Desde la época colonial hasta nuestros días, la historia de los países de América Latina, y particularmente la de Bolivia, ha estado marcada por la explotación, uso y destino de los recursos naturales. O estos han servido para impulsar la consolidación del capitalismo mundial, la dominación de las potencias imperialistas en desmedro de las colonias y semicolonias y el fortalecimiento de las transnacionales manteniendo en la mayor pobreza, marginación y dependencia a la mayor parte de la población del mundo o han sido utilizados para desarrollar procesos de emancipación e independencia nacional, industrialización con proteccionismo y potenciamiento del mercado interno y mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y solidaridad entre los países oprimidos del Tercer Mundo.

En Bolivia el neoliberalismo, en el periodo final del siglo pasado y los primeros años de éste y siguiendo el modelo entreguista antinacional, se convirtió en el esquema político y económico que desarrolló nítidamente el paquete de privatización y fortalecimiento de las transnacionales del petróleo, la minería y la agroindustria para saquear hidrocarburos, plata, zinc, plomo, oro, soya y madera como principales recursos naturales, las mismas que también monopolizaron los servicios fundamentales de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. Al mismo tiempo destrozó las frágiles estructuras de las empresas estatales como COMIBOL, YPFB, ENTEL y ENDE, abriendo al librecambio todas las esferas de la economía y el mercado nacional.

El rechazo al neoliberalismo y a sus representantes políticos se expresó en los levantamientos populares de los primeros años del 2000, con la Guerra del Agua, las movilizaciones por la tierra y el abastecimiento de alimentos y la Guerra del Gas. Esta última abrió un nuevo momento constitutivo de la historia de Bolivia marcando una agenda que contemplaba la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización de las materias primas, incluido el gas, la ejecución de una profunda reforma política y el rescate de la dignidad y soberanía nacionales.

Las elecciones de 2005 fueron la constatación de la profundidad democrática de ese proceso y el gobierno de Evo Morales emprendió las tareas centrales de recuperar los recursos naturales y las empresas estatales. En los años siguientes se nacionalizaron importantes recursos y servicios, se estatizaron las empresas, se fortaleció el Estado Nacional, se mejoraron las condiciones para el impulso al Mercado Interno, se emprendió la recuperación de tierras de los gamonales del oriente y se avanzó en un proceso nacionalista y antiimperialista.

Sin embargo, varios procesos no culminaron en muchos rubros, especialmente con la negociación con las transnacionales del gas y la minería que aún tienen una importante presencia en el país. Las petroleras PETROBRAS, REPSOL, TOTAL y BRITISH o las mineras SUMITOMO, GLENCORE y APEX SILVER mantienen millonarias operaciones en Bolivia y tienen ganancias anuales que no las tenían antes y muchos sectores de la oligarquía de la tierra están cómodos.

Corresponde, de todas maneras, subrayar que a pesar de esto el país ha conseguido importantísimos avances en el control de los excedentes procedentes del gas. Los 22.000 millones de dólares procedentes de la exportación de hidrocarburos están permitiendo avanzar en la industrialización del sector, dotar de energía a importantes sectores de la población y de la industria, generar un impulso regular a la producción y al mercado interno y conquistar procesos de autodeterminación nacional de proyección estratégica.

De ahí que el dilema de los recursos naturales, bendición o maldición, debe tornarse en el eslabón positivo que permita que los mismos sean la fuente vital de la construcción de un proceso de liberación nacional, de autodeterminación y soberanía y de bienestar del pueblo profundizando los avances y conquistas de soberanía y dignidad frente a las poderosas fuerzas del imperio.