La instalación y puesta en marcha del Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte de Hidrocarburos en Villa Montes, fue un parto que duró cinco años. Los principales responsables de su realización (y también de su retraso) fueron los sucesivos presidentes interinos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) del gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque la ley de Hidrocarburos No. 3058, promulgada por el Congreso Nacional en mayo de 2005, luego de la testaruda negativa de Carlos Mesa Gisbert, establecía en su artículo 18 la creación de esa
unidad especializada por parte de YPFB. El ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, instruyó a inicios de la gestión gubernamental, que Jorge Alvarado, a la sazón primer presidente interino de la estatal petrolera, cumpliera con ese mandato legal.
El mandato no se cumplió y las autoridades subsiguientes al parecer no se enteraron que debían cumplir una exigencia legal que, además, permitiría a YPFB “encender la luz” en el negocio petrolero cuya oscuridad duró 13 largos años, dado que, luego de la “capitalización”, sólo las transnacionales sabían cuánto y de qué calidad eran los
hidrocarburos explotados, exportados y vendidos desde que llegaron al país. Informaban, a su vez, lo que les convenía para ajustar cuentas millonarias con la estatal petrolera en lo relativo a regalías, participaciones, IDH y otros costos.
Tanto el Ministerio de Hidrocarburos como el Servicio de Impuestos Nacionales e YPFB, basaban sus proyecciones en las declaraciones de las transnacionales respecto de la cantidad y calidad de hidrocarburos producidos, quemados, venteados, reinyectados, transportados y comercializados. Ha sido la exigencia de alguna prensa nacional y
contados analistas, políticos y expertos del sector que, por su persistencia, habría promovido el cumplimiento de la ley. Recién el año 2010, YPFB pudo poner en marcha el indispensable Centro de Control en Villa Montes, lugar estratégico, por cierto.
Hasta entonces, vale la pena recordarlo, ni en los gobiernos neoliberales de Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Rodríguez Veltzé ni en el de Evo Morales en sus inicios, ningún parlamentario opositor, ningún dirigente cívico ni autoridad departamental exigió la puesta en marcha del famoso centro de control
o de cualquier mecanismo nacional o departamental de fiscalización efectiva. La omisión (¿colusión?) era general, para beneplácito de las petroleras como Petrobras y Repsol, que exprimieron a su antojo los megacampos.

El año 2002, cuando Jorge Berindoague era ministro de Hidrocarburos, informó que, en cierto mes de ese año, el promedio de exportación de gas a Brasil era de 12 millones de metros cúbicos diarios (MMCD). En los registros del sistema Scada de Transredes en Santa Cruz, las computadoras y el satélite lo desmentían: reportaban 16 MMCD. Las
auditorías petroleras que siguen ocultas, revelan el virtual engaño. ¿Por qué se ocultaron? El director del flamante Centro Nacional de Medición y Control de
Villa Montes, en oportunidad de presentar a la población tarijeña los primeros resultados del sistema Scada instalado allí el año 2010, deslizó que éstos evidenciaban diferencias entre los datos de las petroleras y los propios (¡por fin!) de YPFB. ¿Cuánta diferencia? ¿Se podía haber cuantificado proyectando hacia atrás en el tiempo? ¿Esa
diferencia no era, precisamente, la prueba de otra estafa más al país y a las regiones productoras? ¿Algún político tarijeño paró las orejas? Ninguno, pero fue notorio que al técnico responsable de tal declaración sí le jalaron las orejas, porque luego intentó aclarar el alcance de su revelación que, en los hechos, era una denuncia. Ningún
fiscal tomó nota del asunto, que bien podría significar varias centenas de millones de dólares para nuestro país. ¿Son omisiones dolosas o culposas? En todo caso, cualquier ratito la historia les pedirá cuentas, sobre todo a aquellos políticamente serviles y
manipulados.

Ayer, con cierta alharaca, la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación tarijeña, mostró un “apantallador” cuarto con computadoras y monitores gigantes para mostrar cómo, por fin también, la Gobernación se enlaza ahora, remotamente, con el Centro Nacional de Medición y Control de YPFB en Villa Montes. Está bien. Bonito avance.
Esperemos que no sólo sirva para contabilizar regalías y nada más, y que la mentalidad rentista sea superada de una buena vez. El enlace y los datos tabulados deben ser la base para actuar con información de primera mano y proponer políticas petroleras, proyecciones de industrialización, etc. porque, es buen saberlo, el centro no sólo
reporta cantidades, sino también calidad, cromatografía y composición de los hidrocarburos. Hubo por ahí un político opositor que exige que la Gobernación instale
sus propios medidores en campo. ¿No será mejor modificar el artículo
18 de la Ley 3058 y establecer que sean parte obligatoria de ese centro técnicos de las gobernaciones de los departamentos productores? De esa sencilla forma tendrán acceso a las mismas válvulas y equipos de medición en campo y a su permanente calibración y control. Si es sólo un poquito de imaginación pero mucho, muchísimo amor a la patria
que hace falta.