El desbaratamiento de la red de extorsión y corrupción cuya fortaleza
fue establecida en las altas estructuras del gobierno plurinacional ha
sido tal vez el golpe más duro que la corrupción le dio a la
credibilidad del denominado proceso de cambio, dando serias pautas de
que la corrupción heredada de anteriores gestiones, y que es parte de
nuestra historia, no sólo no ha desaparecido sino que ha logrado un
fortalecimiento que pocos suponíamos posible en un gobierno cuyo
acceso al poder es consecuencia justamente del anhelo popular de
expulsar para siempre esta perversión de las estructuras estatales.

En verdad el esquema instaurado por un grupo de extorsionadores es por
lo menos motivo de sorpresa dentro y fuera del país, y muestra cómo el
entramado legal puede ser utilizado por grupos delictivos que logran
un acceso al poder. El caso que tratamos va mucho más allá de un caso
de corrupción funcionaria pues involucró al armazón judicial y otras
estructuras del Estado que aún no se han especificado. De hecho se
mencionaron las presiones sobre algunos jueces gracias a un inaudito
poder que las nuevas normas jurídicas habrían concedido al trabajo de
los fiscales.

El Ministro de Gobierno aseguró que el 100 por ciento de la
investigación que permitió la caída de la red de extorsión se gestó en
su ministerio, desmintiendo versiones periodísticas que aseguran la
participación de investigadores del FBI, aunque el presidente Evo
Morales aseguró que ordenó la investigación del caso tras conocerlo
gracias a mensajes que llegaban a su celular. No queda muy claro el
papel que le cupo desarrollar al actor Sean Penn –nominado poco antes
“embajador del Mar” por el Primer Mandatario– tras su visita a la
cárcel Jacob Ostreicher, la principal víctima del caso.

Pero, más allá del hecho de conocer las tareas que culminaron con la
caída de este grupo extorsionador que había logrado un poder que
parecía inexpugnable, creemos en la necesidad de que la investigación
despeje cualquier duda en torno a la organización de este grupo
delictivo y si no están involucrados funcionarios de un estrato mayor
al de quienes ya han sido individualizados y enviados a la cárcel. No
olvidemos que el caso Ostreicher no es el único que manejaba esta red,
ellos tenían a su cargo otros nueve casos que el Gobierno
Plurinacional consideró “claves”, desde el caso Terrorismo en Santa
Cruz.

Tampoco podemos dejar de lado las “ganancias” logradas en dichos
casos, más aún si reparamos que sólo la venta del arroz confiscado al
señor Ostreicher representaría la suma de 27 millones de dólares, esto
sin mencionar las ganancias logradas por la venta de sus tierras y
ganado. ¿Dónde fue a parar semejante suma de dinero? ¿En qué banco se
la ha depositado y quiénes son dueños de esas cuentas? Los montos de
la extorsión a los acusados en los otros nueve casos también deben
alcanzar cifras exorbitantes, y se supone que las leyes contra el
enriquecimiento ilícito recién aprobadas nos permitirán saberlo.

También queda mencionar la necesidad de una remoción severa en las
estructuras legales, no olvidemos que la aprobación de leyes con
términos tan drásticos que son capaces de poner en duda principios
universales como la presunción de inocencia, son las que el cártel de
extorsionadores recurrió para lograr sus fines. También sería justo
buscar algunas bases para lograr cierta fiscalización en el trabajo de
jueces y fiscales que, de alguna manera, no sólo permitirían terminar
con este lastre que significa la retardación de justicia y otras
obligaciones económicas que suelen exigirse a ciertos acusados.

Los logros de estos objetivos ayudarían a recuperar por lo menos parte
de la credibilidad que el Gobierno Plurinacional ha perdido a causa
del proceso gestado desde sus propias estructuras por este grupo
delictivo