En los últimos años, el fenómeno del acaparamiento mundial de
tierras ha despertado una gran atención, entre otras cosas por el
enorme auge de las operaciones comerciales y especulativas sobre
tierras y la consiguiente desposesión de comunidades rurales. Estas
operaciones se ven impulsadas sobre todo, aunque no exclusivamente,
por la producción y la exportación a gran escala de alimentos y
agrocombustibles. Ahora, comienzan a sonar las alarmas sobre otro
fenómeno paralelo, el del acaparamiento mundial de aguas, por el que
este recurso se estaría convirtiendo en otra gran mercancía, en un
oro azul ansiado por Estados e inversores de todo el mundo.

El agua se ha convertido en un nuevo objeto de apropiación y
representa un factor fundamental en numerosos ámbitos, como el medio
ambiente, la energía, los alimentos y el desarrollo. En esta guía
básica, se tratan doce preguntas claves sobre el creciente fenómeno
del acaparamiento de aguas.
1. ¿Qué es el acaparamiento de aguas?

El término acaparamiento de aguas –o apropiación de aguas– alude a
aquellas situaciones en que actores poderosos asumen el control de
valiosos recursos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando
de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos
recursos y ecosistemas.(1) La capacidad de hacerse con el control de
los recursos está vinculada con procesos de privatización,
mercantilización y apropiación de bienes comunes. Estos procesos
convierten el agua de un recurso abierto y al alcance de todos y todas
a un bien privado cuyo acceso debe negociarse y suele basarse en la
capacidad de pago.

El acaparamiento de aguas se manifiesta en formas muy diversas, desde
su extracción para grandes monocultivos de producción industrial de
alimentos y combustibles a la construcción de represas fluviales para
energía hidroeléctrica, pasando por la apropiación corporativa de
recursos de agua públicos. El fenómeno también forma parte inherente
de un modelo de desarrollo que se ve reforzado por el comercio de
agua virtual.

El acaparamiento de aguas no es un fenómeno nuevo y comparte muchos
rasgos con otros acaparamientos de recursos y con lo que suele
conocerse como el cercamiento del patrimonio común o de bienes
comunales.(2) La nueva dimensión del acaparamiento de aguas
contemporáneo es que los mecanismos para apropiarse de los recursos
hídricos y convertirlos en bienes privados están mucho más avanzados y
cada vez más globalizados, y sujetos a leyes internacionales sobre
inversiones extranjeras y comercio exterior.

Por ese motivo, existe una preocupación muy real de que la nueva
generación de Mulhollands –el superintendente de Los Ángeles que
hizo tristemente famoso el acaparamiento de aguas a principios del
siglo XX– se beneficie de este escenario en detrimento de las
comunidades y los ecosistemas locales, y a una escala sin precedentes
(véase el cuadro 1). En el contexto de la crisis mundial de agua, en
que 700 millones de personas de 43 países viven por debajo del umbral
de estrés de agua, 1.700 metros cúbicos por persona, es urgente y
necesario poner fin a los procesos que persiguen su acaparamiento.(3)

Cuadro 1. ¿Un nuevo Mulholland?

Hace cien años, William Mulholland, superintendente del Departamento
de Agua de Los Ángeles, resolvió el problema de la escasez de agua de
la ciudad mediante un método innovador y brutalmente eficiente: la
apropiación de los recursos hídricos. Mediante la imposición de la
transferencia del agua utilizada por los agricultores del valle de
Owens, a más de 300 km, permitió que Los Ángeles tuviera una de las
tasas de crecimiento más elevadas de Estados Unidos.

Los tiempos han cambiado. Actualmente, los californianos resuelven las
disputas relacionadas con el agua en los tribunales. Pero en los
países en desarrollo, la competencia por el agua se está
intensificando a una velocidad alarmante, produciendo intensos
conflictos, a veces violentos. El peligro es que el modelo de
Mulholland reaparecerá con otra apariencia y el poder dictará los
resultados sin ninguna preocupación por la pobreza y el desarrollo
humano.”.

Fuente: PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 –
Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua

2. ¿Qué factores clave impulsan el acaparamiento de aguas?

El acaparamiento de aguas es una de las expresiones de un modelo de
desarrollo económico en que la acumulación de capital está vinculada
con el creciente control de recursos naturales abundantes y baratos,
entre los que estarían los alimentos, el agua y la energía. El
estallido de la crisis financiera mundial en 2008, acompañado de una
extraordinaria subida de los precios de las materias primas y una
creciente especulación financiera con los alimentos, ha provocado una
nueva oleada de acaparamientos de tierras, aguas y recursos, mediante
los que gobiernos e inversores buscan garantías que no pueden
proporcionar unos mercados cada vez más volátiles e inestables. (4) En
efecto, la interrelación entre seguridad hídrica, energética y
alimentaria es muy relevante y merece la pena analizarla con mayor
detalle.

El incremento gradual de los precios del petróleo y la creciente
preocupación de que se haya alcanzado ya el pico del petróleo han
disparado señales de alarma sobre la alta dependencia de los
combustibles fósiles que caracteriza a las economías modernas. La
búsqueda de alternativas a las fuentes de energía no renovables se ha
centrado en gran medida en los agrocombustibles: cultivos como la
palma aceitera, la jatrofa, la caña de azúcar y la soja, que se
producen como fuente de combustible líquido para el sector del
transporte y varios usos industriales. En Asia, África y América
Latina se ha producido un verdadera explosión en la producción de
agrocombustibles, que se ha visto aún más intensificada por decisiones
gubernamentales como la Directiva sobre energías renovables de la
Unión Europea (UE) y un gran número de subsidios y préstamos
preferenciales.(5)

Sin embargo, la idea de que los agrocombustibles representan una
fuente de energía limpia y eficiente se ha demostrado claramente
errónea, entre otras cosas por la enorme cantidad de agua que se
necesita en el ciclo de producción: desde el riego de los cultivos al
lavado de la cosecha, pasando por la refrigeración de las calderas
durante el procesado. Por ejemplo, en el caso del cultivo de caña de
azúcar para producir etanol, se necesitan 7.000 litros de agua para
obtener 12 kilogramos de azúcar, necesarios para conseguir un litro de
etanol.(6) En ocasiones, la alta intensidad hídrica que supone
producir agrocombustibles no se tiene en cuenta, lo cual entraña
consecuencias catastróficas para otros usuarios de agua (véase el
cuadro 2).

Del mismo modo que el incremento de los cultivos para combustibles
refleja la búsqueda por parte de Estados e inversores de suministros
estables y baratos de energía en circunstancias de competencia y
crisis económica, la apropiación de recursos de agua para cultivar
alimentos se basa en una lógica parecida. Como los precios de los
alimentos se han disparado en los últimos años, un creciente número de
países y de grandes corporaciones agroindustriales están intentando
reducir su dependencia de los mercados internacionales involucrándose
directamente en la producción agrícola. Este factor, por ejemplo, es
de gran relevancia en los proyectos de muchos Estados del Golfo, ya
que sus propios recursos de agua están al límite y el coste de la
importación de alimentos no cesa de aumentar (se calcula que dicho
coste representa hasta un tercio de la inflación experimentada en la
región).(7) Así pues, apropiarse de tierras y aguas para producir
alimentos en otros países es visto como una estrategia de
estabilización económica y como un medio para protegerse contra la
inflación a largo plazo. Lo mismo puede decirse de las corporaciones
agroindustriales, que han dado un giro hacia una mayor integración
vertical con el objetivo de garantizar sus márgenes de beneficio y
ejercer más control en toda la cadena de valor.

Cuadro 2. Primero los combustibles y después los campesinos: el caso
de ProCana en Mozambique

En 2007, la compañía londinense Central African Mining and Exploration
Company (CAMEC) y el gobierno de Mozambique establecieron un acuerdo
para desarrollar un proyecto de producción de etanol a partir de caña
de azúcar en una superficie de 30.000 hectáreas. Como el proyecto –
llamado ProCana– necesitaba 407 millones de metros cúbicos de agua al
año para las plantaciones de azúcar, CAMEC obtuvo una licencia del
gobierno mozambiqueño que le permitía extraer grandes reservas de agua
de la represa de Massingir.

Sin embargo, un estudio independiente demostró que esas reservas solo
bastaban para cubrir el 60 por ciento del volumen necesario y que, por
encima de ese nivel, la seguridad hídrica de los agricultores y
pastores de subsistencia que dependía del caudal por debajo de la
represa se vería gravemente comprometida. Actualmente, después de que
la compañía CAMEC se retirara del proyecto, este está suspendido, pero
el gobierno mozambiqueño está buscando otros inversores para retomar
la iniciativa.

Fuente: Borras, Fig y Monsalve (2011) The Politics of Agrofuels and
Mega-land and Water deals: Insights from the ProCana case, Mozambique:
http://www.tni.org/paper/politics-agrofuels-and-mega-land-and-water-deals

Mientras tanto, se está dando también el creciente fenómeno de los
cultivos comodín (flex crops), es decir, cultivos que tienen
distintos usos (alimentos, forraje, combustible, material industrial)
y que se pueden intercambiar de forma fácil y flexible en función de
varios factores, como el cambio de las señales de precios en los
mercados globales.(8) Entre estos cultivos, se encontrarían algunos de
los que requieren una mayor intensidad de agua y/o generan una mayor
destrucción de cuencas y bosques autóctonos: la soja (forraje,
alimentos, biodiésel), la caña de azúcar (alimentos, etanol), la palma
aceitera (alimentos, biodiésel, usos comerciales/industriales) y el
maíz (alimentos, forraje, etanol). El sector de los cultivos comodín,
por ejemplo, es uno de los que está experimentando un crecimiento más
acelerado en América Latina hoy en día.(9)

Además de los cultivos comodín, puede que estemos presenciando también
una creciente tendencia hacia los árboles comodín, es decir,
monocultivos de árboles que se pueden destinar a varios fines, como
madera para construcción y muebles, madera para virutas y tacos de
madera, y actividades de (re)forestación para la captura de carbono y
otros llamados servicios ambientales. Si bien el impacto de las
plantaciones de árboles sobre los ecosistemas y los usuarios locales
desde el punto de vista de la (re)asignación de agua es complejo y
viene determinado por muchos factores, cada vez hay más pruebas de que
las repercusiones en los ecosistemas y las comunidades locales pueden
ser extremadamente negativas.(10) A pesar de los riesgos, los datos
oficiales muestran que la superficie global destinada a las
plantaciones de árboles está creciendo a un ritmo medio de
aproximadamente el 2 por ciento anual; los índices más altos se
concentran, concretamente, en América Central y del Sur, el Caribe y
Asia.(11)

Los factores que impulsan el acaparamiento de aguas ponen de
manifiesto cómo la acumulación de capital por parte de las
corporaciones está estrechamente relacionado con el control de
recursos naturales como el agua. Es en este contexto en el que cabe
cuestionar la tendencia a convertir todos los debates en torno al
agua, los alimentos y la energía en temas de seguridad: seguridad
hídrica, seguridad alimentaria, etcétera. Con esto, se corre el
peligro de conferir un grado de legitimad a la apropiación privada de
los recursos de agua.

Entender que el acaparamiento de aguas tiene menos que ver con una
verdadera preocupación por la disponibilidad de reservas de agua,
alimentos y energía (lo cual comportaría una cierta consideración por
su conservación y uso sostenible) y mucho más con garantizar la
rentabilidad de ciertas economías y compañías que venden a los
mercados globales y se abastecen de ellos constituye el primer paso
para rechazar esta lógica. En efecto, el peligro del acaparamiento de
aguas está en la capacidad de ciertos actores para usar su poder con
el fin de explotar las preocupaciones, tanto reales como supuestas, en
torno a la escasez de agua.
3. ¿Quiénes son los acaparadores de aguas

En el acaparamiento mundial de aguas participa una gran diversidad de
actores, tanto recién llegados como más tradicionales. Entre ellos
estarían fondos de inversión especializados en agua, transnacionales
del agua y toda una serie de actores cuyas actividades dependen del
comercio de agua virtual.

Una de las novedades más sorprendentes de los últimos años es la
creación de fondos privados en que el agua es un componente importante
de la cartera de inversiones. En 2008, Rabo Farm Europe Fund, un fondo
de capital privado perteneciente al banco holandés Rabobank, y el
banco suizo Bank Sarasin crearon el Fondo AgriSar. Entre sus
principales objetivos está la inversión en recursos hídricos,
señalando que “la monetización del agua está apenas comenzando, en un
momento en que un recurso antes gratuito gana valor de escasez, y
vemos oportunidades para las compañías que puedan asegurar y gestionar
su suministro”.(12) Está claro, por tanto, que para los fondos de
capital privado como AgriSar, la crisis mundial de agua representa
una oportunidad de negocio muy lucrativa.

En la industria global del agua se puede observar una tendencia
parecida. Las corporaciones privadas, en efecto, se dedicaron durante
gran parte de la última década a intentar tomar el control de
servicios de agua que antes eran públicos en países como Perú,
Bangladesh y Sudáfrica. En esta industria global del agua, hay también
grandes monopolios; de hecho, dos corporaciones francesas, Vivendi y
Suez, dominan en torno al 70 por ciento del mercado de los servicios
de agua de todo el mundo.(13)

La imposición de un modelo de servicio de agua que persigue el lucro,
que se basa en la capacidad de pago y que se orienta hacia un mayor
nivel de consumo de agua no augura nada bueno para las necesidades de
los sectores pobres ni para la conservación de este recurso. Sin
embargo, este modelo se ha topado también con importantes
resistencias, y muchas comunidades han luchado y han conseguido poner
fin a los intentos de privatización.(14) De hecho, son cada vez más
las ciudades que están remunicipalizando el agua, es decir,
recuperando su gestión local y pública.(15)

Cuadro 3. Principios campesinos frente a beneficios de la agroindustria

En el valle bajo del río Piura, al norte de Perú, la comunidad
campesina de San Juan Bautista de Catacaos había conseguido establecer
un modelo de producción agrícola cooperativo, diverso y bajo en
insumos externos. Dadas las condiciones semiáridas de la región, el
manejo cuidadoso del agua, respetando los límites ecológicos, era de
vital importancia para la supervivencia de la comunidad. Este
imperativo de gestión sostenible del agua fue sencillamente ignorado
por una empresa de la agroindustria que se instaló en 1.500 hectáreas
de la región.

Para producir pimientos, pimentón, bananas orgánicas, azúcar orgánico,
arroz, cebollas y uvas que necesitaban un gran volumen de agua, la
empresa construyó una gran planta de bombeo en un punto estratégico
del río Piura, además de canales y estanques artificiales cercados por
alambradas y patrullados por guardias armados. Cada hectárea regada
por la agroindustria supone la pérdida de tres hectáreas de tierras
productivas para la comunidad de Catacaos, en su día floreciente y
ahora enfrentando grandes dificultades.

Fuente: Van der Ploeg, J. D. (2008) The New Peasantries: Struggles for
Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization.
Londres y Sterling, Earthscan

Mientras tanto, la compañías de la agroindustria están dando un giro
hacia una mayor integración vertical y cada vez ejercen más control
sobre los recursos de agua. Este control suele utilizarse para
incrementar una agricultura que necesita grandes cantidades de agua y
que compite con modelos agrícolas más sostenibles y localmente
adaptados, y en ocasiones los desplaza por completo (véase el cuadro
3).

Teniendo en cuenta los recursos hídricos que se necesitan para la
agricultura, podría decirse que el comercio agrícola global es, a un
nivel muy básico, “una gigantesca transferencia de agua, en forma de
commodities, desde regiones donde se la encuentra en forma abundante y
a bajo costo, hacia otras donde escasea [y] es cara”.(16)

Este comercio de agua virtual, que no solo se da en el caso de la
agricultura, sino que afecta también al agua usada para producir todo
tipo de bienes y servicios y comerciar con ellos, abre el debate sobre
quiénes son los acaparadores de agua. En concreto, exige que se
comprendan los complejos vínculos entre satisfacer la demanda de agua
en una región y propiciar la escasez de agua en otra. Un ejemplo de
ello sería la política comercial Todo menos armas de la UE, que se
ha demostrado que está fomentando la expansión de grandes plantaciones
de caña de azúcar, muy exigentes en agua, en Camboya para su posterior
exportación a Europa.(17)
4. ¿Qué relación existe entre el acaparamiento de aguas y el de tierras?

Las causas del acaparamiento de aguas son parecidas a las del
acaparamiento de tierras, el fenómeno por el que inversores
adquieren o arriendan grandes extensiones de terrenos, con impactos
socio-económicos y medioambientales negativos. El control de la tierra
por parte de un determinado inversor suele ir acompañado del
correspondiente control sobre los recursos de agua de dicha tierra. De
hecho, el acceso al agua podría ser incluso el elemento más valioso
del acuerdo.

Más aún si se tiene en cuenta que los gobiernos anfitriones intentan
atraer a los inversores ofreciéndoles concesiones con respecto al uso
del agua. En Malí y en Sudán, por ejemplo, se ha otorgado a los
inversores un acceso ilimitado al agua, de forma que puedan usar toda
la que necesiten.(18) Algunos inversores internacionales acuerdan
construir infraestructuras de agua a cambio de la adquisición o el
arrendamiento de tierras. El gobierno libio, por ejemplo, construyó un
canal de riego a cambio de 100.000 hectáreas de tierras en Malí.(19)

Adquirir tierras para poder acceder a recursos de agua y controlarlos
es algo de especial importancia para los países que se enfrentan a la
escasez de estos. Se prevé que las fuentes renovables de agua en los
Estados del Golfo se agoten en las próximas tres décadas.(20) Las
implicaciones de esta escasez de agua son muy profundas. Arabia Saudí,
antes exportador neto de trigo, prevé poner fin a la producción
nacional de este grano en 2016 debido al agotamiento progresivo de las
reservas de agua dulce en el país.(21) El país busca ahora compensar
esta pérdida en la producción de alimentos nacional mediante la
adquisición de tierras agrícolas en el extranjero, transfiriendo así
gran parte de la presión sobre los recursos de agua que genera la
producción agrícola a otros países. Esta es una estrategia que
seguirán muy probablemente otros países con escasos recursos hídricos,
que intentarán así asegurarse el acceso a reservas de agua y resolver
este problema interno adquiriendo tierras en el exterior.

El acaparamiento de tierras y el de aguas también se relacionan entre
sí en la medida en que ambos conllevan un modelo de uso del agua
caracterizado por la explotación, la exclusión y la especulación. El
acaparamiento de tierras y aguas se ve impulsado por la producción de
cultivos alimentarios y de otro tipo en grandes plantaciones de
monocultivo. Estos monocultivos, que se basan en la aplicación de
prácticas productivas industriales, orientan la agricultura hacia la
maximización de los beneficios; el agua es vista simplemente como una
materia prima que posteriormente se convertirá en mercancías de mayor
valor. El hecho de que las grandes plantaciones de monocultivo
necesiten enormes cantidades de agua y utilicen hasta diez veces más
que los sistemas agrícolas biodiversos deja de ser un problema,
siempre que se puedan superar externamente una serie de restricciones
biofísicas, incluso aunque eso suponga recurrir al acaparamiento de
tierras y aguas.

Cada vez se cuestiona más la falsa idea de que los monocultivos son la
forma más eficiente (y por tanto, también la mejor para conservar
recursos) de organizar la producción agrícola. Por ejemplo, mientras
que la producción de caña de azúcar sigue expandiéndose a gran
velocidad en Brasil, esta ha ido acompañada en los últimos años de un
descenso en la productividad, lo cual apunta a que el incremento en
los niveles de producción se debe a la expansión de la superficie
ocupada por monocultivos.(22) Así pues, la rentabilidad de la
producción de caña de azúcar en Brasil depende de que se siga
avanzando aún más en los procesos de acaparamiento de tierras y aguas.
5. ¿Qué impactos tiene el acaparamiento de aguas sobre los medios de
vida, la seguridad alimentaria y los entornos acuáticos locales?

La reclamación de los recursos locales de agua por parte de los
inversores externos suele justificarse en nombre del desarrollo. La
idea es que garantizar unas reservas suficientes de agua para el buen
funcionamiento de los proyectos comerciales ayudará a generar empleo,
impulsar la productividad agrícola, contribuir a la creación de nuevas
infraestructuras y abrir nuevas entradas de ingreso para el gobierno.
Si estos proyectos se gestionaran de manera sostenible e incluyeran
procesos de consulta adecuados con las comunidades afectadas, puede
que algunos de estos beneficios, en efecto, se materializaran. En
muchos casos, sin embargo, estas promesas de desarrollo se contradicen
con la realidad sobre el terreno.

En lo que se refiere a los medios de vida, uno de los principales
problemas está en la incapacidad o en la renuencia de inversores y
gobiernos a documentar y registrar cómo se usan las aguas o las
tierras antes de que estas sean arrendadas o transferidas. Por lo
general, los recursos de tierras y aguas que forman parte de los
acuerdos comerciales suelen describirse como inutilizados, con lo
que su traspaso a manos de los inversores no supone problema alguno.
Esto, no obstante, supone obviar el valor de las tierras y aguas para
la vida de las comunidades rurales, que dependen de estos recursos no
solo para mantener sus medios de vida, sino también para asegurar su
identidad social y cultural. Los acuerdos comerciales de inversión que
solo valoran las tierras y aguas desde el punto de vista económico
suelen pasar por alto estas dimensiones. Las comunidades rurales, que
por lo común practican una agricultura de pequeña escala, no pueden
competir por la atención del gobierno cuando hay otros actores que
están ofreciendo una gran inversión de capital. En consecuencia, las
comunidades quedan marginadas y se privilegian las grandes iniciativas
comerciales (véase el cuadro 4).

Cuadro 4: El arroz saudí por encima de las necesidades locales en Etiopía

En la región etíope de Gambela, el gobierno está obligando a varias
comunidades locales a renunciar a sus tierras ancestrales para dar
paso a una plantación de arroz de 10.000 hectáreas gestionada el
propio gobierno etíope y la compañía Saudi Star Agricultural
Development Plc. La plantación de arroz está situada en las márgenes
del río Alwero, que es también una fuente clave de agua para las
comunidades rurales de la zona que practican la pesca, el pastoreo y
la agricultura itinerante. Los derechos al agua de estas comunidades,
vistas como marginales e improductivas desde el punto de vista
económico por parte del gobierno etíope, se están viendo desplazados
por las necesidades de agua de la empresa Saudi Star, a la que el
gobierno de Etiopía no ha impuesto ningún límite sobre el uso de agua,
ningún control de protección ambiental ni ningún mecanismo para
supervisar los efectos del incremento de consumo corporativo de agua
para el resto de usuarios. Ahora se ha convocado una licitación para
construir una serie de canales de cemento de 30 kilómetros para
transportar agua desde el río Alwero hasta la plantación de arroz y
también se está planificando una nueva represa en ese mismo río para
que la compañía Saudi Star pueda disponer de un mayor volumen de agua.

Fuente: Horne, F. y F. Mousseau (2011) Understanding Land Investment
Deals in Africa – Country Report: Ethiopia. Oakland, Oakland Institute

La mala gestión de los recursos hídricos por parte de compañías
privadas puede también acabar teniendo repercusiones catastróficas que
van mucho más allá de las actividades físicas inmediatas de dichas
compañías. Cuando la gestión del agua no funciona como debería y las
fuentes se contaminan, puede verse afectado todo el caudal del sistema
fluvial. Las filtraciones de residuos tóxicos que se producen en las
plantaciones de palma aceitera en Indonesia, por ejemplo, además de
provocar que las aguas de los ríos no sean potables, están matando a
los peces y a otras formas de vida acuática.(23) Las plantaciones
afectan también de forma muy importante a los patrones de drenaje
naturales, lo cual conduce al agotamiento del agua en los ríos
cercanos y a un incremento de las inundaciones durante la estación de
lluvias.(24) Las plantaciones de caña de azúcar en Brasil, por
ejemplo, situadas junto a ríos y lagos, han causado la pérdida de
hábitats y especies debido a la deforestación y al uso de lodos
tóxicos (un producto derivado del procesamiento de etanol) como
fertilizantes, lo cual ha contaminado ríos y aguas subterráneas.(25)
6. ¿Quién se beneficia de las inversiones en infraestructuras de agua?

El acaparamiento de aguas no se limita a la extracción directa de agua
para producir alimentos, combustibles y cultivos comodín, sino que
conlleva también varios tipos de infraestructuras como represas,
embalses, centrales hidroeléctricas, canales y sistemas de riego que
desvían y agotan las fuentes de agua, y que pueden llegar a afectar a
cuencas fluviales enteras (véase el cuadro 5). Los gobiernos suelen
ver estos proyectos que requieren grandes inversiones de capital como
algo imprescindible para potenciar el desarrollo económico.

Sin embargo, el quid de la cuestión es: ¿desarrollo económico para
quién? El gobierno brasileño, por ejemplo, está realizando grandes
inversiones en la construcción de centrales hidroeléctricas arguyendo
que la hidroeléctrica es una fuente de energía renovable, muy
eficiente y, una vez finalizadas las obras de construcción de la
infraestructura, barata. Sin embargo, este proceso ha ido también
acompañado de la privatización del suministro energético, que ha
puesto la energía hidroeléctrica al servicio de grandes compañías
transnacionales –como grandes conglomerados mineros, metalúrgicos y de
supermercados–, que reciben la energía a una tarifa hasta diez veces
más baja que la pagada por la población general.(26) En consecuencia,
los brasileños de a pie han experimentado un incremento en las tarifas
de más del 400 por ciento en los últimos diez años, aunque el 80 por
ciento de la energía en Brasil provenga de centrales
hidroeléctricas.(27)

Mientras que las hidroeléctricas han generado una polémica notable,
las inversiones en sistemas de riego se ven en ocasiones bajo una luz
más favorable, ya que estos sistemas son críticos para producir
alimentos y, por lo tanto, pueden ayudar, potencialmente, a mejorar la
seguridad alimentaria. Por este motivo, muchos países han acogido con
satisfacción la llegada de inversiones extrajeras en sistemas de riego
para modernizar la agricultura y aumentar el rendimiento de los
cultivos. Sin embargo, aunque es cierto que el rendimiento de los
cultivos en tierras de regadío es, como promedio, de dos a tres veces
más alto que los situados en tierras de secano, esto no se traduce
automáticamente en una mayor seguridad alimentaria. El riego rara vez
se introduce de forma aislada, sino que suele formar parte de un
paquete de tecnología que incluye fertilizantes, pesticidas y, a
veces, pasar a la mecanización. Aunque este paquete de tecnología
puede estar inicialmente subsidiado por gobiernos u otras entidades,
permitiendo así a todos los campesinos participar en el cambio
tecnológico, con el tiempo esos subsidios se suelen eliminar, dejando
a los campesinos cargar con el incremento en el coste de los insumos.
Esto puede abocar a la ruina a los hogares con menos recursos. Si se
examina con detenimiento cómo se distribuyen los beneficios de los
planes de sistemas de riego y cómo estos reestructuran las relaciones
sociales basadas en la tierra, se llega a una visión menos optimista
de las ventajas de las inversiones extranjeras en las infraestructuras
de agua.

Cuadro 5. Las represas ahogan los medios de vida en el río Mekong

La cuenca del río Mekong es muy extensa; se calcula que sirve de apoyo
a hasta 100 millones de personas a lo largo de sus 5.000 kilómetros de
recorrido fluvial, que atraviesa China, Myanmar, la RPD Lao,
Tailandia, Camboya y Vietnam. Las comunidades pescadoras, en
particular, dependen en gran medida del río Mekong.

Sin embargo, el acaparamiento de aguas para construir represas
hidroeléctricas está impidiendo que los peces migratorios lleguen a
sus zonas de desove y están reteniendo los sedimentos ricos en
nutrientes que mantienen los ecosistemas acuáticos y la pesca en el
interior.

Con un total de 50 represas en toda su cuenca, se calcula que solo
permanece intacta el 46 por ciento de la conectividad original del
ecosistema del Mekong. Teniendo en cuenta que se están estudiando aún
más proyectos de infraestructuras, la batalla por el río Mekong –como
fuente de pesca o como fuente de energía– se intensificará, sin duda,
en los próximos años.

Fuente: Schertow, J. (2008) Sacrificing the Mekong River Basin in the
Name of Electricity:
http://towardfreedom.com/home/content/view/1479/1/

7. ¿Cuál es la relación entre el acaparamiento de aguas y la
privatización de recursos hídricos?

La privatización y mercantilización de los recursos de agua son
mecanismos clave a través de los que se hace efectivo el acaparamiento
de tierras. La privatización de los recursos hídricos no es un
fenómeno nuevo, pero la nueva oleada de acaparamiento de aguas le ha
dado a este recurso una mayor prominencia como bien comercial.

La privatización y el comercio de los derechos sobre el agua que esta
facilita puede llevar a que se expropien o se vendan al mejor postor
los derechos de las comunidades locales. Este es un peligro
especialmente real cuando los derechos sobre el agua de las
comunidades indígenas no están registrados, es decir, cuando están
sujetos a formas tradicionales y colectivas de gestión y no a un
control estatal formalizado. Por ejemplo, la Ley del agua de
Mozambique prioriza, en teoría, el uso del agua por parte de los
hogares rurales para las necesidades domésticas, el ganado y el riego
de pequeñas parcelas de cultivo.(28) Sin embargo, al mismo tiempo, no
exige que este uso común esté registrado, por lo que se hace
invisible ante los planes del gobierno y muy vulnerable a la
competencia de otros usuarios.

La asignación de derechos privados sobre el agua a inversores es, por
el contrario, altamente visible. Como tal, la privatización del agua
puede ser una forma de traspasar poder de las comunidades locales a
inversores privados, y un primer paso hacia la erosión de modelos
tradicionales y colectivos de manejo del agua.

Destruir la organización social de los recursos hídricos y sustituirla
por una forma privada e individualizada de gestión basada en el
mercado es uno de los principales objetivos de la política neoliberal
en materia de agua. Esta política se suele presentar como una mejora
progresista, ya que otorga el agua a sus usuarios más eficientes y
productivos, y ayuda a garantizar derechos sobre este recurso. El
problema de esta idea es que ignora por completo las grandes
desigualdades de poder entre los diversos actores del mercado del
agua. Los supuestos de la política neoliberal en materia de agua solo
se sostienen cuando todos los actores implicados son libres y tienen
una posición de igualdad en el mercado. Por supuesto, esto es una
falacia. Por este motivo, es necesario oponerse categóricamente a los
nuevos cercamientos de los recursos de agua, que posibilitan la
privatización de esta.
8. ¿Cómo se abordan actualmente las demandas de acceso al agua y de uso de esta?

Uno de los principales problemas que plantea el acaparamiento de aguas
es cómo se deberían mediar las demandas encontradas sobre el acceso al
agua y el uso de esta. Se trata de una cuestión jurídica, política y,
en última instancia, moral. Desde una perspectiva jurídica, existe un
complejo conjunto de leyes nacionales e internacionales que regulan la
asignación de aguas. Uno de los problemas de la actual oleada de
acaparamientos es que los inversores están apuntando a países donde no
existe una legislación nacional sobre los derechos de agua, o bien
donde dicha legislación está poco definida o mal aplicada. Sin la
debida regulación y aplicación, se corre el peligro de que sea el
poder el que determine los resultados. Teniendo en cuenta que el poder
de negociación de las comunidades locales es casi siempre menor que el
de los inversores extranjeros –quienes a veces gozan también del favor
del gobierno–, son estas comunidades las que tienen más que perder
(véase el cuadro 6).

Cuadro 6. Flower power: el caso de la región etíope de Oromia

Las comunidades campesinas de la región de Oromia, en Etiopía,
llevaban generaciones gestionando el agua de manera colectiva,
basándose en una serie de reglas y principios tradicionales que
concedían especial importancia al uso compartido, la conservación y la
rendición de cuentas mediante encuentros regulares.

Los distintos grupos de campesinos recolectaban las tarifas, que se
usaban para reparar el canal, pagar a los guardas y para cubrir los
costes administrativos.La situación cambió drásticamente cuando en la
región se establecieron nueve grandes haciendas de flores y
hortalizas, siete de las cuales están total o parcialmente en manos de
inversores extranjeros. Con la llegada de estas haciendas, la
estructura informal para la gestión del agua cambió por completo.

Los grupos de campesinos fueron reorganizados y se crearon nuevas
reglas. Entre estas, estaba doblar las tarifas por el uso del agua,
aumentar notablemente las sanciones por el incumplimiento de las
normas y un sistema de turnos entre las empresas inversoras y las
comunidades locales. De las normas vinculantes establecidas, cuatro
eran aplicables a las comunidades locales, y solo dos a las grandes
haciendas, que además tampoco estaban sujetas a ningún tipo de
sanción.

Además, se descubrió que los inversores no seguían la regla sobre el
sistema de turnos acordado, y que sobornaban a los guardas para que
les abrieran las compuertas del canal de riego.Lógicamente, las
comunidades campesinas de Oromia consideran que este cambio en la
asignación del agua no es equitativo. Los campesinos han apelado a la
Junta Regional de Inversiones para que ponga fin a la violación de sus
derechos por parte de las grandes haciendas.

Sin embargo, el gobierno etíope, que acoge con entusiasmo toda
inversión extranjera directa en su sector agrícola, se ha puesto del
lado de los inversores, dejando a las comunidades locales de Oromia
con pocas vías alternativas para actuar y con una profunda sensación
de impotencia.

Fuente: Bues, A. (2011) Agricultural Foreign Direct Investment and
Water Rights: An Institutional Analysis from Ethiopia. International
Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton,
LDPI

9. ¿Cómo se pueden gestionar de forma equitativa y sostenible los
recursos de agua transfronterizos?

Los sistemas fluviales no respetan las fronteras internacionales. Por
este motivo, el acaparamiento y la extracción, el trasvase o la
contaminación de recursos hídricos en una región o país puede tener un
impacto notable en la disponibilidad y la calidad del agua en otra
región o país. Así, la gestión de las aguas transfronterizas de una
cuenca hidrográfica es fundamental. En este contexto, la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se ha presentado como “un
proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua,
el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar
los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa
sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.(29) El
éxito de la GIRH depende en gran medida de la capacidad de los Estados
implicados en colaborar estrechamente para alcanzar acuerdos sobre
derechos y responsabilidades compartidos. El acaparamiento de aguas,
sin embargo, pone en peligro este espíritu de colaboración.

La ya complicada política hídrica de la cuenca del Nilo, por ejemplo,
se ha hecho aún mucho más difícil con el incremento de las inversiones
extranjeras en la región. Nuevos actores como China, India y los
Estados del Golfo están invirtiendo en grandes plantaciones e
infraestructuras de riego, agua e hidroeléctricas en todo el río.
China ha financiado, en total, ocho represas: dos en Egipto, dos en
Etiopía, una en Uganda, una en Burundi y una en la República
Democrática del Congo.(30) Los inversores también han situado en su
punto de mira la región etíope de Gambela, donde se ha arrendado un
millón de hectáreas a 896 compañías desde 2009.(31) El hecho de que el
gobierno de Etiopía otorgue libre acceso a los recursos de agua ha
sido uno de los factores clave. Este acceso ilimitado al agua ha
llevado a los inversores a adoptar actitudes displicentes con respecto
a la conservación y la gestión del agua, como sería la mostrada por
Karuturi, que se encuentra entre las 25 mayores compañías del
agronegocio del mundo y que cuenta con extensas plantaciones de palma
aceitera, caña de azúcar, arroz y cereales en la región.

El efecto acumulativo de este incremento en el uso del agua de los
ríos en el Nilo Azul aún se desconoce. Lo que está claro, sin embargo,
es que los inversores extranjeros que se dedican al acaparamiento de
aguas –con el consentimiento y el estímulo de los gobiernos
anfitriones– están cambiando la geopolítica de la región, poniendo en
tela de juicio la hidrohegemonía histórica de Egipto. Este podría
ser un cambio positivo si llevara a una visión común para gestionar el
agua y a un entorno propicio para desarrollar proyectos conjuntos de
inversión por parte de todos los países que atraviesa el Nilo (hay
algunos indicios de ello en la nueva Iniciativa de la Cuenca del
Nilo). Sin embargo, si conduce a la creciente adopción de medidas
unilaterales por parte de esos países y a la mayor extracción de aguas
por parte de los inversores extranjeros, la situación tendrá graves
consecuencias sociales y ecológicas. Puesto que todas las cuencas
fluviales están afectadas, en mayor o menor medida, por cambios
demográficos, económicos, climáticos y de uso de la tierra parecidos,
el éxito de la GIRH dependerá, ante todo, del acuerdo sobre un
conjunto común de valores. Si la integridad de estos valores se ve
minada por una suma cero, un modelo competitivo de extracción y uso de
recursos, la gobernanza de las cuencas fluviales se hará
extremadamente difícil.

La GIRH propone el concepto de valor económico total como una vía
para integrar en los análisis de coste-beneficio el valor económico de
los muchos servicios ecosistémicos que realizan las cuencas fluviales.
Este marco persigue corregir la trayectoria de subsidios e incentivos
perversos que normalmente se han concedido a actividades de
explotación industrial y comercial de recursos, tremendamente
perjudiciales para el medio ambiente. Un ejemplo de ello puede
encontrarse en Ulaanbaatar, en Mongolia, donde las autoridades,
enfrentadas a una escasez inminente de agua, están intentando
aprovechar otras reservas subterráneas y ampliar el almacenamiento
superficial de agua en la cuenca superior del río Tuul. Estudios sobre
el valor económico total han demostrado que la constante degradación
de la cuenca superior del Tuul le costará a la economía de Mongolia en
torno a 270 millones de dólares estadounidenses en los próximos diez
años; por su parte, la conservación del ecosistema hidrográfico genera
un retorno de 15 dólares al año por cada dólar invertido.(32) Así
pues, la GIRH pone de manifiesto que la conservación de los recursos
hídricos es imperativo, algo que no se está dando actualmente en la
cuenca del río Mekong, donde “la confusión, las rivalidades y la
inacción” bloquean la gestión sostenible y local del agua.(33)
10. ¿Qué deberían hacer los países que se enfrentan a la escasez de agua?

La escasez de agua supone un verdadero problema para muchos países
áridos. Con el cambio climático, la escasez de agua en ciertas zonas
ecológicas se exacerbará, ya que el calentamiento global lleva a una
mayor variabilidad de las lluvias y a un creciente riesgo del descenso
de las precipitaciones, el agotamiento de las aguas subterráneas y la
sequía.(34) Por lo tanto, todos los usuarios de agua deben ajustar el
impacto previsto del cambio climático a las reservas de agua en el
futuro.

En este contexto, la cuestión es qué deben hacer los países que se
enfrentan a una escasez de agua para garantizar su seguridad hídrica.

Existen varias opciones, tanto basadas en el suministro como en la
demanda. En lo que se refiere al suministro, los Estados pueden
invertir en expandir los recursos de agua mejorando las instalaciones
para su almacenamiento y adoptando fuentes no convencionales como el
agua de mar, que se puede convertir en agua dulce mediante técnicas de
desalación. Ambas opciones son caras y exigen importantes inversiones
de capital y altos costes energéticos, por lo que no están al alcance
de los países con menos renta o pueden ir acompañadas de impactos
ambientales. Las opciones basadas en la demanda suelen ser más
eficaces desde el punto de vista económico, social y ecológico. Las
iniciativas que se centran en el reciclado y la conservación de aguas,
así como en la reducción de las pérdidas y fugas de agua pueden
generar mejoras sustanciales.

Los defensores de las políticas neoliberales en materia de agua
sostienen que la privatización de este recurso y los mecanismos de
mercado son parte de la solución. Como ya se ha comentado, esta idea
parte de la falsa premisa de que el mercado asigna el agua a los
usuarios más eficientes y productivos y, por tanto, minimiza las
pérdidas. También afirman que, al tratar el agua como un activo
económico en lugar de como un bien público, se puede asignar a este
recurso un precio que esté en consonancia con su verdadero coste de
escasez, lo cual fomenta que se use de forma más moderada y sostenible
(véase el cuadro 7). De este modo, se presenta la escasez como una
oportunidad para ir avanzando hacia la creación de mercados privados
de agua.

Cuadro 7. ¿La moralidad de los mercados?”

Los bajos precios –o en algunos casos la gratuidad– ha mantenido un
uso excesivo: si los mercados entregaran automóviles Porsche a precios
ínfimos, también estarían faltos de existencias.” (PNUD 2006: 30)

Sin embargo, que los mercados privados sean el mejor mecanismo para
lograr un equilibrio entre la equidad y la eficiencia en el uso del
agua es algo muy cuestionable. Sin duda, se deberían ofrecer
incentivos para animar a los usuarios a preservar el agua. Pero eso no
tiene por qué corresponderse con la creación de mercados privados, que
pueden amenazar el derecho de las personas pobres al agua, al vincular
el acceso a esta con la capacidad de pago. En lugar de eso, los
gobiernos deberían poner fin a los subsidios perversos que otorgan a
las grandes industrias que hacen un uso intensivo del agua y la
malgastan, a los proyectos de lujo como campos de golf y hoteles, y a
aquellos inversores que buscan lucrarse con derechos al agua y la
tierra que los gobiernos anfitriones les ofrecen como obsequio. La
crisis global del agua se debe en gran medida a la actual trayectoria
de desarrollo, que minusvalora el capital natural y no integra los
aspectos relacionados con la sostenibilidad, trasladando así una
enorme deuda ecológica a las futuras generaciones (véase el cuadro 8).
Para poder abordar las verdaderas causas de la escasez de agua, esta
situación debe dar un giro radical.

Cuadro 8. La verdadera causa de la escasez”

La escasez ha sido provocada por errores políticos. En lo referente a
la gestión del agua, el mundo se ha dedicado a una actividad frenética
comparable a un frenesí imprudente e insostenible de gastos
financiados por crédito.” (PNUD 2006: 30)

11. ¿Qué se puede hacer para proteger el derecho humano al agua?

En lugar de aceptar las falsas soluciones que proponen las políticas
neoliberales, un enfoque basado en los derechos –y no en los mercados–
pone de relieve la obligación fundamental de todos los Estados de
respetar, proteger y hacer efectivo el derecho humano al agua. Gracias
a una memorable resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU el 30 de septiembre de 2010 y unos meses más tarde, en julio
de 2010, por la Asamblea General de la ONU, este derecho al agua no es
solo un deber moral, sino uno derecho humano jurídicamente vinculante
y de obligado cumplimiento.(35) Esto también incluye la obligación
extraterritorial de los Estados a garantizar que sus propios
ciudadanos y terceras partes, como compañías privadas, no violen el
derecho al agua en otros países en cuanto a la disponibilidad, la
accesibilidad y la calidad del agua.

El reconocimiento del derecho al agua debería conformar la base para
regular los acuerdos de tierras y aguas. Es muy urgente, por ejemplo,
registrar todos los usuarios de agua y las formas de gestión del
recurso. Mientras que las políticas de agua neoliberales persiguen
destruir “la pluralidad de los derechos de agua, las identidades del
agua y los modos de gestión” para poder sustituirlos por una lógica de
mercado uniforme, un enfoque basado en derechos debe comenzar por
visibilizar estos derechos, identidades y modos como un primer paso
para luchar contra los acaparamientos.(36)

Para proteger el derecho al agua, los Estados pueden adoptar varias
medidas. Por ejemplo, cualquier negociación que implique derechos de
agua en un acuerdo sobre tierras debe estar abierta a examen público y
contemplar la debida consulta con las comunidades afectadas, definidas
en su sentido más amplio en función de los estudios de impacto social
y ambiental. Los Estados, además, siempre deberían dar prioridad a las
necesidades de agua de los usuarios locales por encima de las
reclamadas por los inversores externos.

Por otro lado, se debería establecer una distinción fundamental entre
el agua como un recurso vital y un bien público (asociado con la
satisfacción de necesidades básicas), algo que no es negociable y se
debe garantizar por encima de todo, y el agua como un insumo para la
producción de bienes, sobre lo que se deben aplicar controles y
restricciones legítimos.

No se puede permitir, por ejemplo, que se otorguen derechos de agua a
la agroindustria cuando estos afectan a las necesidades de pequeños
campesinos y campesinas que se dedican a la agricultura de
subsistencia o a la producción (precaria) de alimentos para venderlos
en mercados locales. Los Estados pueden dar mayor poder a estos
pequeños campesinos reconociendo los modelos tradicionales de gestión
del agua, y permitiendo a los usuarios tradicionales crear
asociaciones colectivas y solicitar permisos de agua. Cuando alguien
considera que su derecho al agua se está viendo denegado o violado,
debería tener la posibilidad de reclamarlo y de exigir una reparación
ante un tribunal. El derecho al agua es, en última instancia, una
cuestión de gobernanza que debe ser regulada por los Estados.
12. ¿Cómo se debate el acaparamiento de aguas en los foros
internacionales y qué podría proponer la sociedad civil?

Los foros de corte conservador, como el Consejo Mundial del Agua y la
Asociación Mundial del Agua, que mantienen fuertes lazos con las
grandes corporaciones de agua, promueven por lo general una agenda que
defiende la privatización de este recurso. Desde el punto de vista de
estos actores, la creación de mercados privados, la asignación de
derechos de agua y el comercio con estos son respuestas racionales a
la creciente escasez de agua en el mundo. Esta estrategia cuenta
también con el apoyo de instituciones multilaterales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los diversos bancos
regionales de desarrollo, que suelen vincular la concesión de ayudas
con la privatización de recursos hídricos.

La carta de principios del Foro Alternativo Mundial del Agua,
celebrado en la ciudad francesa de Marsella en 2012, señala, con
acierto, que “el agua es un bien común de la Humanidad, vital para
todos los seres vivos, y no una mercancía”.(37) Así pues, el agua se
debería gestionar mediante servicios públicos y se debería distribuir
democráticamente entre sus diversos usuarios. Esta idea, de hecho,
refleja la realidad del suministro de agua en todo el mundo, que en
más de un 90 por ciento de los casos depende del sector público.(38)
Teniendo en cuenta la experiencia del sector público en la prestación
de servicios de agua, los partenariados público-públicos y otros
mecanismos como la iniciativa de Partenariados entre Operadores de
Agua (WOP) y la Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de
Agua de la ONU (GWOPA), que apoyan el intercambio de conocimientos
entre organismos del sector público, son muy prometedoras para
expandir el acceso al agua.(39)

El acaparamiento de aguas, en el contexto del acaparamiento de
tierras, es una cuestión que ha saltado a los titulares hace poco y es
un ámbito aún poco estudiado. Espacios como el Foro Alternativo
Mundial del Agua de Marsella pueden contribuir en este sentido, al
llamar la atención sobre este tema y apuntar a las evidencias que
sugieren que el agua es un factor clave de los acuerdos
internacionales de tierras. Hay que poner de relieve los peligros que
entraña esta forma de inversión, con la que se corre el riesgo de
violar el derecho al agua de los pueblos. Teniendo en cuenta que
muchos ejemplos de acaparamiento de aguas suponen su extracción para
la agricultura industrial, es importante que la sociedad civil llame
la atención sobre prácticas agrícolas alternativas que ayuden a
promover un uso sostenible del agua. Entre estas, se encontrarían
prácticas como la captación de aguas, las tecnologías para el
microrriego, el uso de acolchados en los cultivos y la construcción de
terrazas en laderas rodeadas de arbustos y árboles que mejoran la
capacidad del suelo para captar y almacenar agua. La inspiración, ante
todo, debería proceder de las prácticas cotidianas de uso del agua de
muchas comunidades campesinas, como las de Catacaos y Oromia que
aparecen en estas páginas, cuyos sistemas de gestión del agua se basan
en un entendimiento intuitivo y tradicional del equilibrio ecológico
que se debe lograr entre seres humanos y naturaleza.

Notas:

(1) Mehta, Veldwisch y Franco (2012) Water Grabbing? Focus on the
(Re)appropriation of Finite Water Resources, Water Alternatives
Journal (próxima publicación):
http://www.water-alternatives.org/index.php?option=com_content&task=view…

(2) Para saber más sobre la historia y la definición del término,
véase, por ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Enclosure (o una
versión más breve en español:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercamiento) y V. Shiva (1997) El
“cercado” de los bienes comunales:
http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=1144

(3) PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 – Más
allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Nueva
York, PNUD.

(4) Jones, T. (2010) The Great Hunger Lottery: How Banking Speculation
Causes Food Crises:
http://www.wdm.org.uk/food-speculation/great-hunger-lottery

(5) Comunicado de prensa de RNCOS (3 de junio de 2008) RNCOS Releases
a New Report-Global Biofuel Market Analysis:
http://www.prlog.org/10077074-rncos-releases-new-report-global-
biofuel-market-analysis.html

(6) Mendonça, M. L. (2009) Impactos del monocultivo de caña para la
producción del etanol (Brasil), en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M.
Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional,
FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.

(7) Woertz, E., S. Pradhan et al. (2008) Potential for GCC
Agro-investments in Africa and Central Asia, Gulf Research Center.

(8) Borras Jr., Spoor, M., Franco, J. et al. (2011) El acaparamiento
de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva
internacional más amplia. Informe elaborado para el seminario
Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe,
14-15 de noviembre, Santiago de Chile.

(9) Ibid.

(10) Lohmann y Carriere (1996), Pulping the South: Industrial Tree
Plantations and the World Paper Economy:
http://www.wrm.org.uy/plantations/material/pulping.html; y otros
documentos e informes: http://www.wrm.org.uy/inicio.html

(11) PNUD (próxima publicación, 2012) Global Environmental Outlook
(GEO) 5, Chapter on Land. Nairobi: UNEP.

(12) Sarasin Agrisar (2010) Reasons Why. Product Flyer:
www.sarasin.ch/internet/iech/en/index_ssol/uk_oeic_ssol/sarasin_agrisar_…

(13) Polaris Institute (2003) Global Water Grab: How Corporations are
Planning to Take Control of Local Water Services. Ottawa, Polaris
Institute.

(14) Hall, Lobina y de la Motte (2005) Public Resistance to
privatisation in water and energy. Londres, PSIRU:
http://www.psiru.org/reports/2005-06-W-E-resist.pdf

(15) Véase http://www.remunicipalisation.org/

(16) Zapatta, A. (2009) Consumo de agua en la agroindustria
ecuatoriana, en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar
roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia,
HIC-AL, SAL.

(17) Bridges Across Border Cambodia y Transnational Institute (2010)
Bittersweet: A Briefing Paper on Industrial Sugar Production, Trade
and Human Rights in Cambodia:
http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf

(18) Provost, C. (2011) Africas Great “Water Grab”, The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/nov/24…
2012

(19) HLPE (2011) Tenencia de la tierra e inversiones internacionales
en agricultura. Un informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre
seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial. Roma.

(20) Smaller, C. y H. Mann (2009) A Thirst for Distant Lands: Foreign
Investment in Agricultural Land and Water. Winnipeg, International
Institute for Sustainable Development.

(21) HLPE (2011)

(22) Xavier, C. V., F. P. Pitta et al. (2011) A Monopoly in Ethanol
Production in Brazil: The Cosan-Shell Merger. Amsterdam,
Milieudefensie y Transnational Institute.

(23) Friends of the Earth, LifeMosaic, et al. (2008) Losing Ground:
The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia
– Executive Summary. Londres, Edimburgo, Bogor, Friends of the Earth,
LifeMosaic, Sawit Watch.

(24) Ibid.

(25) Mendonça, M. L. (2009)

(26) MAB (2009) Agua, minería, agronegocio y modelo energético: ¿para
qué? ¿para quién?, en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez,
Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN
Suecia, HIC-AL, SAL.

(27) Ibid.

(28) Woodhouse, P. y A. S. Ganho (2011) Is Water the Hidden Agenda of
Agricultural Land Acquisition in sub-Saharan Africa? International
Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton,
LDPI.

(29) Martens, A. K. (2011) Impacts of Global Change on the Nile Basin:
Options for Hydropolitical Reform in Egypt and Ethiopia. IFPRI
Discussion Paper 01052, IFPRI.

(30) Cascao, A. E. (2010) New “Partners” on the Nile: You Have Access
to My Land and Water if You Provide Me with Your Investment and
Political Support:
http://www.slideshare.net/ana.cascao/newpartnersonthenile

(31) Cascao, A. E. (2011) Cooperation over Transboundary Water
Resources in the Nile Basin: Potential, Obstacles and Challenges.
Presentación ofrecida en la conferencia DANIDA Development Days.
Copenhague.

(32) Bach, H., T. J. Clausen et al. (2011) From Local Watershed
Management to Integrated River Basin Management at National and
Transboundary Levels. Vientiane, Lao PDR, Mekong River Commission.

(33) Ibid.

(34) Nellemann, C., M. MacDevette et al. (2009) The Environmental Food
Crisis – The Environments Role in Averting Future Food Crises. A UNEP
Rapid Reponse Assessment. Nairobi, UNEP.

(35) The Rights to Water and Sanitation (2010) Rights breakthrough:
legal recognition of water and sanitation affirmed by UN,
http://www.righttowater.info/right-water-and-sanitation-affirmed/

(36) Achterhuis, H., R. Boelens et al. (2010) Water Property Relations
and Modern Policy Regimes: Neoliberal Utopia and the Disempowerment of
Collective Action. Out of the Mainstream: Water Rights, Politics and
Identity. R. Boelens, D. Getches y A. Guevara-Gil. Londres y
Washington, DC, Earthscan: 27-56.

(37) Foro Alternativo Mundial del Agua (2012) Carta:
http://www.fame2012.org/es/acerca-de/carta/

(38) George, S., M. Nhlapo et al. (2011) The Politics of Achieving
the Right to Water:
http://www.tni.org/article/politics-achieving-right-water

(39) Ibid.

Lecturas complementarias:

    Proyecto Justicia Agraria
(http://www.tni.org/es/work-area/agrarian-justice) y Derecho al Agua
(http://www.tni.org/es/work-area/water-justice) del Transnational
Institute.

    Woodhouse, P. y Ganho, S. (2011) Is Water the Hidden Agenda of
Agricultural Land Acquisition in sub-Saharan Africa?, International
Conference on Global Land Grabbing, Universidad de Sussex, Brighton,
LDPI: http://www.tni.org/article/water-hidden-agenda-land-acquisition-africa.

    Woodhouse, P. (2012) New Investment, Old Challenges. Land Deals
and the Water Constraint in African Agriculture, Journal of Peasant
Studies (próxima publicación).

    Balanya, Brennan, Kishimoto et al. (2007) Por un modelo público de
agua: Triunfos, luchas y sueños. Transnational Institute y Corporate
Europe Observatory: http://www.tni.org/es/archives/know/90.

    Barlow (2011) Nuestro derecho al agua: Una guía para las personas
para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al
saneamiento de las Naciones Unidas. Council of Canadians:
http://canadians.org/water/documents/RTW/RTW-es-web.pdf

Jennifer Franco es investigadora independiente que colabora con el
comité asiático para los programas de desarrollo internacional (Asia
Committee for International Development Programs) dentro de la ONG
Development and Peace (Developpement et Paix). Sus trabajos anteriores
se centran principalmente en los movimientos sociales rurales y en la
democratización de las Filipinas. Entre sus libros publicados destaca
Elections and Democratisation in the Philippines (Routledge, 2001),
así como un libro sobre derecho y la pobreza rural en Filipinas, que
se saldrá a la luz próximamente (Ateneo de Manila University Press,
2010). Ha publicado en revistas académicas importantes como, por
ejemplo, World Development, Journal of Agrarian Change, Journal of
Peasant Studies, Journal of Development Studies y Critical Asian
Studies.

Traducción de Beatríz Martínez para Transnational Institute