Desde los ministerios de la Presidencia y del Gobierno, en Bolivia,
pilares del gabinete político, se conformó una peligrosa red de
corrupción, extorsión y estafa –“una mafia”- que está haciendo
tambalear las estructuras fundamentales del denominado “proceso de
cambio”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que "una mafia penetró
entre fiscales y jueces"; aún no se conoce la palabra oficial del
Presidente ni del Vicepresidente del Estado Plurinacional.

A raíz del arresto irregular del ciudadano norteamericano Jacob
Ostreicher, en junio del año pasado en la cárcel de alta seguridad de
Palmasola, en las últimas horas se desató una ola de aprehensiones de
influyentes funcionarios del gobierno quienes están acusados de
extorsión.

Los detenidos fueron identificados como José Manuel Antezana Pinaya,
asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia; Fernando Rivera
Tardío asesor jurídico del Ministerio de Gobierno; Hugo Franklin
Pedraza Suárez, ex inspector de DIRCABI Santa Cruz; Eduard Stephane
Bellido, ex funcionario de DIRCABI Santa Cruz; Zenón Rodríguez que
fungía como juez; Efraín Dennis Rodas Limachi, ex asesor legal del
Ministerio de Gobierno y Ramiro Ordoñez López y Gustavo Wagner
Céspedes Rosales ambos, ex administrativos del Ministerio de Gobierno.

Fueron calificados como prófugos de la justicia boliviana: Miguel
Alberto Gutiérrez Solíz, Jorge Henry Chávez Medina y Jorge Vaca
Justiniano (identidad ficticia), y en la lista de personas por detener
figuran Mario Soleto Bañon, Efraín Roda Limachi, César Pardo Revollo
como gerente del ingenio Renacer y Wilma Justina Sanabria que es
propietaria del ingenio azucarero El Naranjal, entre otros.

Las personas detenidas, junto a sus cómplices, trabajaban en “el
gobierno del cambio” desde el inicio de la gestión del presidente Evo
Morales Ayma y, desde hace un tiempo, conformaron la red de
extorsionadores.

José Manuel Antezana Pinaya, asesor jurídico del Ministerio de la
Presidencia, trabajaba en el mismísimo Palacio de Gobierno junto al
ministro Juan Ramón Quintana sobre quien además, pesan una serie de
acusaciones, por ejemplo un caso millonario de contrabando que se
encuentra en la impunidad; Fernando Rivera Tardío y otros trabajaban
en el Ministerio de Gobierno desde el inicio de gestión y Hugo
Franklin Pedraza junto a otros eran funcionarios de la Dirección de
Registro, Control y Administración de Bienes Inmuebles (DIRCABI).

LA OSCURA HISTORIA

Atraído por las bondades de inversión que ofrecía Bolivia: “queremos
socios y no patrones”, Jacob Ostreicher un empresario estadounidense
de 53 años de edad, llegó al oriente del país el año 2008 para
realizar una millonaria inversión en proyectos agrícolas y ganaderos.
Se habla de una inversión de cerca a 27 millones de dólares, pero en
junio de 2011 fue detenido e imputado de la presunta comisión de
legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero y acusado de
tener vínculos con el narcotráfico. A pesar que le incautaron 20 mil
toneladas de arroz, maquinaria agrícola, varios millones y ganado
vacuno de alta calidad, el norteamericano siempre clamó por su
inocencia y se consideró una víctima de la justicia.

Las investigaciones primarias señalan que un miembro del clan de
extorsionadores contactó a Ostreicher con una súbdita colombiana,
ligada a actividades ilícitas.

Los funcionarios de gobierno y del clan de extorsionadores –con el
poder conferido desde instancias gubernamentales- interfirieron en más
de una oportunidad para evitar la libertad condicional del detenido.

Por ejemplo, en 2011, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti,
concedió un poder notarial a un grupo de abogados, entre los que
figura Fernando Rivera, el presunto cabecilla de la red de
extorsionadores.

Desde el Viceministerio de Régimen Interior si informó que
aproximadamente 20 millones de dólares de los bienes incautados al
ciudadano norteamericano fueron repartidos entre los miembros del clan
y otra parte se utilizó para ampliar la red delictiva en la que
participaron jueces, fiscales y policías.

Mientras el ciudadano norteamericano permanecía detenido en una cárcel
de máxima seguridad extorsionado por la red gubernamental, senadores
del país del norte e incluso el actor y ganador de dos Oscar, Sean
Penn, llegaron al país para interceder por su compatriota.

A finales de octubre, Sean Penn tuvo una entrevista con el presidente
del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, donde analizaron el
delicado tema y además se le nombró al actor como “embajador de las
causas nobles de Bolivia ante el mundo”. Se le recomendó que abogue
por la reivindicación marítima, la despenalización de la hoja de coca
y la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Se conoce que en la investigación que está haciendo tambalear la
estructura del actual proceso participaron agentes del FBI
norteamericano para esclarecer el caso, porque según reconoció el
propio ministro de Gobierno, las investigaciones realizadas por su
despacho se cayeron en más de una oportunidad por la infiltración de
sus mismos funcionarios.

MAS CASOS DE CORRUPCIÓN

A pesar de que en el “gobierno del cambio” se prometió “cero
corrupción”, ésta actividad junto al narcotráfico, se ha convertido en
uno de los peores flagelos donde están envueltos los mismos
funcionarios de gobierno.

Mencionaremos sólo algunos ejemplos para darnos cuenta de la dimensión
que alcanzó la corrupción en las esferas del gobierno boliviano.

En enero de 2009, la muerte violenta del empresario Jorge O Connor
destapó el mayor escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), el atraco y robo de 450 mil dólares fue
sinónimo de una red de corrupción en la que estaba implicado
directamente el ex presidente del Senado y alto dirigente del
Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez quien guarda detención.

En julio de 2008, un convoy de 33 camiones con contrabando evadió el
puesto de control fronterizo en Pando, los propietarios argumentaron
que tenían permiso directo del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana. El caso se encuentra en la impunidad.

En agosto de 2006, la Cancillería denunció la falsificación de
documentos para visados chinos, se implicó en el caso a los entonces
senadores del MAS, Santos Ramírez, José Bailaba y Guido Guardia.

En julio de 2010, el alemán Dirk Schmidt, fue acusado de extorsionar a
menonitas ofreciéndoles radicatoria en el país a cambio de miles de
dólares. Por este caso fue destituido el viceministro Gustavo Torrico
cuando los implicados eran funcionarios del Ministerio de Gobierno y
policías.

En septiembre de 2010 se destapó un escándalo de corrupción en Vías
Bolivia, tras descubrirse que se habían vendido boletas de peaje sin
numeración, provocando un daño económico considerable al Estado. Este
caso provocó el alejamiento del cargo del director de la institución,
Juan Enrique Jurado, hijo de un senador del MAS.

En junio de 2012, Gerson Rojas el ex gerente de Plantas de Separación
de Líquidos fue destituido de su cargo tras destaparse presuntas
irregularidades en los procesos de licitación de la planta de Río
Grande, en el caso además se implicó a otro de los miembros de la
comisión calificadora de YPFB, Agustín Javier Ugarte, se calculan
daños cercanos al medio millón de dólares, el caso sigue siendo
investigado.

CAIGA QUIEN CAIGA

La investigación sobre la red de extorsionadores debe continuar bajo
el eslogan de “caiga quien caiga”. Ojalá que las autoridades del
“proceso de cambio” no protejan ni ordenen que se suspendan los casos
como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del contrabando de los 33
camiones o la extorsión a los menonitas donde los involucrados fueron
más bien premiados.

La detención de los funcionarios de los Ministerios de la Presidencia
y del Gobierno apenas es la punta del ovillo de casos escandalosos de
corrupción, extorsión y narcotráfico porque los personajes de la red
de extorsionadores no sólo están involucrados en el caso Ostreicher,
sino que en las últimas horas, diversos ciudadanos que fueron víctimas
de la justicia boliviana empezaron con una serie de denuncias.

Al contar con un poder notarial desde el Ministerio de Gobierno y como
hombres de absoluta confianza de altas autoridades gubernamentales, la
mafia de funcionarios estatales, interfirieron también en otros casos.
Por ejemplo en 2011, los asesores del Ministerio de Gobierno, Fernando
Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, presentaron la denuncia contra
los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) por el supuesto secuestro del canciller David
Choquehuanca.

El 24 de septiembre de 2011, la ex ministra de Justicia Nilda Copa y
el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; además del viceministro de
Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno,
presentaron una demanda penal contra los dirigentes del TIPNIS y
pidieron a la Fiscalía emitir un requerimiento para intervenir la
marcha indígena el 25 de septiembre, por el supuesto secuestro y
agresión al canciller Choquehuanca, según revela un memorial hecho por
el Ejecutivo.

En el memorial no aparece la firma de los ministros, pero sí de los
dos abogados de los despachos ahora implicados en la red de extorsión.
Los citados funcionarios de la mafia gubernamental, entre otros casos,
también conformaron la parte querellante en el caso “terrorismo” más
conocido como caso Rozsa, donde actualmente existen más de 10
detenidos; la extorsión al ciudadano alemán Dirk Schmidt quien se
encuentra detenido; la acusación contra los dirigentes indígenas del
TIPNIS y muchos otros.

La corrupción es un flagelo que se lo debe extirpar, se lo debe
aniquilar y no se lo debe proteger y menos premiar. En el proceso de
cambio que se vive en el país ubicado en el corazón del continente
latinoamericano varios casos están afectando el proceso que prometió
ser diferente a los anteriores regímenes, pero se hace poco o casi
nada contra la corrupción o el narcotráfico…A parte de la red de
extorsionadores y la mafia de corruptos que se destapa, ya son un
interminables los casos de narco alcaldes, narco generales o narco
dirigentes… Es hora de recuperar los principios fundamentales del
proceso de cambio y no de ser cómplices de la impunidad…

Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano