Se podría mantener engañadas a pocas personas por mucho tiempo, o se podría mantener engañadas a muchas personas por poco tiempo, pero es imposible mantener engañadas a muchas personas por mucho tiempo.  Esto no es un juicio nuestro, sino que está copiado de lo que dijo hace años un personaje. Lo importante es que el concepto se está cumpliendo ahora, con nosotros, los bolivianos, a propósito de algo trascendental, sobre lo cual hemos insistido hasta el cansancio: las auditorías a empresas petroleras que operaban y que operan aún en Bolivia, para verificar que lo que ofrecieron invertir se haya cumplido cabalmente.

Ahora ya somos muchos (y pronto seremos muchos más) quienes reclamamos transparencia sobre esas ya famosas auditorías, que fueron tercamente escondidas por unas cuantas personas, entre ellas el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, quien no solamente quiso mantener ese insostenible secreto, sino que en alguna oportunidad inclusive se refirió con ánimo ofensivo a tales auditorías, alegando que habían participado en ellas no solo ingenieros y auditores, sino antropólogos y otros profesionales de ciencias sociales, como si el trabajo de las corporaciones petroleras
no causara, precisamente, serios perjuicios sociales, que sólo profesionales idóneos pueden auditar.

Hicimos campaña sostenida para conocer el resultado de esas auditorías. Nos dirigimos en varias formas, inclusive públicamente, desde estas mismas columnas, al vicepresidente García Linera y hasta hoy seguimos esperando respuesta formal. Pero el contenido de las auditorías ya se conoce. Ya no es secreto. Un libro, escrito por el ingeniero Miguel Delgadillo Pacheco, que ya está en circulación muestra con lujo de detalles esas inversiones petroleras entre los años 1.996 y 2.006 y concluye en forma rotunda y categórica que no invirtieron lo que estaba comprometido.

Una de las más inquietantes revelaciones del estudio del ingeniero Delgadillo detalla “la situación de la capitalizada ANDINA SA, operada por REPSOL-YPF, la misma declaró una inversión de 298,56 millones de dólares, pero “deduciendo la inversión indebidamente cargada, el ajuste de auditoría, la amortización, otros ajustes de auditoría y los ajustes medioambientales, resulta que efectuó una inversión negativa
de 105,93 millones de dólares, es decir, dejó de invertir ese monto”.

Es exactamente la misma actuación que provocó la “re estatización” de Repsol-YPF en la Argentina, donde las respectivas auditorías demostraron que la petrolera repartía millonarias utilidades, pero no invertía lo comprometido para explorar nuevos yacimientos.

En el caso de Bolivia la divulgación de la importante información contenida en las ya mencionadas hasta el cansancio auditorías, es sólo el comienzo de un proceso que seguramente será todavía largo y complejo, pero ya se rompió la inercia y será imposible frenar ni ocultar por más tiempo lo relacionado con este asunto, de
incuestionable interés nacional.

En algún momento (y cada vez ese momento está más próximo) el pueblo boliviano conocerá a fondo ese asunto. Y entonces será él pueblo el que juzgue.
Porque bien dice el antiguo y muy conocido refrán que la justicia tarda… pero llega.