En esa tesitura, no debiera extrañar que Chile no acepte continuar el proceso de La Haya, aunque la Corte se declare competente, sostiene Fernández.                                                                                                                                           

Gustavo Fernández

Excanciller de Bolivia 

 Bolivia no plantea ni la revisión ni la denuncia del Tratado de 1904. Lo que propone es negociar un instrumento jurídico que le permita lograr acceso plenamente soberano al océano Pacífico.

 La excepción preliminar de incompetencia planteada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia admite dos lecturas.

La primera, de carácter jurídico, se refiere al empleo de una opción procedimental, para impugnar la competencia de la Corte, que no debe extrañar a nadie. Es un recurso legítimo y debiera presumirse que el proceso continuará para examinar el fondo de la demanda boliviana, si el Tribunal rechaza la excepción y se declara plenamente facultado para conocer la causa.
La segunda interpretación, política, va bastante más lejos. Y debe encender señales de advertencia. El recado que sugiere el lenguaje corporal de la dirección política  -particularmente del ala más radical de la derecha y algún parlamentario oficialista, como el inefable diputado Tarud- es que Chile no sólo impugna sino que desconoce o desconocerá la competencia de la Corte para tratar la demanda boliviana.  La frase del canciller Muñoz en la declaración que registró El Mercurio en su edición del 15 de julio de 2014  -"Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue”- lo dice todo.
Si declaraciones y libros blancos no fueran suficientes, el Ministerio de Defensa chileno envió un mensaje todavía más explícito. Celebró la ceremonia de jura de la bandera del Ejército de Chile en el Regimiento Reforzado Nº 1 Calama, en la Región de Antofagasta, el  9 de julio.
De forma paralela, en otro campo, la campaña política y comunicacional que Chile ha puesto en marcha implica que utilizará todos los recursos a su alcance para influir en la conducta de la Corte Internacional de Justicia y para inhibir un fallo en derecho,  una vez que llegó a la conclusión de que ese Tribunal es susceptible a las presiones políticas. A propósito, no debe olvidarse que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas y que la presidenta Michelle Bachelet fue secretaria general adjunta de Naciones Unidas encargada de ONU Mujeres, y que Heraldo Muñoz dejó el cargo de subsecretario general del Buró Latinoamericano del PNUD para asumir la Cancillería. 
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile pudieron haber pensado un poco más antes de argumentar que Bolivia suscribió voluntariamente y sin presiones el Tratado de 1904 o para detallar las inversiones que hizo ese país para facilitar el acceso de Bolivia al mar. El más elemental sentido común desnuda la fragilidad de ese razonamiento. Ninguna nación transferiría voluntariamente a otra 120.000 km2 de territorio, con inmensos recursos naturales, a cambio de facilidades de libre tránsito y la construcción de un tramo de ferrocarril. Y no se requiere análisis muy sofisticado para advertir la diferencia sustantiva que distingue la posesión soberana de un acceso al mar  de la condición subordinada que resulta de la dependencia de voluntad ajena para utilizar medios de comunicación y puertos... tendidos o instalados en el mismo territorio que fue despojado. La disquisición del embajador en La Paz, Abraham König, mucho más brutal, tenía la virtud de la sinceridad. "Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría interés en su conservación”.
 En esa tesitura, no debiera extrañar que (i) Chile no acepte continuar el proceso de La Haya aunque la Corte se declare competente, o (ii) declare que en ningún caso respetará un fallo que establezca que incumplió la obligación que repetidamente asumió ante Bolivia de negociar una salida plenamente soberana al océano Pacífico, cuando todas las instancias jurídicas hayan concluido.  Probablemente dirá entonces que su obligación es defender "la soberanía de Chile” por todos los medios. Desde luego, si lo considerara necesario, dejará de lado, de una vez por todas, su proclamado sometimiento a las normas e instituciones del derecho internacional y denunciará el Pacto de Bogotá. Sinceramente espero equivocarme, pero las cosas parecen caminar en esa dirección. Si fuera así, América Latina debe prepararse para un periodo prolongado de confrontación política y de congelamiento de relaciones económicas y diplomáticas entre Bolivia y Chile. En ese escenario, todo puede ocurrir y se estrechará todavía más el espacio para una negociación de buena fe que ponga fin a los problemas históricos que separan a nuestros países y que afectan de manera tan clara  a la seguridad y la integración regional.
Para cerrar el punto, tiene que subrayarse que la responsabilidad de la situación descrita reposa principalmente en la dirección política chilena. No atendió el llamado al diálogo de la comunidad latinoamericana resumido en la Resolución 426 de la Organización de Estados Americanos y en la del Movimiento de Países no Alineados, ambas de 1979, ni correspondió a las repetidas pruebas que dio Bolivia de moderación  y flexibilidad en el planteamiento de su demanda. Jugó con la buena fe boliviana en el Diálogo de los 13 puntos que   Morales condujo con los presidentes Bachelet y Piñera. 
Y ahora, de forma equívoca y engañosa, deja entrever que no respetará el fallo del Tribunal de La Haya, si no le es favorable.
De su lado, la posición de Bolivia también es transparente y unívoca. Se puede resumir así:
a) La recuperación de la cualidad marítima soberana es una condición de su existencia y un requisito indispensable de su desarrollo económico, social y político. Es este punto -de calidad, no de cantidad- que diferencia la pérdida territorial en el Pacífico de las que sufrió Bolivia en sus conflictos bélicos y diferendos fronterizos con Brasil, Paraguay, Perú y Argentina.
b) Bolivia no plantea ni la revisión ni la denuncia del Tratado de 1904. Lo que propone es negociar un instrumento jurídico que le permita lograr acceso plenamente soberano al océano Pacífico, en el marco de lo establecido en el artículo primero del Protocolo Complementario del Tratado de Lima, suscrito entre Chile y Perú el 3 de junio de 1929. Es decir que Chile ceda a Bolivia, con el consentimiento previo del Perú, una parte de los territorios que quedaron bajo su soberanía en el Tratado de Lima, en los términos que fueron  propuestos por Chile en las Notas Reversales de 1950 y en las negociaciones de Charaña de 1975.
 Desde luego, es del todo evidente que Chile y, eventualmente, Perú pueden atender ese planteamiento virtualmente sin costo económico y político. Por el contrario, serían beneficiarios directos del clima de entendimiento y paz que ese acuerdo traería consigo y de las enormes oportunidades de integración y desarrollo que desencadenarían para las potencias directamente involucradas y para todo el continente.
Subyacente en ese planteamiento, está claro que Bolivia no cejará en su propósito de retornar al mar, con soberanía, ni en la próxima década ni en la próxima centuria. Es una declaración de principios que no se alterará, cualquiera sea el resultado de la demanda en La Haya. 
Es que, como lo subrayan Kaplan y Katzenbach en su clásico tratado sobre los Fundamentos Políticos del Derecho Internacional,  "cuando se advierte que un acuerdo ha sido impuesto injustamente o forzado o cuando una de las partes está convencida de que ya no hay proporción razonable entre sus ventajas e inconvenientes, surgen dificultades, no obstante la doctrina en contrario… Este problema no puede resolverse con la doctrina de la santidad de los tratados”.