
.- Las millonarias inversiones en infraestructura decididas
por el gobierno de Dilma Rousseff para ser traspasadas a la gestión privada,
son la principal apuesta de Brasil
para salir del estancamiento y retomar la senda
del crecimiento.
“¡Cayó la ficha!”, exclamó el economista Antonio
Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la dictadura brasileña. “Cuando la incertidumbre
sobre el futuro es absoluta, cuando el pasado no contiene la información sobre
el futuro, sólo una acción decidida yfuerte del Estado, como la que estamos
viendo, puede poner en marcha
al sector privado y a la economía. Esa acción, correcta
y creíble, escapaz de anticipar la esperanza” (Valor, 21 de agosto de 2012). De ese modo saludó el economista
conservador el Programa de Inversiones en Logística anunciado por Dilma
Rousseff el 15 de agosto ante decenas de empresarios que esperaban una señal
del gobierno para
colocar sus dineros en obras con retornos
económicos asegurados por el Estado. El programa supone concesiones a las
empresas privadas luego de invertir 40 mil millones de dólares en los próximos
cinco años para construir 5.700 kilómetros de autopistas y 10.000 de vías
férreas. Sólo en esos rubros el programa prevé 65 mil millones de dólares en 30
años.
En los próximos doce meses el gobierno se
propuso concesionar a la esfera privada doce ferrovías y nueve autopistas y en
un futuro cercano se dispone a extender la misma modalidad a puertos y aeropuertos.
Las concesiones bajo el modelo de asociación
público-privada implican que las empresas
construyen y operan las nuevas obras.
La gran novedad fue la creación de la Empresa de Planificación
en Logística que se encargará de la integración de los proyectos de infraestructura
y de supervisar las obras. Dilma aseguró que se trata de disminuir los costos
de transporte y energía para asegurar que Brasil crezca a una tasa elevada
durante un largo período. “Eso es fundamental para garantizar el empleo”,
concluyó la presidenta (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
La crisis como trasfondo
Mientras el programa fue recibido con euforia
por un amplio sector de empresarios, pero también por las dos mayores centrales
sindicales, los intelectuales opositores y algunos núcleos sindicales
consideraron las concesiones como un retorno a las privatizaciones. El Partido Socialdemócrata
de Fernando Henrique Cardoso, el gran privatizador de la década de 1990, se
permitió ironizar al “lamentar el retraso” del
gobierno en seguir su ejemplo (Folha de São
Paulo, 16 de agosto de 20120.
Dilma modificó proyecto político a comienzos de
este año al comprobar que Brasil está siendo duramente afectado por la crisis
mundial que se traduce en el estancamiento productivo. En 2011 el PIB creció un
modesto 2,7 por ciento. El gobierno confiaba en una pronta recuperación ya que
los ingresos de la población seguían creciendo y
las tasas de interés bajaban. Nada de eso
sucedió. En el primer semestre de 2012 el crecimiento fue nulo y 2012 cerrará
con un PIB por debajo del 2 por ciento. Una potencia emergente como Brasil
necesita un piso del 5 por ciento anual, como apuntó la presidenta.
En tres viajes realizados entre marzo y abril,
Dilma pudo palpar el hondo pesimismo que recorre el mundo. En marzo durante su
visita a Alemania conversó con Angela Merkel, quien le confirmó que la política
de austeridad de la
Unión Europea se extenderá por lo menos hasta fines de 2013 y
que el euro no volverá a su situación “normal” antes de tres años (Valor, 17 de
agosto de 2012).
A fines de ese mes en la cumbre de los BRICS
realizada en Nueva Delhi, conversó con el presidente chino Hu Jintao, que le
advirtió sobre la desaceleración de la economía de su país que comenzaba a la
vez un cambio en el modelo de crecimiento centrado en las exportaciones hacia otro
volcado al mercado interno. Jintao anunció a Dilma que China
comprará menos mineral de hierro y más soja y
proteínas animales.
En abril la presidenta se entrevistó en
Washington con Barack Obama quien le aseguró que la recuperación económica de
Estados Unidos es mucho más frágil de lo previsto y que ese aspecto le está
creando grandes dificultades para su reelección.
El mal humor global llevó al gobierno a
estimular la economía con medidas para reducir la tasa de interés, estimular el
consumo y proteger industria ante la avalancha de productos chinos. El Banco Central
dejó desvalorizar el real que pasó de un promedio de 1,70 por dólar a los dos
reales actuales. Todas esas medidas estaban destinadas
a hacer más competitivo al sector industrial.
Por otro lado, se constató que el luego de seis
años de aprobado el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) no marcha al
ritmo deseado, que hay un retraso de 150 mil millones de dólares en inversiones
en infraestructura y que Brasil destina el 19 por ciento del PIB a inversiones
cuando debería alcanzar el 25 por ciento, según
Jorge Gerdau, uno de los más importantes
empresarios de Brasil y coordinador de la Cámara de Políticas de Gestión del Gobierno
Federal (Brasil Económico, 15 de agosto de 2012).
Convencida por el núcleo de empresarios y
banqueros que la asesoran de que es imprescindible reducir los costos de
producción y de que “sin el empresariado no hay dinero para infraestructura”,
como dijo Gerdau, Dilma cedió las inversiones de largo plazo al sector privado
para que los dueños del dinero vuelvan a la economía real. Eso sí, el 80 por ciento
de los desembolsos los realizará el estatal BNDES.
Cambio de modelo
Las concesiones/privatizaciones de autopistas y
ferrovías van de la mano de otras medidas del mismo signo. Reducciones en las
jubilaciones de los funcionarios, creación de un fondo de pensiones de los funcionarios
federales, privatización de los tres mayores aeropuertos del país y congelación
de los salarios públicos, son parte del mismo paquete.
Sorprende que el programa anunciado haya sido
apoyado tanto por empresarios como por sindicalistas. Eike Batista, considerado
por Forbes el hombre más rico de América del Sur con una fortuna del 30 mil
millones de dólares, dijo que la propuesta “demoró” pero consideró que “es un
modelo muy feliz”. A la hora de detallar los efectos del
plan, fue muy preciso: “Si se baja el costo de
la emergía, que es uno de los elementos del programa, porque Brasil tiene una
de las emergías más caras del mundo, usted pasa a ser más competitivo” (Folha
de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
Tanto la
CUT como Força Sindical, ambas cercanas al gobierno, se mostraron
satisfechas. La primera reclamó “contrapartidas sociales” y la segunda esbozó
un discurso ideológico: “La presidenta está acompañando los cambios en el
mundo. Está viendo que tiene necesidad de incluir al capital privado cada vez
más en la economía”, dijo Miguel Torres, presidente de Força Sindical (Agencia
Brasil, 15 de agosto de 2012). El ex presidente Lula hizo gala de su
pragmatismo para defender el programa de Dilma: “A fin de cuentas, el pueblo muchas
veces no quiere saber si el que hace es el Estado o la iniciativa privada. Lo
que quiere son beneficios” (Folha de São Paulo,
16 de agosto de 2012).
Cabe preguntarse dónde irán los “beneficios” de
este viraje hacia el sector privado. Una pista puede darla la reciente
privatización del 51 por ciento de los tres principales aeropuertos del país:
Guarulhos, el mayor, fue adjudicado por 8 mil millones de dólares a un
consorcio liderado por Invepar, integrado por los tres mayores fondos de
pensiones (Previ, Petros y Funcef, de los
empleados del Banco do Brasil, Petrobras y la Caja Federal).
Viracopos, en Campinas, el segundo mayor, fue entregado a Engevix, donde Funcef
tiene importante presencia.
Invepar ya administra seis autopistas y el metro
de Rio de Janeiro. No es un secreto que los fondos de pensiones de las grandes
estatales, que controlan varias multinacionales brasileñas y están dirigidos
por sindicalistas, obtendrán una tajada en las concesiones de carreteras, ferrovías,
puertos y aeropuertos. En sociedad con grandes empresarios
como Gerdau, Odebrecht y otras constructores que
forman la parte superior de esa peculiar pirámide llamada “lulismo”.
Algunos analistas sostienen que Dilma tiene
prisa por retomar el crecimiento. No se trata sólo de las elecciones
municipales y estatales de octubre sino de su particular lectura del momento
que atraviesa el mundo. Su principal preocupación sería “la capacidad de Brasil
de competir en condiciones de igualdad, de aquí a unos años,
con los países emergentes y también con los
ricos, que en su opinión saldrán de la crisis actual más fuertes y
competitivos” (Valor, 17 de agosto de 2012).
Sin embargo, la actual alianza
sindical-empresarial es bien diferente a la que se gestó hace medio siglo bajo
Getúlio Vargas, de la cual nacieron las grandes empresas estatales. Ahora se
trata de una sociedad entre dos sectores empresariales, los dueños y los administradores
del capital, bendecidos y protegidos por el Estado
emergente. Un proceso no muy distinto al que
viven los demás BRICS. Hasta el conservador Delfim Netto defiende un “Estado
fuerte” para promover el crecimiento.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente
e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de
varios colectivos sociales.