Los “cooperativistas”, en realidad empresas disfrazadas que tienen unos 15.000 dueños de cooperativas y unos 100.000 peones asalariados sin derechos (a los que también mandan a poner el pecho ante la policía)- están bloqueando porque no quieren que se modifique “ni una coma” de la ley.

Los muertos y heridos no son los grandes empresarios millonarios de las grandes cooperativas, sino peones y pequeños cooperativistas, presos del juego político de sus patrones para imponer totalmente sus intereses.

Bloquean ahora por una pequeña modificación -aprobada el día sábado en el parlamento- en que dificultan su asociación directa con las transnacionales.

La ley original, que quieren los cooperativistas, sería anticonstitucional según el ministro de minería Virreyra, porque despoja al Estado de todo control sobre las grandes concesiones mineras que está dando. Estas asociaciones son utilizadas por las transnacionales para tercerizar sus actividades, y logran así extraer el mineral pagando salarios más bajos, sin seguridad industrial, sin beneficios sociales, sin impuestos y sin protección ambiental y sin siquiera derecho a la sindicalización de los asalariados de las cooperativas. “Beneficios” todos que tienen las supuestas “cooperativas”, manejadas por una minoría de grandes “cooperativistas” millonarios.

La nueva ley minera que el gobierno masista ya hizo aprobar por sus diputados levantamanos, debería ser aprobada aún por el Senado y promulgada por el presidente. Una modificación de último momento, introducida en diputados, que dificulta los contratos directos de empresarios cooperativistas con transnacionales, produjo la crisis y sangrientos enfrentamientos de la policía con cooperativistas con 2 muertos y 50 heridos.

“El proyecto de Ley Minera fue redactado a espaldas del pueblo boliviano y existen algunos grupos de elites mineras cooperativistas que están detrás de su aprobación y promulgación", denunció el senador por Potosí y disidente del MAS, Eduardo Maldonado, quien exige la paralización del tratamiento del proyecto en el Senado. (No sólo las elites cooperativistas, también sus amos de las transnacionales, agregamos nosotros).

La ley fue consensuada entre empresarios “cooperativistas” y transnacionales, sin intervención de las organizaciones campesinas, indígenas y populares. Hasta el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutb), Rodolfo Machaca, reconocido masista, pidió formalmente a ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional que paralice la consideración de la norma por inconsulta. Los regantes de Oruro están bloqueando y la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qolasuyo) orgánica anunció medidas de lucha ante lo que consideran “antinacional y antiindígena, porque otorga facilidades a la minería transnacional y cooperativa en desmedro del interés de los bolivianos”.

Denunciamos que la nueva ley, con o sin las modificaciones muy parciales que se introdujeron en diputados, es una ley al servicio de las transnacionales - que en Bolivia son básicamente Sumitomo (San Cristobal), Orvana-Sánchez de Lozada (Paititi), Inti Raymi, Glencore (Sinchi wayra), Minera Caliza Santa Cruz y Rio Tinto Mining y que manejan casi 400 concesiones y contratos en 480 mil hectáreas - aparte de sus "socios" las grandes empresas, llamadas “cooperativas”, que son prácticamente exceptuadas de impuestos.

Recientes estudios indican que la minería de 3000 millones de dólares exportados en el año 2013, sólo dejó 131 millones por concepto de regalías y que los impuestos adicionales casi no hubo, pues son deducibles en base a los gastos (Gandarillas, CEDIB).

Otro estudio, que incluye regalías más impuestos, indica que entre el 2009 y el 2011 la minería tributó entre regalías e impuestos $us 1.062 millones (M) -$us 691 M impuestos y $us 371 M regalías- sobre un total exportado de $us 7.706 M (13,8%) (Jorge Espinoza, El Diario, 28 de marzo
2014).

Estas cifras de extracción no incluyen la parte no contabilizada, que se estima enorme, porque el mineral se lleva en piedra y casi no hay control de lo que realmente se llevan. Es decir, el producto minero real sería mucho mayor (y por lo tanto mucho menor el porcentaje real de regalías e impuestos.

Tomando el segundo cálculo, el más favorable para las mineras, sólo habría un 13,8% del total por todo concepto de ingresos al Estado. La nueva ley minera, muy lejos de cambiar esto consolida esta situación, rebaja aún más los impuestos de los mal llamados “cooperativistas” y establece nuevas ventajas para los grandes empresarios en general.

Entre estas grandes ventajas figura la libre utilización de las aguas de los ríos y vertientes, lo que causará graves problemas ecológicos y a la agricultura; también la preeminencia del derecho minero que autoriza la expropiación de tierras campesinas, la anulación del derecho a la consulta (lo cual es anticonstitucional) y la criminalización de la protesta antiminera que será penalizada con cárcel y también las sanciones económicas a los que protesten que deberán "indemnizar a las empresas mineras por perjuicios en caso de que sus actividades se vean obstaculizadas".

El camino para terminar con el saqueo es derrotar esta ley nefasta y luchar por la expropiación sin indemnización de las transnacionales y grandes cooperativas mineras, para otorgar a la COMIBOL controlada por los trabajadores, las áreas mineras, con inversiones estatales sobre la base de recuperar la totalidad del producto minero. Esto permitiría tener 100.000 trabajadores mineros asalariados con buenos salarios y hacer una actividad planificada preservando el medio ambiente y respetando la tierra y territorio indígena.

La aprobación de la ley significará una continuidad aumentada del saqueo histórico de las riquezas de Bolivia. Perjudicará a todos los bolivianos, no sólo porque nos despoja de nuestras riquezas, sino también por los daños ambientales y los perjuicios a la agricultura familiar, que es la que provee de alimentos al país. Los alimentos se encarecerán.

Ante estos hechos denunciamos la actitud cómplice de la COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Asalariados y nos unimos al llamado de los regantes de Oruro (que anuncian una segunda guerra del agua) y de la CONAMAQ orgánica a resistir la aprobación y aplicación de la ley minera. Llamamos a los trabajadores, campesinos, indígenas, vecinos de los barrios populares a discutir en las bases la necesidad de enfrentar la aplicación de esta ley nefasta, antipopular, anti indígena y antinacional.

(extractos del articulo publicado por ARP - Alternativa Revolucionaria del Pueblo - 1 de abril de 2014)