Si bien Gonzalo Sanchez de Lozada y sus colaboradores sufren su derrota histórica en Estados Unidos y sueñan volver algún día, el Gonismo se encuentra, en cambio, en acción permanente en Bolivia no solamente a través de quienes defienden las formas neoliberales del manejo del Estado desde las fuerzas políticas opositoras y los medios de comunicación, sino y especialmente a través de mecanismos legales de control de los recursos naturales, sean tierra, minerales, hidrocarburos, bosques o agua, los mismos que son definidos como recursos estratégicos escasos para la economía de Estados Unidos, según el Plan de la Ciencia 2007-2017 del Servicio Geológico de ese país.

Es que el Gonismo es un esquema político-económico orientado estratégicamente a desarrollar un proyecto privatista-liberal aliado al imperialismo, siendo utilizado para mantener la dependencia semicolonial y explotar, como los siglos precedentes, los recursos naturales y al mismo tiempo impedir el fortalecimiento del Estado Nacional y el impulso de una economía endógena industrialista vinculada prioritariamente a las necesidades internas, al desarrollo y bienestar integral de la población y a las potenciales relaciones de integración con los vecinos de América Latina.

La manifestación más clara de esta orientación “restauradora” se encuentra en el intento de incluir en la nueva Ley Minera disposiciones que chocan con la Constitución Política del Estado, debilitan el papel del Estado en su rol de planificador y gestor del sector, impiden los procesos de industrialización y amplían el poder económico de las empresas transnacionales, sus socios bolivianos y los grupos de poder de algunos sectores del cooperativismo minero.

La tesis de que los concesionarios del Estado (denominados cooperativistas) puedan hacer contratos de asociación con terceros (las grandes empresas y los poderosos comercializadores) es el mayor peligro a la unidad nacional porque se basa en la idea de que se pueden crear poderes autónomos dentro del Estado con derechos que afectan la soberanía nacional.

La actual estructura del sector minero mantiene las características heredadas del neoliberalismo: Las grandes transnacionales Sumitomo de Japón, Kores de Corea del Sur, Glencore de Suiza o Apex Silver Mines de Estados Unidos, coludidas con las ex Mineras Medianas COMSUR de los Sanchez de Lozada, ESTALSA de los Iturralde, EMUSA de los Rocabado-Mercado y otras, tienen el mayor poder productivo y exportador, las siguen las Cooperativas Mineras, con casi cien mil trabajadores, que han ocupado casi todas las minas que antes eran de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y han conseguido ventajas en el campo de los impuestos y las regalías y, finalmente, la minería estatal que no avanza para convertirse en el eje de una actividad estratégica para Bolivia por el extremadamente lento fortalecimiento de COMIBOL y las empresas del hierro y del litio.   

Los valores de la producción minera han alcanzado el año 2013 a alrededor de 3.000 millones de dólares, sin embargo, por el sistema impositivo favorable a las empresas y cooperativas, los aportes por regalías e impuestos no llegan a 150 millones de dólares. Se trata de un sistema depredador y de despojo porque se exportan materias primas sin ningún valor agregado generándose prácticamente el despojo de recursos no renovables que alcanzan hasta la destrucción de ricos acuíferos como es el caso de la Sumitomo.

Hace pocos meses se presentó la denuncia del caso Illapa por la modificación arbitraria o falsificación de un contrato establecido entre COMIBOL, que el gobierno de Evo Morales pretende potenciarla como corresponde al proceso de transformaciones, y la denominada Sociedad Minera Illapa S.A., heredera de la empresa del conocido Gonzalo Sanchez de Lozada Compañía Minera del Sur (COMSUR); provocando el Estado un daño estimado de 20 millones de dólares y dejando abiertas muchas dudas respecto a dicha empresa y a dicho contrato. Se trata de la explotación de las minas Porco y Bolivar ubicadas en Potosí y Oruro. (La Epoca 26.1.14)

Los miembros de la rosca minera han realizado malabarismos legales y comerciales para mantener vigentes, después de 2006, sus derechos sobre yacimientos mineros que los han convertido no solamente en millonarios sobre la pobreza del Estado y los trabajadores mineros bolivianos, sino que mantienen su poder para influir en los alcances de las nuevas normas legales y en las políticas del sector minero.