Otro caso de corrupción
El empedrado camino hacia la anhelada industrialización de
los hidrocarburos bolivianos ha vuelto a provocar un tropezón considerable,
cuando todavía no se ha superado ni siquiera la primera piedra. Las plantas
separadoras de líquidos, a partir de las cuales se tiene que construir el
tejido industrial que permita aportar el valor
agregado a los licuables, con transformación en
agroquímicos o polietilenos han chocado de golpe con otro escándalo de
corrupción. El marcado temor radica en un nuevo retraso en su ejecución ya
postergada casi tres años.
Poco suponen los levantamientos constantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní
que reclama participación en la licencia ambiental de la construcción, si se
compara con los escándalos de corrupción que de nuevo han salpicado el
proyecto.
La casualidad, como ya ocurriera con el caso del
ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos
Ramírez en el caso Catler, ha vuelto a poner al descubierto una trama de corrupción
más o menos generalizada en el seno de la estatal petrolera.
Las protagonistas vuelven a ser los mismos, las
plantas separadoras de líquidos, tanto la de Cochabamba como la del Chaco, como
ha sacado a la luz el diario cruceño El Deber y adelantado las propias notas de
la Unidad de Comunicación de Yacimientos.
En aquella ocasión fue la muerte violenta de un
empresario tarijeño, en esta ocasión un accidente con una vagoneta oficial de
YPFB, un domingo en el que conducía en estado de ebriedad el ex gerente Nacional
de Plantas de Separación de Líquidos (Río Grande y Gran Chaco), Gerson Rojas
Terán, quien se dio a la fuga.
La investigación llevó a encontrar cajas de seguridad
registradas a su nombre en el Banco Mercantil Santa Cruz, Rojas, junto a
Agustín Javier Ugarte, miembro de la comisión calificadora de Yacimientos en el
proyecto. La investigación ha revelado movimientos económicos cercanos a los
390 mil dólares en relación a la adjudicación de la Planta Separadora Río
Grande a la empresa AESA. La unidad de comunicación de
YPFB señaló que “viene trabajando de manera
coordinada con el Ministerio Público y el Ministerio de Transparencia para
llegar a la verdad de los hechos”.
El negocio de exportar gas con líquidos.
La planta de Río Grande tiene como objetivo
separar los líquidos del gas que se exporta al Brasil, y que tiene como origen
los campos tarijeños, la planta del Chaco, por su parte, cumplirá la misma finalidad,
pero del gas exportado a Argentina.
Hasta la fecha, ambos torrentes se envían sin
separar, lo que ha permitido la instalación de una floreciente industria
petroquímica en Brasil y lo propio en Argentina.
El contrato de exportación firmado con Brasil
(GSA) reconoce una sexta parte del valor de los licuables, los cuales son
pagados a YPFB. La cantidad se calcula entre los 100 y 180 millones de dólares,
YPFB nunca ha hecho públicos esos importes que recibe desde 2007. No reporta
beneficios en concepto de regalías para el departamento
tarijeño, pero “la cuantía sería insignificante
respecto a los dividendos que generan las empresas petroquímicas brasileñas”.
La Planta Gran Chaco
El contrato de provisión de gas con la Argentina recoge
únicamente gas seco, sin embargo, hasta el momento, se envía líquido.
La Planta de Separación de Líquidos, según la Gerencia Nacional
de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB Corporación, inyectará divisas
para el país por aproximadamente 1.000 millones dólares por año. Tendrá una
capacidad de procesar 32 millones de metros cúbicos (MMcd) de gas natural, el
total de lo exportado a la Argentina. Además producirá entre 1.547 y 2.247
toneladas métricas por día de gas
licuado de petróleo (GLP), entre 1.137 y
1.658 barriles por día de gasolina.
El complejo petroquímico del Gran Chaco,
también, producirá entre 2.156 y 3.144 toneladas métricas por día de etano y
entre 716 y 1.044 barriles diarios de iso-pentano, de acuerdo con las
proyecciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
YPFB debe implementar un modelo transparente
Expertos y analistas como Mirko Orgaz y Jorge
Téllez coinciden en señalar el oscurantismo con el que se maneja la estatal
petrolera. Licitaciones y auditorías son llevadas desde el terreno de lo confidencial
y ambos han echado de menos una postura más firme antes los incumplimientos de
las operadoras internacionales de los pozos,
pero especialmente, mayor transparencia en las
contrataciones.
Y AL FINAL, REPSOL ¿Nuevos retrasos en la
construcción?
El lucrativo negocio petroquímico implementado
en base al gas boliviano rico en licuables exportado de forma semigratuita a
Brasil y totalmente gratis a la
Argentina tiene como fecha de caducidad el mismo momento en
que entren en funcionamiento las plantas separadoras de líquidos, tanto en
Cochabamba como en el Chaco. “Esto solo
beneficia a unos y no a los bolivianos”.
La fecha estimada para la entrega de la Planta del Gran Chaco, construida
por la española Técnicas Reunidas es el segundo semestre de 2014. La Planta tiene un costo de
alrededor de 603,94 millones de dólares, incluyendo la construcción, suministro
de equipos y fiscalización. YPFB calcula un costo de 643,8 millones de
dólares,
el año pasado ya se invirtieron 137,3 millones.
La planta separadora del Chaco se acordó en
2006, paralelamente a la firma del contrato de exportación entre Evo Morales y
el entonces presidente de Argentina Néstor Kichner. En ese momento se estimaba
un costo de 400 millones de dólares que financiaría la Argentina Enarsa, y que
además no se ampliarían las cantidades suministradas hasta que no entrara en
funcionamiento. Actualmente ya se ha ampliado el suministro y los términos en
cuanto a la construcción se han cambiado
radicalmente, ya que se financia soberanamente
por el Estado boliviano.
Cabe señalar que el campo receptor del gas
exportado a la Argentina, Campo Durán, es operado por YPF, recientemente
expropiado de las manos de Repsol, quien en última instancia era el
beneficiario directo del gas rico en licuables que de forma gratuita recibe.
El gerente de la Empresa Boliviana
de Industrialización de los Hidrocarburos, Amado Montes Barzón, señaló que la
licitación de las plantas separadoras compete a la gerencia de YPFB. La estatal
señaló que la EBIH
no tendrá proyectos hasta al menos dentro de cinco años.