El documento del Acuerdo de Amistad entre Repsol y la Asamblea de Pueblos Guaraníes del Itika Guasu (APG IG) que se mantuvo en secreto por más de 3 años y que fue revelado el lunes pasado por el diario El País de Tarija destapó fuertes críticas en autoridades ejecutivas y legislativas del departamento de Tarija. Tanto así que algunas de ellas hablaron incluso de “chantaje” y “extorsión”, por lo que pidieron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tener más control en estos asuntos.

“No se conoce qué efectos impositivos tiene, no se conoce cómo se contabiliza eso en la economía nacional, es totalmente al margen de la normativa, construida al margen del calor de la extorsión, pues como tienen plata de sobra (Repsol) no tienen ningún empacho en corromper a dirigentes y así abrir el camino para sus actividades”, manifestó el secretario ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruiz.

La autoridad ejecutiva, si bien dijo que no pudo leer por completo el documento, manifestó que es ya sabido que los recursos que se generaron a raíz de ese acuerdo no beneficiaron en ningún momento a los indígenas y tampoco se tuvo mejoras en sus pubelos.

“Han servido para que sus dirigentes tengan camionetas disponibles para que vayan por todo el país en jarana permanente y la Nizkor de manera perversa alimentó esto porque tenía tuición sobre esto”, expresó.

Al respecto, el asambleísta departamental representante del pueblo Guaraní, Justino Zambrana, corroboró lo afirmado por Ruiz y dijo que al estar ahora en una inspección por las tierras de la APG IG, evidenció que los 14.8 millones de este acuerdo de amistad no se tradujeron en ninguna obra. Dijo que si bien se aportó algo para la agricultura, esto fue muy poco y por ello, la población guaraní continua en precarias condiciones.

Cuestionó también la legalidad del acuerdo y pidió a las autoridades nacionales tomar cartas en este asunto pues dijo que ningún tipo de acuerdos o contratos deben estar al margen del Estado y que todo recurso que ingrese de esta forma al país debe ser fiscalizado.

El secretario de la Gobernación dijo que “por suerte la gente despierta” y auguró que en tiempo no muy lejano aparentemente se expulsará a la organización internacional que participó asesorando a los guaraníes y la directiva que pactaron este acuerdo con Repsol