La noticia nos dejó un sabor acre en la boca. Un comunicado de la firma india Jindal Steel and Power informa que, de acuerdo al fallo de la Corte y Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, se dispone que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene un plazo de 10 días para impugnar o pagar la suma de 22,5 millones de dólares a dicha empresa por la ejecución de sus boletas de garantía en la explotación del cerro Mutún.

En 2007 la empresa india y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) firmaron un contrato de riesgo compartido por el que Jindal Steel invertiría 600 millones de dólares en los dos primeros años para la explotación de hierro en el Mutún  en Santa Cruz, donde existe uno de los yacimientos más ricos de hierro del planeta. La inversión total debía llegar a 2.100 millones de dólares, aunque en 2010, la ESM decidió ejecutar las boletas de garantía por incumplimiento de contrato.

En verdad las boletas ejecutadas por la ESM llegaban a 18 millones de dólares, el fallo especifica que los 4,5 millones restantes se refieren al concepto de intereses, aunque la Procuraduría General del Estado (PGE) ya había aclarado que el Estado plurinacional no reconoce la jurisdicción y competencia de la Corte de París, por lo que, incluso el vicepresidente García Linera enfatizó que Bolivia recusará el fallo y se apelará a los tribunales que correspondan.

Diversas voces aseguran que el Gobierno hizo un pésimo manejo del proyecto siderúrgico del Mutún, un proyecto en el cual, esencialmente la ciudad de Puerto Suárez, en la línea fronteriza con el Brasil, tenía reservadas las esperanzas de su desarrollo. El manejo del proyecto pasó por diversas manos que no lograron cristalizar ningún avance importante, finelamente se traduce en un daño económico muy grande para el Estado, y una nueva postergación para dicha región.

Subrayamos el hecho de que los yacimientos de hierro que guarda el cerro del Mutún, representan uno de los más importantes del planeta, la intención de explotar dicha riqueza viene incluso de principios de los años 70, ya se hablaba de la necesidad de su exploración para un desarrollo excepcional de una región postergada a lo largo de nuestra vida republicana. Sin embargo, sin explicación alguna, los Gobiernos que le sucedieron fueron relegando los esperados trabajos.

Finalmente los bolivianos, sin excepción alguna, saludamos en 2007 el contrato firmado con Jindal Steel and Power, pues implicaba la ansiada explotación de uno de los más grandes tesoros que guarda nuestro territorio y cuyos beneficios no se limitarían a esa región, sin embargo, las dificultades en este trabajo no se hicieron esperar. La empresa empezó a exigir la provisión de gas a fin de impulsar el trabajo comprometido. Pero la dotación no se dio.

El acuerdo con Jindal contemplaba desde la exploración y explotación minera, hasta la aceración, industrialización y comercialización de productos metalúrgicos y siderúrgicos obtenidos del yacimiento, aunque ya en 2010 la ESM decidió ejecutar las dos boletas de garantía pues la Jindal estaba lejos de cumplir con la inversión comprometida, lo que llevó a la empresa india a romper el contrato.

Otro de los argumentos de Jindal se refería al incumplido compromiso de la dotación de gas. Pero, más allá del conflicto que vaya a provocar el fallo de la Cámara de Comercio Internacional, cuyas derivaciones son hasta ahora un misterio, debemos reconocer que el proyecto del Mutún, representa uno de los fracasos más notables de la historia económica boliviana.