El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional para expropiar el 51% de YPF es motivo de celebración para quienes venimos luchando por la recuperación de nuestro petróleo. Hubiera sido deseable que el Estado se haga cargo del 100% de la empresa con control público. Sin embargo, marca una vuelta de página y el reconocimiento del fracaso del modelo neoliberal energético heredado de la década del 90 y continuado en los últimos años. Marca un punto de partida para comenzar a debatir el futuro del desarrollo energético en nuestro país. Hace poco tiempo atrás, era impensable este nivel de discusión frente a un tema que hace al desarrollo estratégico de nuestro país.
Los argumentos para llevar adelante esta medida son incuestionables. Repsol se ha dedicado a aplicar políticas extractivistas de corto plazo y hemos perdido el autoabastecimiento, teniendo que importar combustibles por U$S 9.397 millones en el último año. La distribución de dividendos fue del 144% de las ganancias de 2008 a 2010. Es decir, un verdadero vaciamiento.

Un punto destacable del proyecto es que el Art. 1 declara de interés público nacional el autoabastecimiento de combustibles y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, en contraposición con el concepto de “commodity” aplicado en el comienzo de las politicas desregulatorias y la conformación del Consejo Federal de Hidrocarburos con representación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es interesante la participación de los trabajadores en el directorio, aunque debería ser elegido con un sistema abierto y no sólo entre los sindicalizados.

Entre los puntos cuestionables es que se mantiene la operación como sociedad anónima sin los controles públicos a las que son sometidas las Empresas del Estado, sin participación legislativa ni ciudadana.

Sería interesante agregar al proyecto de ley que YPF compre y comercialice la totalidad de la producción de petróleo y gas en el marco del espíritu del Art.1 del proyecto, derogando los decretos de desregulación del mercado y libre disponibilidad del crudo (1055, 1212 y 1589 de 1989). De esa manera, se estaría avanzando en la necesaria
regulación por parte del Estado del mercado de hidrocarburos.

El valor de la empresa es su patrimonio neto. El valor de los activos totales es, según el Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2011, de U$S 12590 millones. Los pasivos totales son de U$S 8330 millones. Por lo tanto, el patrimonio neto de la empresa es U$S 4260 millones. El 51% de ese valor es U$S 2170 millones. A esto hay que
restarle pasivos ambientales y posibles incumplimientos en metas de exploración. En este último aspecto, la empresa debería haber perforado, al menos, un promedio de 50 pozos anuales (la mitad de lo que perforaba la YPF estatal antes de su privatización) durante los últimos 13 años. Sin embargo, el promedio fue de sólo 10. A un costo
por pozo de U$S 3 millones, la empresa dejó de invertir alrededor de U$S 1560 millones.
La medida propuesta por el Gobierno Nacional es un paso correcto en el objetivo de conseguir autodeterminación en la producción de energía. A partir de aquí se debería abrir el debate con la participación de la mayor cantidad de actores interesados para delinear una política soberana en materia petrolera.

Martín Scalabrini Ortiz