Los asambleístas de ambas cámaras -con la única excepción saludable del senador Eduardo Maldonado- nos acaban de dar la sorpresa de aprobar una nueva Ley de Minería que nos deja perplejos. Porque si nos ponemos a analizar cuál es la médula económica de este proceso de cambio, nos encontraremos, sin duda, con que esa médula es la nacionalización de nuestros recursos (seguida por su industrialización, pero éste sería otro tema). Y, efectivamente, el primer aldabonazo fue la nacionalización de los hidrocarburos, luego vendrían las telecomunicaciones y la electricidad y la aeronavegación y los aeropuertos, qué bien…
Por eso, cuando nos anuncian que por fin se va a sustituir la Ley de Minería de Sánchez de Lozada, lo que esperábamos era que se siguiera esa línea nacionalizadora y recuperáramos lo que ocurrió en 1952 (Comibol incluida). Sin embargo, nos encontramos con que lo que se  discutió el mes pasado en el Senado era un proyecto elaborado por los mineros  cooperativistas (cualquier cosa menos expresión de los intereses nacionales). 
Ese disparate condujo a una crisis social seria (incluso con muertos y heridos) y a un debate social profundo. El Presidente llegó a hablar de traición a la patria  y desde el Gobierno se anunció la vuelta del proyecto de ley a fojas cero. Esperanzador. Pero luego vino el jarro de agua fría que nos lleva a la pregunta que da título a este comentario.
Para empezar, se mantuvo como texto base el proyecto cooperativista, y si bien se le hicieron algunas modificaciones, el resultado final -aprobado sin dificultades por los asambleístas del cambio (para satisfacción de los demás)- no ha variado en su esencia. Veamos unos cuantos botones de muestra:
1. De nacionalización de los recursos no hay nada; por el contrario, varios artículos (en especial el 130) lo que hacen es facilitar los procesos de des-nacionalización, a costa de la pobre Comibol… ¡Como gran cosa se ha extendido a cinco años el plazo para la conclusión de las reservas fiscales! Y las transnacionales, por supuesto, intactas. El papel del Estado sigue siendo el de firmar contratos con privados (artículo 61), e incluso se establece que no serán objeto de revisión los 7.920 contratos ya legalizados (y que ocupan nada menos que dos millones de hectáreas, artículo 132). Por su parte, los cooperativistas siguen en condiciones de quedarse cada vez con más áreas (más aún si tenemos en cuenta que si les conviene pueden considerarse actores privados). 
2. De reconocimiento del agua como derecho humano fundamentalísimo (artículo 373 de la Constitución) no queda nada, únicamente se han ablandado los términos, ya que para cambiar los cursos de agua -en beneficio de la explotación minera- basta con hacer una solicitud ante la autoridad competente (artículo 112).
3. La protección de áreas protegidas y territorios indígenas no sólo no existe, sino que se ha facilitado más aún su destrucción en aras de la minería, al haberse sacado del texto original la condición de un estudio de impacto ambiental (artículo 220).
4. La ley compromete la autoridad del Estado para la protección de cualquier emprendimiento minero, negando así el derecho a las luchas sociales por la recuperación de los recursos minerales. Los artículos 99 y 100 así lo disponen, garantizando, incluso, el uso de la fuerza pública contra cualquier tiempo de acciones "que de cualquier modo afecten, alteren, perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y actividades; sea que se trate de personas individuales o colectivas”…
¿Tiene todo esto algo que ver con "nacionalización”? ¿No es más bien un decidido avance hacia la des-nacionalización? ¿Es para eso que hemos elegido asambleístas que estaban con el cambio, algunas de ellas con una prometedora trayectoria política? ¿Tienen algo que explicar las y los asambleístas del MAS?
Sí, en teoría queda la esperanza de que el Presidente se niegue a promulgar esa ley directamente antinacional (y anti-Madre Tierra), pero sería una especie de milagro, ya que no parece probable que los y las asambleístas hayan votado sin calcular lo que hará el Presidente. Y ahora ¿quién podrá defendernos?