Con la exigencia del presidente de la Confederación de Pueblos
Indígenas de Bolivia, Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), Adolfo
Chávez, publicada en el periódico “Cambio”, de La Paz, el 15-05-12, de
modificar el vital artículo 349 de la Nueva Constitución Política del
Estado (NCPE), cuyo texto dice: “Los recursos naturales son de
propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo
boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del
interés colectivo”, se cierra el circuito de sectores ciudadanos
importantes que cuestionan el texto constitucional, aprobado el
25-01-09. Chávez considera que los recursos naturales deben ser de los
pueblos indígenas y no del pueblo boliviano. La presidenta de la
Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, calificó la demanda de
“inconstitucional, discriminatoria y atentatoria a todos los
bolivianos”.

Los cuestionamientos a la NCPE se producen en momentos de profunda
confusión ideológica y política. Los dos protagonistas de la actual
pugna interna, el gobierno y la CIDOB, tienen excelentes relaciones
con las petroleras. Evo acaba de entregar nuevas áreas de exploración
a Repsol y Petrobrás, a tiempo de subvencionarlas, a cambio de nada,
con 30 dólares por cada barril de petróleo que producen en el país. La
CIDOB apadrina con su silencio el establecimiento de un Fondo de
Inversiones de Repsol a favor de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG),
cuyos integrantes se benefician con 140.000 dólares mensuales, a
cambio de retardar la construcción de gasoductos internos y no
cuestionar las políticas exportadoras. La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), que es parte del Poder Ejecutivo, ha sostenido
que un gasoducto que una los mega campos de Tarija con el Salar de
Uyuni, a fin de explotar el litio, con los centros mineros de
Occidente y con la populosa ciudad de El Alto no es económicamente
viable. Lo anterior equivale a decir que Bolivia no es viable.

La CIDOB ocupa ahora espacios de poder en la gobernación de Santa
Cruz, en la que el gobernador Rubén Costas es la figura central de la
oligarquía cruceña. A su vez, la “cumbre de movimientos sociales”,
organizada por el MAS, en enero pasado, tuvo como participantes de
primer nivel a representantes empresariales de Santa Cruz, dentro de
los cuales existen figuras prominentes de la oligarquía regional.
Antonio Peredo, uno de los dirigentes históricos del partido oficial,
pidió a Evo rectificar el rumbo, mediante la consolidación de los
avances de su primer gobierno (2006-2011) y la creación de empleo
productivo. Peredo advierte, seguramente, que las petroleras están
anulando las conquistas de la nacionalización del 01-05-06. Por otra
parte, la creación de empleo productivo depende no sólo de inversiones
(el gobierno tiene recursos), sino también de gestión, ordenamiento
institucional y recursos humanos calificados de los que se carece casi
por completo.

La NCPE, al reemplazar el concepto República (salvo referencias
aisladas en su texto), por el de Estado Plurinacional, ha caído en el
absurdo de creer que es posible fortalecer la construcción nacional, a
partir del invento de 36 naciones, desconectadas entre sí, a las que
se reconoce territorios ancestrales, autogobierno, sistemas jurídicos
independientes y gestión exclusiva de recursos renovables. Este y
otros artículos constitucionales causan enfrentamientos entre sectores
indígenas y capas medias, traducidos en caos cotidiano. La dificultad
para reordenar la convivencia social reside en que si bien casi todos
quieren modificar la NCPE, su propio texto tiene tal cantidad de
candados y reaseguros que habrá que convivir con ella por lo menos en
el próximo lustro.

 De los 411 artículos de la NCPE, más de 300 garantizan derechos y
garantías, lo que no ha impedido que los ministros de Gobierno, Carlos
Romero, y de Informaciones, Amanda Dávila, anunciaran oficialmente que
el grabar conversaciones telefónicas, para utilizarlas judicialmente,
es lícito, ya que la vida privada sólo rige en los domicilios. La NCPE
ha facilitado la destitución de autoridades elegidas democráticamente,
y la instauración de procesos contra adversarios políticos .Los
bloqueos de calles y carreteras, así como la ocupación de minas y
campos de petróleo, además de centenares de enfrentamientos limítrofes
entre municipios, departamentos y comunidades indígenas es el pan de
cada día. Todo lo anterior sucede ante la mirada complacida de núcleos
citadinos, especialmente de zonas residenciales, que anhelan retornar
al centenario sometimiento de las mayorías indo mestizas.

Tal vez la mayor coincidencia del gobierno con los dirigentes
indígenas opositores sea su repudio a la historia patria, a sus
pensadores, héroes y mártires. Ambos han trabajado por debilitar aún
más el entramado indo mestizo, sobre cuya estructura Bolivia afinca su
existencia. A pesar de todo, las cosas tienden a cambiar. Pese al
respaldo de la jerarquía eclesiástica al fundamentalismo indígena, el
apoyo irrestricto que este recibía de las ONG de Europa y Estados
Unidos tiende a disminuir por la crisis económica de los países
occidentales. Por su parte, el MAS afronta una lucha interna entre el
Vicepresidente Álvaro García Linera y el Canciller David Choquehuanca
por saber cual de ellos acompañará a Evo en las elecciones
presidenciales del 2014.