El comportamiento del público revela un grado de confianza muy alto en el sistema bancario, pese a la inestabilidad política. Es importante notar que, a medida que se mantuvieron vigentes y se profundizaban las políticas económicas anteriores a 2006 y mientras duró la incertidumbre política en el largo y oscuro período desde 1997-98 hasta mayo de 2005, el volumen de depósitos del público cayó abruptamente de 3.598 millones de dólares (97-98) a un promedio de 2.550 millones (2005).

En ese período las empresas privadas nacionales y el propio Estado nacional sufrieron agudas crisis por falta de recursos. El Estado pagaba tarde mal o nunca sus cuentas hacia el sector privado por la adquisición de bienes y servicios y, como consecuencia, las empresas incumplían sus pagos de impuestos y dejaron de pagar paulatinamente sus obligaciones bancarias. Lo anterior derivó en la promulgación de leyes de “perdonazos” tributarios y la viabilización de programas de refinanciamiento bancario para los morosos. El Estado boliviano y su sector empresarial formal e informal estaban virtualmente ahogados.

La promulgación de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos en mayo de 2005 y la posterior nacionalización de hidrocarburos de mayo de 2006, así como el incremento de precios de los hidrocarburos, minerales y granos que exporta Bolivia, asociado a un incremento sustancial de las remesas que nuestros compatriotas envía desde España, Argentina, Estados Unidos y otros países (hay señales de una importante influencia de actividades ilícitas), ha incrementado rápidamente la cantidad de dinero que circula dentro de nuestra economía, lo que se refleja en los depósitos del público en el sistema bancario.

Sin embargo, de esos 5.111 millones de dólares, la banca nacional sólo tiene prestados al público boliviano (empresarios, micrompresarios, consumidores, vivienda, etc.) 3.506 millones de dólares (a junio de 2008). El sistema bancario, en consecuencia, tiene una liquidez extremadamente alta dado su nivel patrimonial y de obligaciones. Si tenemos en cuenta que su función principal es la de canalizar recursos del ahorro interno para el sector productivo fundamentalmente, y que la banca vive de prestar dinero ganando intereses, ¿a qué se destinan los más de 1.600 millones de dólares restantes? ¿Están esos millones guardados en las bóvedas de los banqueros esperando a que vayan a retirarlos los ahorristas?.

Bolivia, huelga decirlo, no es un país exento de pobreza y con una industria consolidada libre de desempleo. Por el contrario, requerimos urgentemente recuperar el tiempo perdido y desarrollar rápidamente un sector industrial asociado a las actividades estratégicas de las que el Estado se ha hecho cargo ahora, como la industria petrolera, telecomunicaciones, energía y otros.

La respuesta a las anteriores preguntas la da el propio informe de la Superintendencia de Bancos: la mayor parte de los 1.600 millones de dólares de liquidez del sistema bancario es “prestado” al Banco Central de Bolivia, institución que, como sabemos, acumula por esa vía esa porción importante del ahorro interno y, junto a captaciones que las hace directamente del público (Bonos), se dedica a prestar (invertir) sus reservas en el Tesoro norteamericano (1000 millones de dólares al más deficitario e inseguro del mundo el día de hoy) y el resto, unos 6.000 millones de dólares, a Bancos en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, varios de los cuales ahora tambalean “víctimas” de la crisis financiera desatada por los propios especuladores financieros.

En suma, el Banco Central de Bolivia, al pagar atractivos intereses a los Bancos privados bolivianos y “libre de riesgo crediticio”, limita la oferta de créditos al sector productivo boliviano y fomenta el financiamiento del dudoso sector financiero especulativo internacional que ha tenido el poder de hacer quebrar a monstruos bancarios en otros países.

Es imperioso, en consecuencia, que el gobierno reoriente con ágiles medidas regulatorias el rol del sistema bancario nacional, fomentando la colocación de créditos a industrias, empresas y familias bolivianas, priorizando aquellos destinados a la producción de alimentos, productos con valor agregado e incorporación tecnológica y generadores de empleo masivo.