegado el momento de volver a discutir la NCPE, a fin de conservar sus innegables aciertos, pero despojándola de sus excesos que no nos tienen paralizados y enfrentados entre hermanos. Para no volver a fracasar, requerimos que, mediante ley, los recursos económicos de las ONG sean fiscalizados, ya que intentarán nuevamente impedir que

pensemos con cabeza propia.