El debate abierto en torno a la recuperación de YPF, y aún sin conocer
el proyecto oficial, lo celebro como el triunfo de los que venimos
instalando en la opinión pública la necesidad de recuperar nuestro
petróleo y la soberanía energética. Han pasado veinte solitarios años
desde aquel atentado que sufriera por denunciar la escandalosa
privatización de YPF y Gas del Estado con sobornos y falsos diputados.
Advertíamos que el modelo privatista nos llevaba al vaciamiento y al
endeudamiento. No le erramos. Menem prometió multiplicar las reservas
petroleras y desde el 2007 perdimos el autoabastecimiento: Este año
importaremos por más de U$S 11.000 millones. No fue todo: Néstor
Kirchner posibilitó la prórroga de las concesiones de Menem por 30
años y el vaciamiento de YPF al permitir que girara a Repsol el 90% de
sus utilidades con la llamada “argentinización”.
En buena hora se quiera cambiar el rumbo, pero exige plantearnos para
qué y cómo lo haremos. Somos el único país del mundo que sigue con un
modelo privatizador que nos costó la mayor descapitalización de
nuestra historia. ¿Qué se propone hacer el gobierno: un negocio para
beneficios de nuevos Eskenazi o un acto soberano y responsable que le
aporte al conjunto de la Nación? Cuando los consejeros del gobierno
son los que destruyeron YPF -como Roberto Dromi- y los salvadores los
beneficiados privados, parece cierto lo que afirmaba el gobernador
Buzzi, de Chubut: “no se quiere estatizar sino recuperar las áreas
para volver a privatizar” . Está licitando las áreas que le rescindió
a Repsol y seguramente pasarán a Pan American, Techpetrol u Oil, de
Cristóbal López. No nos asusta que se cancelen concesiones: todos los
contratos tienen cláusulas de rescisión por incumplimiento o daño
ambiental. Ningún gobierno le exigió a las petroleras que cumplieran
con las inversiones para reponer las reservas extraídas.
Con el remanido argumento de que “hace falta mucha inversión y se
necesitan socios” se quiere hacer de YPF una empresa mixta. Recordemos
la penosa experiencia de las privatizaciones de los años 90 que
incluyeron a los grupos económicos locales: la inversión y las
pérdidas fueron para el Estado y los beneficios para las empresas.
Hace falta invertir para mantener el nivel de reservas, pero es un
mito que para hacerla haya que llamar a los privados o al capital
extranjero. Los márgenes de ganancia de nuestra industria petrolera
son holgados: YPF -según su balance- produce el barril a un costo de 6
dólares lo vende a las refinerías a 50 y el precio internacional
supera los 100.
De la nada, Argentina desarrolló la primera industria petrolera del
hemisferio sur sin recurrir a la inversión extranjera: Mosconi
invertía lo que ganaba o lanzaba un bono público, como lo hace hoy
Petrobrás. Cuando Lula necesitó más inversión para explotar la cuenca
marítima, asoció a bancos públicos y los fondos de inversión de los
jubilados y obras sociales. YPF puede comprarse de varias formas: 1)
con un bono publico con aval del BCRA: el valor de mercado de YPF hoy
es de u$s 9.000 millones; 2) tomando un crédito bancario con aval de
las reservas, tal como lo hicieron los Eskenazi para comprar sin
plata. Entre los proyectos de ley que presentamos en la HCDN está un
fondo de desarrollo con aportes el BCRA y la creación de Yacimientos
Petrolíferos Federales, una empresa 100% pública con la participación
de las provincias.
La nueva petrolera debe protegerse de la politiquería y las
corruptelas: junto a los controles públicos, debe incorporarse el
control social de los consumidores, trabajadores y técnicos. Hemos
perdido 20 años: en la plataforma del Atlántico Sur, Argentina tiene
una de las mayores reservas petroleras del mundo: ¿la seguiremos
regalando? ¿No basta el ejemplo de Brasil o Noruega que explotando las
áreas marítimas con sus petroleras públicas, produjeron un
extraordinario desarrollo y bienestar para sus países? La creación de
una nueva YPF es un asunto estratégico que debe surgir de una gran
política de Estado para beneficio del conjunto del pueblo argentino.

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LOS VOCEROS LOCALES DE REPSOL AFIRMAN QUE LA EXPROPIACION AHUYENTARA LAS INVERSIONES

Pero el desarrollo petrolero de Argentina nunca
provino de los capitales foráneos.

                                                                Claudio Katz

                                                                Profesor de UBA-CONICET

                                                                miembro de EDI (Economistas de Izquierda
                                                                ANRed - H ([email protected])


La intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal de la
empresa son medidas necesarias para comenzar a revertir la depredación
energética. Pero constituyen tan solo un punto de partida para
recuperar los recursos petroleros. Durante una década REPSOL lideró el
vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones pre-existentes. Extrajo
lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma
escandalosa. Esta conducta no irritó a ninguno de los críticos
neoliberales de la expropiación en curso. Ahora cuestionan la
“violación orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los
contratos por parte de la firma. Esta doble vara es congruente con su
habitual aprobación de los atropellos contra los derechos de los
asalariados o jubilados. Nunca extienden a estos sectores los
principios de la seguridad jurídica.

FALACIAS NEOLIBERALES

Los derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y repiten
los mismos argumentos que difundieron luego del default. Advierten
contra las terribles consecuencias de “aislarse del mundo”, omitiendo
su récord de pronósticos fallidos. Algunos exculpan a REPSOL afirmando
que sufrió un castigo de precios desfavorables. Pero silencian los
sucesivos ajustes de los últimos años, la autorización para liquidar
divisas en el exterior y el permiso para exportar a costa del
auto-abastecimiento. Las objetadas retenciones móviles a las ventas
externas fueron una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió
el país. Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a
los años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.

Los voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación ahuyentará
las inversiones, que se necesitan para recomponer la producción. Pero
el desarrollo petrolero de Argentina nunca provino de los capitales
foráneos. Fue un resultado de la propiedad estatal del crudo y del
equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró
mediante un sistema integrado de extracción, refinación y
comercialización. Este régimen fue demolido con la privatización y
debería ser recompuesto para reconstruir el abastecimiento.

Cualquier paso en esa dirección es visto por la derecha como una
expresión de “populismo, caja o demagogia nacionalista”. Pero con su
sostén de la privatización ya demostraron cómo conciben el ideal
opuesto de conductas republicanas, maduras y responsables.

Los defensores más descarados de REPSOL alertan contra el inminente
conflicto entre argentinos y españoles que suscitará la expropiación,
como si la firma afectada fuera la representación del pueblo ibérico.
En realidad es una empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto
que el grueso de su capital se encuentra distribuido en varios centros
financieros del mundo. Como se especializa, además, en localizar
sociedades en paraísos fiscales, potencia la evasión impositiva que ha
deteriorado las finanzas españolas, precipitando el brutal ajuste que
padece ese país.

REPSOL es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno
reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial con
creciente despiste. La repetición local de esa diatriba es
particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus aliados de
Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico internacional, es
imperioso que Argentina se retire del CIADI. Ese tribunal ya tiene
preparado un fallo a favor de la petrolera.

¿EMPRESA MIXTA O ESTATAL?

Los principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el flanco
externo. Es evidente que el gobierno decidió la expropiación por
necesidad y no por convicción. Estaba acuciado por la caída de la
producción y la consiguiente obligación de financiar importaciones con
los pocos recursos que tiene la Tesorería. Presionado por esas
circunstancias introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con
la empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de mayor
inversión y finalmente optó por el choque con sus viejos socios. La
expropiación no forma parte de una estrategia prevista, ni obedece al
gran caudal de votos logrado en los últimos comicios.

La reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes
participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual de
funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el
remate de sus acciones. Su responsabilidad en el descalabro energético
de los últimos ocho años es inocultable. De Vido es la antítesis de
Mosconi. Por su despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas
para convalidar el aniquilamiento de YPF.

La iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales efectos
dependerán de las próximas medidas. Una decisión clave se juega en el
manejo de la indemnización. No se puede pagar por lo que es nuestro,
ni premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa.
Todavía hay que averiguar cuáles fueron las ganancias reales que
acumuló REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los
activos energéticos y con la expansión internacional de la compañía,
utilizando los recursos del subsuelo nacional.

Antes de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización
bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de una
auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los daños
ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las reservas del
Banco Central o la emisión de nueva deuda para pagarle a REPSOL, se
repetirá la vieja historia de un estado bobo que se hace cargo de las
pérdidas ocasionadas por ex concesionarios.

La nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo un
modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía íntegramente
estatal. Esta decisión es errónea y conspira contra el proyecto de
reconstrucción energética. No es casual que existan tantos ejemplos
internacionales de manejo totalmente público de un recurso vital. Ese
modelo de propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida
en el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas limitadas
y de costosa extracción.

La necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible con los
idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya fueron ensayados en
la primera etapa de privatización de YPF. Un test próximo de los
problemas que enfrenta este modelo, saldrá a flote cuando deba
resolverse la situación del grupo Eskenazi. Esta familia quedó como
socia minoritaria de la nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude
superior a las tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación
sin poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la
distribución de utilidades. Su permanencia está en duda, desde el
momento que deberá cancelar ese préstamo con su propio dinero. Si se
concreta su deserción: ¿Quién se hará cargo de ese paquete? ¿El estado
mediante pérdidas adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros
“capitalistas amigos” (Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez,
Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas sin realizar ninguna
inversión?

El peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos favoritismos.
La fuerte presencia del capital privado dentro de la compañía exige
operar con criterios de rentabilidad inmediata, que obstruyen la
prioridad inversora. Este modelo induce, además, al aumento de los
precios en boca de pozo por la presión por lograr mayores utilidades,
generando un encarecimiento adicional del combustible.

GESTION, LEGISLACIÓN Y PROPIEDAD

El gobierno promete una administración profesional de la nueva YPF.
Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos, sino también gran
independencia del lobby petrolero. Si las firmas privadas participan
del directorio, aumentará el peligro de repetir los vicios del pasado
(endeudamiento indebido de la compañía) o incurrir en nuevos
desaciertos (uso de los recursos para financiar el bache de
importaciones). Es evidente la trascendencia de definir cómo se
administrará la compañía y ENARSA brinda un mal antecedente inmediato.
Resulta imprescindible dotar a YPF de un genuino control social,
popular y de los trabajadores.

Pero el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la
actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de YPF. El
gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se introducirán, en
un sector regido por principios neoliberales de libre disponibilidad
del crudo por parte de los concesionarios. La revisión de los
contratos suscriptos con esas normas recién ha comenzado y en su gran
mayoría afectó a pozos marginales. El proyecto de ley en curso no
aclara qué ocurrirá con el marco legal que habilitó la atomización del
sector y la proliferación de una gran variedad de gravosos convenios.
Aquí se impone la inmediata recuperación de la atribución del estado
para controlar toda la comercialización interna y externa, fijando las
condiciones y los precios de extracción y procesamiento.

La propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento para
alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los gobernadores
para manejar un recurso de toda la nación. El compromiso de
sindicatura común que se ha establecido con las provincias para el
manejo de YPF, no se extiende al resto del sector y sólo pospone la
necesidad de reintroducir la propiedad nacional. Marginar a las
provincias no petroleras de la nueva conducción de YPF no contribuye a
esa recomposición.

Con la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia petrolera.
Hay condiciones nacionales e internacionales muy favorables para
reconstruir nuestro cimiento energético, avanzando hacia una empresa
totalmente pública. Sólo este esquema permitirá equilibrar los costos
de extracción con los precios requeridos para el desarrollo
industrial. Este manejo es indispensable para diversificar la matriz
energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un
mayor deterioro del medio ambiente.

El logro de estos objetivos exige afectar los intereses capitalistas
que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar una actitud soberana
frente a las presiones externas. La movilización popular con banderas
propias es el gran instrumento para esta acción.

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SOBRE REPSOL-YPF, ESPAÑA Y MUCHAS OTRAS COSAS

                                                                                                 Atilio Borón
                                                                                                Gara 23.4.12


El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la
expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF ha
desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado
español y sus voceros.

El repertorio comprende toda suerte de amenazas en contra de Argentina
-y, por extensión, en contra de quienes, con independencia de nuestras
opiniones acerca del actual Gobierno, habitamos en esa tierra-
proferidas por altísimos funcionarios del Gobierno como la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras menores del
séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable de mal
hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser periodistas, pero
que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes descartados del
casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los mendigos de
Viridiana.

Alentados por sus mandantes, estos personajes repiten desaforadamente
y sin gracia el libreto que les pasan sus mentores, auspiciantes y
empleadores, no ahorrando epítetos dirigidos a la presidenta, Cristina
Fernández, sus ministros, el partido del Gobierno y, ya en el
aquelarre, a todos los argentinos, cómplices indirectos del «robo»
sufrido por una inocente españolita llamada Repsol.

Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo tenemos en
Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del colonizado,
pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se vanagloria de
su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese síntoma
podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y no solo
eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado español ha
avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y los
españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que
perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu,
movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su
exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a
quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería
solicitar la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje
que le proponían sus salvadores.

Al día siguiente, la pérfida troika que hoy gobierna Europa -la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- lo desalojó a
puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de los suyos: un émulo
contemporáneo del consigliere de don Corleone, para que maneje con la
pulcritud propia de un tahúr del casino financiero global los destinos
de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan solo en Grecia y
están asolando casi toda Europa, como bien lo saben quienes viven en
el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste de una
brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores experiencias
latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con Grecia, es con
todos.

En su afán por defenderse de la agresión argentina, Rajoy y los suyos
buscaron (y consiguieron) el apoyo del emperador y premio Nobel de la
Paz (el mismo que dijo que «se hizo justicia» cuando le informaron que
habían asesinado a Osama Bin Laden ante su propia familia y cuya
secretaria de Estado estalló en carcajadas al enterarse del
linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas, los enviados de
Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe Calderón, quien por
su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso país -en realidad,
mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la crisis más grave
del último siglo, por decir lo menos. Postrado indecorosamente ante
los dictados de Washington y la violencia criminal de los narcos,
Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados del Partido
Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno argentino.

Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que Repsol es una
transnacional en la que algunos ricachones tienen depositados sus
dineros en acciones de la compañía. La participación de ese sector en
el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y como
dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de
Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un
insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la
composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses
extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como
he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias
o empresas españolas. Más bien todo lo contrario».

La opinión de Torres López contrasta con las declaraciones del
estadista en ciernes, Felipe, príncipe de Asturias y heredero del
trono de España (hasta el momento en que los españoles se despierten y
acaben con una institución tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta
como la monarquía), quien ha agradecido «todo lo que Repsol hace y ha
hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como
expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en
España y fuera de España».

En su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo
mucho que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que
hago mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de
tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a
docenas de pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a
condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes
recursos financieros y liquidez suficientes».

En síntesis, el pleito del Gobierno argentino no es con España o los
habitantes del Estado español. Es con una empresa que aquí también ha
incurrido en las habituales prácticas depredadoras que todas las
transnacionales sin excepción incurren en todo el mundo, incluyendo
sus propios países. Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la
complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias
como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado
incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de
privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas
(malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo
explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin
cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar
los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos
mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba
obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la
mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus
operaciones en la Argentina.

Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención
de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF
Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos
de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se
hubieran percatado de ello.

Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las
acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que
hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el
anuncio correspondiente.

Esto nos recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que
PDVSA hizo en contra del Gobierno de Chávez y producida la
intervención de la firma, los venezolanos se enteraron de que esa
empresa estatal era la ignota propietaria de la cadena de gasolineras
CITGO, con unas 6.000 bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de
ocultamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, incumplimiento de
obligaciones contractuales son corrientes en el mundo de las grandes
compañías. Y ocurren porque los gobiernos consienten este tipo de
conductas. De otro modo sería imposible.

El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para avanzar sobre
Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso, porque la crisis
energética de Argentina, y de la cual Repsol es altamente
coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay que ir
mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas las
acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo
Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas
artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos.
Además, dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción
hidrocarburífera de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante?
¿O es que se piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con
patrones de moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O
que la crisis energética se solucionará actuando solo sobre
Repsol-YPF?

Como se puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular
a la iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna
duda es que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros
España son los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la
pintura de Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada
por su pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de
Sacristán Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz.
Y entre quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso
Sastre, la de él y su sombra, a cuál más incisiva.

Eso es España para los argentinos. Y no la picaresca ramplona de
lobistas como Felipillo o Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y
Balaguer, o la obra, la obra de verdad que impulsa el Opus Dei, de los
saqueadores profesionales que se lanzaron a la reconquista de América
a caballo del tsunami neoliberal que asoló nuestras costas desde
mediados de los ochenta, expertos en vaciar empresas, fugar capitales
y corromper políticos y periodistas.

Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de
América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los
mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan
paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han
provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países
de este lado del Atlántico.

Atilio A. Boron director del Programa Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales (PLED)

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Tema YPF

Cuestionario de Susana Rama a Leopoldo Markus, economista y Sec. de Prensa y Propaganda del Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN 2ª época)

Hay que expropiar el 100% de las acciones de REPSOL, enfrentar al imperialismo y al capital financiero, pero los responsables del vaciamiento y quiebra de YPF desde 1992 en adelante, tienen que ir presos, por Traición a la Patria.

1.- ¿La nacionalización resuelve el problema de la crisis  energética?

La expropiación de las acciones de REPSOL, no resuelve el problema de la crisis energética, pero es un primer paso. A nuestro juicio, no se puede indemnizar a nadie, por bienes y empresas que son nuestras, sino todo lo contrario. Cabe averiguar por una pericia técnico-económica, cuales fueron las utilidades de REPSOL YPF desde 1992 y hacia donde las canalizaron. YPF, es la única petrolera del mundo que está quebrada, cuando el precio del petróleo, pasó de u$s/m³ 65.- (u$s/barril 10.-) en 1992, a u$s/m³ 630.- (u$s/barril 100.-). O sea que el precio del hidrocarburo, en 20 años, se incrementó en un 970% mucho más que la depreciación del dólar y es lo que explica las expediciones militares del imperialismo, en Irak, en Libia, en Afganistán, etc y el hostigamiento de Europa y los EEUU, contra las Repúblicas Siria e Islámica de Irán.

Antes de responder, corresponde señalar que el balance de la privatización de YPF desde 1992, está a la vista: pérdida del autoabastecimiento, importación de combustible, aumento exponencial de los subsidios y fulminante caída de las reservas por falta de exploración. Repsol, junto con la partidocracia (PJ, UCR, kirchnerismo, etc), es el principal responsable de este desastre. Vació los pozos ya descubiertos, giró utilidades al exterior y utilizó la renta del subsuelo nacional para invertir en otras regiones.

En primer término, el PEN no podía desconocer el crítico estado de situación del Sector de Energía, tanto de Electricidad como el de Combustibles. Desde 1989, cuando comenzó el ciclo menemista y que potenció el kirchnerismo, la Argentina no solo perdió el autoabastecimiento energético, particularmente en el área de los combustibles líquidos y gaseosos, sino que el Estado para paliar la falta del gas en invierno y la electricidad en el verano, comenzó a importar –a partir del 2008-,  a precios confiscatorios, gas licuado del Golfo  Arábigo Pérsico y gas natural por gasoducto, proveniente de la República de Bolivia, además de electricidad del Paraguay. La contrapartida fiscal de la crisis energética, fueron los subsidios tarifarios dirigidos a la Capital Federal y conurbano, que financiaron la diferencia entre costo y precio del transporte público de colectivos –que utiliza gas oil-, de los ferrocarriles, de la electricidad y del gas, consumidos por los habitantes del Sector metropolitano, privilegio que no tienen nuestros  hermanos provincianos del resto del país. La factura sumada de los subsidios al transporte y a la energía del año 2010, ascendieron a $ 48.000 millones (unos u$s 12.000 millones, al cambio de la época).

La Presidenta Cristina Fernández anunció al país el 16 de abril, –sin hacer mención a las condiciones de contorno mencionadas en el párrafo anterior-, la decisión del PEN de expropiar el 51% del paquete accionario de REPSOL YPF de un total del 57%, enviando un proyecto de ley declarando de utilidad pública a la empresa. En los fundamentos presidenciales, se establece  que el Estado argentino, habría comprobado la fuerte caída en la producción y en la búsqueda de nuevas reservas de petróleo y de gas en el período 2003 – 2011. Nosotros agregaríamos a lo anunciado que a  las caídas en la producción, en la exploración, cabría sumarle la  creciente factura por los costos de importación de gas y petróleo, que en el 2011 sumaron poco menos de u$s 10.000 millones  y amenaza para el 2012 una suma de entre u$s 12.000 y 15.000 millones de dólares. En el mensaje presidencial, se anunció que el 51% accionario mencionado, en caso de aprobarse el proyecto, pasará al Estado Nacional y a las provincias productoras de hidrocarburos en una proporción del 26% y 25%, respectivamente. Técnicamente lo que hizo el gobierno argentino, fué expropiar el 51% pero ni estatizó ni nacionalizó, manteniendo el carácter privado que tenía, sujeta a la ley de sociedades. De ese 51%, el 49% pasó manos de las diez provincias argentinas que poseen petróleo y solo el 51% restante pasa a manos del Estado nacional.

Resumiendo entonces, el capital accionario de YPF queda constituido de la siguiente manera:

26% Estado nacional; 25% Diez Estados provinciales; 25,0% Grupo Eskenazi; 6,0% Repsol;

6% Banca Lazard Freres (francés); 5% Banca Eton Park (Goldman Sachs, Mindich y Rosemberg); 5% de inversores no identificados –entre los que está PEMEX y otras petroleras y

2% Grupo Werthein en Bolsa de Valores de Buenos Aires. Sintéticamente, se expone en el Cuadro Nº 1.

                                                                Cuadro Nº 1

                                                                       Composición accionaria

                              (%)

                   Nota: Entre los Inversores no identificados, hay tenencias accionarias de Petróleos

                   Mexicanos (PEMEX), empresas petroleras norteamericanas y de particulares que

                   cotizan en Bolsa.

La primera pregunta que cabe hacerse, es porqué en el proyecto de ley no está contemplado, la expropiación del 25% de las acciones del Grupo Eskenazi, dado que las mismas no fueron terminadas de pagar.

Cabe recordar que el ingreso sociedad de Eskenazi a la sociedad REPSOL YPF (2008), fué efectuado por un acuerdo entre el socio mayoritario (REPSOL) y el Estado argentino (que tenía un Director, dependiente de la Secretaría de Energía (Daniel Cameron) y del Ministerio Federal de Planificación (Julio De Vido). Ese acuerdo, fue ejecutado en dos etapas con la complicidad del Estado kirchnerista, la primera del 15% y la segunda del 10% accionario, hasta totalizar el 25%. La “argentinización” de YPF, como la llamó la Presidenta Fernández en ese momento, con el ingreso de un socio “argentino”, fué hecha con una sociedad domiciliada en Australia, con un capital nominal de u$s 50.000.-. Sí, un capital de cincuenta mil dólares, de una sociedad establecida en Australia. Como diría el Gral. Perón, “…con plata cualquiera hace negocios…”. Cabría ver entonces, si la verdadera controlante de esa sociedad, no fuera otra que la familia Kirchner. Y Eskenazi entró a REPSOL YPF, sin poner un peso. Esto explicaría, en principio, el porqué no se habrían expropiado tales acciones. Ese “acuerdo”, totalmente espurio, supuso que el Grupo Eskenazi, abonaría u$s 4.000 millones, en cómodas cuotas anuales -25% del valor accionario de REPSOL al momento de la operación, de u$s 16.000 millones), los que financiaría REPSOL y que Eskenazi, amortizaría con los dividendos de la sociedad. Esta operación, verdaderamente fraudulenta contra el Pueblo Argentino, fué la que aceleró el vaciamiento de REPSOL YPF en el período 2008 – 2011, ya que repartió más dividendos en efectivo, que utilidades tuvo la sociedad.

Si REPSOL le exigiera al Grupo Eskenazi el pago del 25% de las acciones adquiridas y no abonadas, lo que es independiente de la expropiación ya conocida o alternativamente, la devolución de las mismas y el Estado argentino no saliese en auxilio del “socio argentino”, se daría la paradoja de que REPSOL continuaría en YPF, con un 31% de participación, lo que se expone a continuación:

                                                                Cuadro Nº 2

                                                                       Composición accionaria

                              (%)

Para “resolver” esta anómala situación, la única solución es la expropiación del 100% del capital accionario, a los fines de preservar el sentido nacionalizador del proyecto de ley. Salvo que, por debajo de la mesa, haya un arreglo entre el kirchnerismo y REPSOL y se retroceda nuevamente, y lo que habría que discutir es el precio de la expropiación.

Dice Jorge Katz, La Causa YPF, Revista Debate: “…el resultado de la “argentinización” posterior fue aún más nefasto. Los grupos locales (Eskenazi) financiaron su ingreso a la compañía sin poner un solo peso, utilizando los recursos surgidos de la distribución de utilidades. En lugar de la ansiada recuperación nacional del sector, se consumó otro fraude. Estos antecedentes indican que un cambio del favoritismo oficial hacia otras empresas agraciadas, no resolverá el agudo problema de las inversiones faltantes.”

Para “compensar” el desfasaje entre reparto de utilidades y pago de dividendos, REPSOL YPF se endeudó con préstamos financieros y hoy día, debe u$s 16.000 millones y su patrimonio neto es de u$s 4.000 millones y pasó de autoabastecerse de hidrocarburos, a importar gas a precio de oro. Pero no solo hizo “negocio” el Grupo Eskenazi. También lo hizo REPSOL, ya que en el mismo período, remitió utilidades a la Casa Matriz, por u$s 19.000 millones, para paliar las pérdidas en España, debidas a la recesión económica en la península ibérica. Qué hizo el Ministro De Vido, responsable del Sector de Energía, ante esa fuga de capitales, que bién podría haber ido a inversión en exploración o en ampliación en la capacidad de refinación del país. El Ministro del área energética no hizo nada y su responsabilidad política y administrativa precisamente es por omisión, al mejor estilo liberal del Estado gendarme del siglo XIX. Es por ello que el Estado Argentino y el PEN en particular, han sido cómplice de la bancarrota de la Primera Empresa del país y es por ello que los beneficiarios y responsables, deben ser procesados e ir a prisión. Como bién decía el revolucionario boliviano Sergio Almaraz Paz en la década del 50, “La corrupción es el agujero por el que se cuela el imperialismo en nuestros países.”

Así que Cristina Fernández, su finado esposo Néstor Kirchner y Carlos Menem (responsable de las privatizaciones de YPF en 1992), tuvieron mucho que ver con la bancarrota de la empresa petrolera y es por ello que oportunamente deberían ser juzgados.