Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser
de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la
economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del
sector y sobre el conjunto de los contribuyentes.

Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de
forma convenientemente difusa en el Memorándum de Entendimiento, había
afectado al conjunto de la economía tanto por la vía de los ajustes
asociados a la persecución draconiana de un equilibrio fiscal
imposible como por la de las reformas estructurales centradas en el
mercado de trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de capacidad
negociadora de los trabajadores. Una condicionalidad que se ha
convertido en la línea directriz de una política económica que empuja
de manera suicida a la economía española hacia un abismo sin fondo,
tal y como acaban de poner de manifiesto las previsiones recién
publicadas de la OCDE para el año 2013.

Pero en el Memorándum también se decía que el rescate tendría
implicaciones sobre el sistema financiero y que éste debería verse
sometido a un proceso de reestructuración. Dada la hipertrofia
adquirida por el mismo durante su proceso de cebado de la burbuja
inmobiliaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable. Nadie
puede dudar de que era necesaria una reestructuración del sistema
financiero que eliminara parte de su excedente de capacidad y lo
readecuara a las necesidades de una economía en proceso de
desapalancamiento.

Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se
nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y
a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los
caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de
unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída
libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la
Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se
encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los
contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los
fondos recibidos.

Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del
presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los
renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y
sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde
Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación.
Veámoslos.

En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer una cuestión
meramente nominal, creo que no lo es. Hablamos de ayudas para
instituciones nacionalizadas a las que se aporta fondos públicos
directamente y a las que se respalda el monto del rescate con el
dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantearse
ningún tipo de participación pública activa en la gestión de las
instituciones, no sólo por ejercer mínimamente el derecho de
propiedad, sacrosanto en el capitalismo, sino para reconducir su
actividad hacia la recuperación del crédito. Pues no, se les entrega
el dinero de todos y se les permite que sigan con su negocio, que si
no responden ya lo hará el resto de españoles por ellos.

En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo cuatro
instituciones van a recibir, en total y de momento, una inyección de
67.000 millones de euros de ayudas públicas (37.000 millones aportados
por Europa y 30.000 millones aportados por España, tal y como recoge
el comunicado de prensa de la Comisión Europea), es decir, más del 6%
del PIB español, mientras se recortan cada día derechos sociales que
afectan al bienestar de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay
recursos para atenderlos.

Las preguntas, entonces, son claras: ¿por qué motivo estas
instituciones deben ser rescatadas y no se podía permitir su quiebra y
que fueran los accionistas y acreedores quienes cargaran con el coste
de la mala gestión? ¿Es realmente sistémica Bankia como para que se le
inyecten 36.000 millones de euros? ¿Cuánto de sistémicos tienen
NovaGalicia o Catalunya Caixa para que nos cuesten 10.000 y 14.000
millones de euros, respectivamente? Y ya el colmo es el caso de Banco
de Valencia que, en lugar de dejarlo quebrar, se lo sanea
completamente con dinero público por valor de 7.000 millones de euros
y se vende a CaixaBank por 1 euro. Ahora que cada cual piense lo que
quiera de la operación.

Si ninguna de las entidades rescatadas tenía carácter sistémico, ¿qué
podría justificar entonces que no se les dejara quebrar? Eso nos lleva
al tercer argumento para la indignación. La única razón que podría
esgrimir el gobierno para legitimar el rescate sería su voluntad de
proteger los puestos de trabajo del sector intentando que la
reestructuración fuera lo menos traumática posible. Pero tampoco es el
caso. Lo que acaba de hacer Bruselas con la aquiescencia del gobierno,
que es quien avala los planes de reestructuración de cada entidad, es
cortar por lo sano y facilitar que las empresas traten de conseguir
beneficios por la vía de despedir masivamente trabajadores. Es decir,
nuevamente el empleo se convierte en la variable de ajuste del
sistema, su única vía para recomponer la tasa de ganancia.

¿Qué más da si para conseguir beneficios Bankia tiene que despedir a
6000 personas o NovaGalicia a 2500? ¿Por qué no probamos a hacer los
números del rescate sobre otros parámetros y dividimos los 1.000
millones de euros aprobados para Bankia en el plan de rescate entre
los 6000 despedidos? El resultado no puede dejar indiferente a nadie:
por cada despido Bankia recibirá de Bruselas 3 millones de euros (casi
1.000 millones de las futuras pesetas) que es, paradójicamente, casi
la misma cantidad que se llevó Miguel Blesa al abandonar Caja Madrid
(2,7 millones de euros). Ahora, si lo deseamos, podemos devolver el
análisis a los parámetros financieros convencionales y relacionar las
ayudas con los ratios de capital y las provisiones o podemos, por el
contrario, preguntarnos cuánto, de esos tres millones de euros por
despido, se destinará a pagar la respectiva indemnización de cada
trabajador. ¿Correrán todos ellos la misma suerte que Blesa? Un Blesa
que, para más inri, se enorgullecía en su comparecencia parlamentaria
de haber multiplicado el balance del banco por seis como si eso no
tuviera nada que ver con la quiebra de la institución, como si el
incremento de cantidad no tuviera ningún tipo de relación con la
calidad.

Eso sí, en cualquier caso que sepan esos trabajadores que serán
inmolados por una causa superior y que, por tanto, “su sacrificio no
será baldío”, como ha declarado Goirigolzarri, porque sus despidos se
harán en aras de una “auténtica refundación” del banco nacionalizado.
Ofrecer un consuelo de esa naturaleza a 6.000 trabajadores a punto de
ser despedidos es de una inmoralidad que raya en lo obsceno.

Y, para concluir, hay algo que todos deberíamos tener meridianamente
claro: nada garantiza que con estas reformas se puedan obtener
beneficios o, si lo prefieren lo digo en roman paladino, lo más
probable es que todas estas ayudas tengan que ser devueltas con el
dinero de los contribuyentes. Y es que con las limitaciones a las que
se ha sometido a las instituciones rescatadas tanto en términos de
negocio (centrado en las pymes y particulares cuya situación
financiera es de todos conocida), como geográficas (lo cual no deja de
ser sorprendente: Bruselas ha restringido el derecho de
establecimiento a nivel autonómico para estas cuatro entidades.
¿Podría salir alguien de este gobierno a explicarlo, por favor?) o
para la captación de financiación, mucho tendría que cambiar la
coyuntura económica para que las entidades pudieran generar los
beneficios necesarios para cubrir el monto del rescate. Así que, por
lo que pueda pasar, vayan pensando que de aquí a unos años la factura
de estas “ayudas” la tendremos sobre la mesa para digerirla entre
todos. Y, si no, al tiempo.

http://www.fundspeople.com/gente/alberto-montero-soler/blog/el-rescate-bancario-prestamos-a-cambio-de-despidos