En
el Ecuador, tan pronto conocieron que el proyecto de nueva
constitución había sido aprobado en forma contundente, iniciaron
una campaña con la que pretenden que el carácter democrático del
proceso transformador se restringa al respeto de la opinión de las
minorías, con lo que tratan de decantar el carácter democrático
del proceso en marcha, el cual, como todo proceso transformador,
sustenta su contenido democrático en la adopción y concreción de
políticas económicas y sociales que beneficien a las mayorías
postergadas, en la adopción de cuerpos legales que respondan a los
mandatos constitucionales, en contra de los cuales, por cierto se
alinearon. Efectivamente el carácter antidemocrático pasado, el que
precisamente se trata de sepultar, se materializaba en un aparente
respeto a la opinión de la mayoría expresada en las urnas, en tanto
la política económica y social, sólo beneficiaba a la minoría que
controlaba la institucionalidad del Estado, el poder económico y el
fáctico. En otros términos, en tanto la apariencia democrática se
conformaba con los procesos electorales, la antidemocracia real se
plasmaba a través de la política económica y social y los
consecuentes cuerpos normativos que la posibilitaban o validaban. El
carácter democrático o no de un régimen, entonces, no pasa por la
participación en procesos electorales, sino por los destinatarios de
los beneficios que establecen los cuerpos constitucionales, las leyes
y la política económica y social concreta. En consecuencia, lo que
las fuerzas de la derecha pretenden es neutralizar la continuidad de
una política económica que favorezca a la mayoría postergada de la
sociedad ecuatoriana, con lo que se interrumpiría el proceso en
marcha.
Ello
explica, entonces, el por qué en esta etapa todas las voces de la
derecha derrotada reclaman la necesidad imperiosa de que el gobierno
nacional, y especialmente el Presidente Correa, “asuma una posición
democrática”, la que, según su opinión, debe restringirse a
respetar la opinión de las minorías derrotadas y, no sólo ello,
sino también, insisten, en recoger los planteamientos de esas
minorías, planteamiento que expresan reiteradamente a través de
todos los grandes medios de información social, al mismo tiempo que
proclaman su respeto a los resultados del referéndum. En suma,
pretenden que el “respeto a las opiniones y planteamientos” de
las minorías derrotadas, obligue al gobierno del Presidente Correa,
a limitar la adopción de medidas de política económica y social a
favor de las grandes mayorías. Propósito que de no lograrlo, dado
que es previsible que el gobierno nacional mantenga su actual línea
de política económica y social, les permitirá disponer de
argumentos en contra de las medidas que adopte el gobierno nacional,
arguyendo falta de “sensibilidad democrática”. Línea política
que ya la utilizaron durante la campaña, como lo demostraron sus
“argumentos” en contra de las medidas sociales que contiene el
texto constitucional aprobado, como la seguridad universal, el
sistema nacional de salud o la educación gratuita hasta el tercer
nivel.
Desde
otra perspectiva, la neutralización la sustentan los derrotados en
la reducción porcentual de la votación a favor del SI, en
comparación con la votación obtenida en los cuatro eventos
electorales anteriores, lo que, según su criterio, obliga a que el
gobierno nacional, insisten, “asuma una posición democrática”,
de las características ya mencionadas. El argumento de la
diferencia, por cierto, oculta una verdad incontrovertible: en todos
los procesos electorales a los que antecede una discusión de
contenidos constitucionales y que como consecuencia de ello se
desarrolla en medio de grandes y profundas confrontaciones
ideológicas y políticas, como el que espectó el Ecuador y antes lo
hizo Venezuela y Bolivia, la votación indefectiblemente se reduce.
Ante ello y dados los objetivos de la derecha de minimizar el triunfo
en sus esfuerzos por neutralizarlo en la etapa postelectoral, es de
gran importancia continuar en la difusión de los contenidos
constitucionales para que todos los ecuatorianos de buena fe que
votaron por el NO, alejados ya del tráfago electoral, tengan la
posibilidad de profundizar sus conocimientos sobre la constitución
aprobada, lo que permitirá robustecer la conciencia social y
política de otros sectores que pueden adscribir al proceso.
Si
bien el triunfo del Si y la consecuente ratificación del Régimen de
Transición, aparentemente ha tranquilizado las críticas de la
derecha derrotada en las urnas, es evidente que se trata de un
movimiento puramente táctico. La presencia de Fausto Lupera de
Sociedad Patriótica en las reuniones de los Asambleístas en receso,
lo demuestran inobjetablemente. Ante ello, es evidente que la
neutralización del triunfo se verá posibilitada si la
proporcionalidad de la representación de los distintos partidos y
movimientos de la Asamblea Constituyente se modifica, puesto que se
proporcionaría un argumento cuya base sería el irrespeto a la
decisión popular expresada cuando se eligieron a los asambleístas.
Ante ello es ineludible que cualquiera sea la decisión que adopten
los asambleístas, debe guardarse irrestrictamente la
proporcionalidad de la representación. Si se acepta la sugerencia de
mantener la proporcionalidad, la reducción del número de
asambleístas dependerá de la indispensable necesidad de lograr la
mayor eficiencia y eficacia legislativa posible, para responder
adecuadamente a las demandas que impone la nueva constitución, así
como para disminuir, en la mayor medida posible, las dilatorias a las
que seguramente acudirán los asambleístas derrotados para tratar de
impedir se cumplan los plazos establecidos en la nueva constitución.
No es gratuito que Vicente Taiano y otros asambleístas de la minoría
derrotada se hallen ya demandando que la tarea legislativa sea
enfrentada por los 130 asambleístas. Adicionalmente, y en prevención
de críticas que podría formular la minoría derrotada a los cuerpos
legales que se elaboren, discutan y aprueben, el mejor método para
evitar esos esfuerzos por neutralizar el proceso en marcha, es, sin
lugar a duda alguna, el poner en discusión ciudadana todos los
textos legales que se elaboren en forma previa a aprobación. Este
procedimiento, a más de inutilizar las previsibles críticas que
expresará la derecha, permitirá avanzar en la consolidación de la
democracia directa y constante contenida en la nueva constitución,
así como ampliar la base social de apoyo al proceso en marcha.
En
estos esfuerzos por evitar que el triunfo sea neutralizado como lo
pretende la derecha derrotada, es igualmente importante crear
condiciones que permitan que la opinión pública reconozca los
cambios que se adoptan sobre la marcha. Por ello y dado el gran
escándalo que se creo alrededor de ciertos asesores, es
imprescindible adoptar correctivos definitivos. La propuesta de
Fernando Cordero de eliminar los asesores personales y optar por
asesores institucionales, especializados por temas, es una buena
solución, la que podría igualmente completarse con la creación de
centros de secretaría y asistencia, con lo que se eliminaría la
posibilidad de que mantengan prácticas antiéticas de sobra
conocidas, tales como el nepotismo, los compadrazgos, las amiguitas
de ocasión, etc.
En
conclusión, ante la estrategia que desarrolla la derecha para
neutralizar el triunfo electoral, es importante diseñar y adoptar
todas las medidas que permita contrarrestarlas. Para ello, la
movilización permanente es un imperativo, así como ampliar la
participación popular en todos los procesos que deben cumplirse por
los mandatos contenidos en el nuevo texto constitucional.