Los procesos de concentración, extranjerización y degradación de la tierra pasaron a ocupar un lugar central en las preocupaciones de organismos supranacionales y organizaciones no gubernamentales, como la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que alertan acerca de los “efectos negativos de esos fenómenos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el
desarrollo de la agricultura familiar”.

En un estudio titulado “El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia”, sobre 17 países de la región, con especial enfoque en América del Sur y, en ella, básicamente en los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur) —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, grandes productores de alimentos—, la FAO advierte sobre la situación de Argentina y Brasil en aquellos tres procesos, para afirmar que “estamos ante una nueva ola de extranjerización que provocó un tremendo proceso de concentración” y un “alza descontrolada en el precio de la tierra, que en Uruguay, por ejemplo, se multiplicó por siete en los últimos 10 años”.

Uruguay tiene una superficie cultivable de 16 millones de hectáreas. En la última década se realizaron operaciones por 6.3 millones de hectáreas. Según los últimos datos estadísticos del estatal Instituto Nacional de Colonización, el 83% de los campos vendidos en el 2010 (336,000 Ha) fue comprado por extranjeros, incluyendo europeos,
brasileños, argentinos, neozelandeses, coreanos y estadunidenses.

Hasta ahora, cuando se hablaba de extranjerización de la tierra, los organismos del sistema de las Naciones Unidas se referían a acciones privadas de inversionistas (especuladores) movidos por el afán de lucro. En el informe, presentado en noviembre del año pasado, se pone el acento por primera vez en el acaparamiento de tierras, o “land grabbing”, definido como la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos en la que también participan gobiernos extranjeros.

Así como la FAO se ocupa de las tierras extranjerizadas para uso con fines de producción de alimentos u otros vegetales destinados a la elaboración de biocombustibles, otras entidades hablan de la venta y concentración para desarrollos mineros o turísticos.

Grain, organización internacional que trabaja apoyando campesinos y movimientos sociales, cita los casos de empresas mineras como la estadunidense Newmont Mining,  que explota el yacimiento aurífero de Yanacocha, en Cajamarca, Perú, y las inversiones de la canadiense Barrick Gold en “toda la zona alta de América del Sur”.

Inversión en tierras

Pero Grain también hace blanco en los Estados que se lanzaron a participar en el acaparamiento de tierras. No especifica las compras país por país, pero asegura que Corea del Sur es el primer comprador mundial, con 2.3 millones de hectáreas, seguido por China (2.1 millones) y Arabia Saudita (1.6 millones). Las razones de estas
compras, explica, son obvias: se trata de Estados con gran crecimiento económico que cuentan con recursos suficientes para comprar donde sea los recursos naturales que no tienen, como soja, trigo y colza.

En el caso de China —consumidor de prácticamente toda la soja transgénica que producen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— “hay un intento de comprar tierras en países de gran riqueza natural y producir los alimentos que necesita para abastecer su mercado interno”, dice Grain. En el 2010, la justicia argentina frenó un acuerdo que había hecho la provincia sureña de Río Negro con Heilongjiang, por el cual transfería 254,000 Ha a esa empresa china que desarrollaría un megaemprendimiento con aquel fin.

También en Argentina, el pasado 22 de febrero el gobierno de la provincia norteña de Chaco reveló que acababa de llegar a un acuerdo con una empresa paraestatal de Arabia Saudita por el que entregaba 200,000 hectáreas de tierras fiscales de la selva virgen conocida como “El Impenetrable”, que se destinarán a la producción de alimentos que
serán exportadas al mercado saudita. A cambio, la empresa de Riad invertirá US$400 millones. Allí viven actualmente 60,000 indígenas wichi, que serán desplazados.

International Land Coalition (ILC), alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales que trabajan en la promoción de un acceso seguro y equitativo a la tierra, señala el rol “significativo que juegan las elites nacionales en el proceso de concentración de las tierras”, un fenómeno también observado por
Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, quien opinó que se trata, además, “de una concentración de influencias, de poder político en los ámbitos geográficos donde se está desarrollando, y también tiene que ver con restricciones a la
democracia”.

El estudio de la ILC, que no está referido exclusivamente a América Latina sino a “un conjunto de países en vías de desarrollo”, ofrece una conclusión sorprendente que ratifica el trasfondo especulativo de las inversiones: sobre 71 millones de hectáreas que cambiaron de mano en el 2010, el 58% fue destinado a la plantación de vegetales para uso en la elaboración de biocombustibles, el 22% para minería, turismo, industria y desarrollos forestales y sólo el 20% fue afectado a la producción de alimentos.

Beneficios fiscales

La FAO alertó sobre la inconveniencia de políticas oficiales que favorecen la concentración mediante incentivos con los que, teóricamente, se busca fomentar determinadas actividades productivas pero que en definitiva significan una transferencia de recursos públicos a terceros. Cita entre esas políticas los beneficios fiscales
para planes de riego (en Perú y Chile), de desarrollo forestal (en Chile y Uruguay) y para el fomento de las exportaciones silvoagropecuarias y los cultivos ligados a los biocombustibles (en la mayoría de los países).

La agencia de la ONU señala que los cuatro países del Mercosur concentran la mitad del comercio mundial de soja, oleaginosa que cultivan a partir de semillas genéticamente modificadas, en cuyo cultivo no se emplea el laboreo humano sino un sistema llamado de “siembra directa” que requiere grandes cantidades de glifosato, un herbicida que provoca graves daños en las personas y en el ecosistema.

“Esta combinación disminuye a largo plazo la productividad, fomenta el mal uso del agua y favorece la erosión”, dijo la FAO.

El grueso de la tierra afectada a ese cultivo en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay está en manos de grupos extranjeros, multinacionales como Monsanto y Syngenta o sociedades anónimas. Esas características son las que le permiten a Grain denunciar la forma de laboreo de las semillas transgénicas: “A los inversionistas especulativos no les interesa cuidar ni el suelo ni el ambiente, cuando en alguna parte han agotado el recurso tierra simplemente se mudan”.