Este viernes pasado, como tantos otros viernes de este año que está a
punto de concluir, el almuerzo venía con sorpresa: el gobierno no iba
a revalorizar las pensiones de los jubilados por la pérdida de poder
adquisitivo acumulada durante el año 2012. Eso significaba,
básicamente, que todos ellos iban a perder para siempre casi un 2% de
su poder adquisitivo (la diferencia entre la subida del 1% decretada
para 2012 y la tasa de inflación a noviembre de este año, que era del
2,9%). Eso sí, para el próximo año, las pensiones inferiores a mil
euros subirían un 2% y un 1% las superiores a ese importe. Dicho lo
cual, el gobierno y el partido que lo respalda desplegaba toda su
batería retórica para infundir espíritu de responsabilidad entre los
jubilados y hacerles entender que la decisión no era culpa del
gobierno y venía impuesta por la realidad, en palabras del propio
presidente del gobierno.

Tanta desfachatez cansa. Creo que habría que recordarle a Mariano
Rajoy qué nos dice la realidad porque igual hay una parte de esa
realidad a la que él no le presta excesiva atención, a pesar de ser la
que más la merece.

La realidad nos dice que la medida de revalorización hubiera supuesto
4 mil millones de euros que, al parecer, no tenemos; pero la realidad
también dice que, desde que comenzó la crisis, se han aprobado ayudas
directas para salvar a los bancos por valor de 216 mil millones de
euros, es decir, el 21% del PIB o, lo que es lo mismo, que lo que se
ha dedicado a salvar a la banca equivale a 54 veces lo que supondría
la revalorización de las pensiones. Al parecer, la realidad sí que
daba para una cosa, pero no para la otra.

Pero, además, la realidad también nos decía este lunes pasado que
somos, junto a Rumanía y Bulgaria, el país de la Unión Europea con un
mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, el 21,8%; es
decir, incluso después de producirse todas las transferencias sociales
por parte del Estado para tratar de paliar esa situación, casi 12,5
millones de personas se encontraba en riesgo de exclusión social en
2011. Esto es completamente lógico si tenemos en cuenta que España es
el país de la UE-27 en donde más están creciendo las desigualdades
sociales: si antes de la crisis el 20% de la población más rica
ingresaba 5,3 veces lo que ingresaba el 20% de la población más pobre,
en 2011 esa proporción había subido hasta 6,8 veces, cuando la media
europea es del 5,1 o la de Alemania es de 4,5.

Como pueden imaginarse, estos datos son una expresión inequívoca de lo
que está suponiendo la crisis para España y, especialmente, para sus
grupos sociales más desprotegidos: una transición acelerada y sin
paracaídas hacia la pobreza y el subdesarrollo.

Pero si seguimos indagando un poquito más sobre la realidad, Eurostat
también nos dice que casi el 21% de las personas mayores de 65 años se
encontraban, después de haber recibido su pensión, por debajo del
umbral de pobreza. Esto también es comprensible si tenemos en cuenta
que, según datos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social,
el 43,6% de los jubilados cobra una pensión inferior a 641 euros o que
la pensión más frecuente, la que cobran más de 885 mil jubilados, se
sitúa entre los 550 y los 600 euros y miles de ellos tienen a varios
familiares sin ingresos a su cargo.

Así que tampoco es de extrañar que el 73% de los españoles tema no
tener suficiente dinero para poder jubilarse e integren el grueso de
ese 11% de europeos que piensan que no va a poder jubilarse nunca. Y
los que se jubilen siempre podrán seguir el modelo alemán, la nueva
tierra de las oportunidades, en donde casi 800 mil jubilados, 120 mil
de ellos mayores de 75 años, trabaja en un “minijob” por 400 euros
mensuales para complementar su pensión y realizando tareas tan
gratificantes como repartir periódicos o reponer productos en las
estanterías de los supermercados.

Y si esa es la situación de muchos jubilados que dependen de su
pensión pública, para aquéllos que tuvieron la posibilidad de ahorrar
durante su vida activa y han caído en la trampa de los planes de
jubilaciones privados el panorama tampoco es muy halagüeño: en el
último año, sólo un 16% de los 1.199 planes de pensiones privados
existentes en el país obtenían una rentabilidad por encima del 1,9%
que era la tasa de inflación interanual en junio (así que el
porcentaje se habrá reducido significativamente si tenemos en cuenta
la tasa de inflación del 2,9% de noviembre); el resto, la gran
mayoría, perdía poder adquisitivo cuando no directamente sufría
minusvalías. Pero, claro, para difundir esto último los bancos e
instituciones financieras no dedican tantos recursos como a sufragar
trabajos académicos para “demostrar” que el sistema público de
pensiones no es sostenible, algo completamente falso como he defendido
en otros escritos.

Así que, cansado de tanta visión sesgada de la realidad como la que
muestra el presidente del Gobierno, sólo me queda decir que, si hace
unos días escribía ante el brutal incremento de la tasa de pobreza
infantil que con los niños no se juega, ahora es el momento de
reivindicar que, sobre todo por respeto a nosotros mismos, tampoco se
puede jugar con los mayores.