Resolución presentada por los autores a la Asamblea de Podemos, avalada por el Círculo 3E y aprobada en la Asamblea de Podemos

Una de las principales restricciones para la aplicación de un programa de recuperación económica y transición hacia un nuevo modelo productivo y distributivo deriva de los elevados niveles de endeudamiento, tanto privado como público, de la economía española.

Si no se afronta con decisión y de forma ordenada la resolución del problema de la deuda, las posibilidades de aplicar medidas de política fiscal expansivas y que éstas induzcan comportamientos en consonancia por parte de los agentes privados se verían seriamente cuestionadas. O, lo que es lo mismo, los márgenes para la aplicación de un programa de recuperación de la soberanía económica como el que propugna Podemos resultarían comprometidos.

Es por ello que se impone, como condición necesaria e ineludible para la aplicación de este programa económico, afrontar la problemática de la deuda desde una doble perspectiva.

Por un lado, es necesario realizar un análisis del proceso de endeudamiento público y privado y de sus consecuencias desde criterios sociales y no exclusivamente económicos. Para ello hay que llevar a cabo una auditoría desarrollada por expertos independientes bajo control social efectivo. El control ciudadano debe garantizar la transparencia del proceso, la elección de unos criterios que prioricen los intereses colectivos, así como la publicación y difusión masiva de los resultados de la auditoría. De esta forma la auditoría ciudadana debiera convertirse en un mecanismo de socialización popular del problema al que nos enfrentamos, de su origen y de las consecuencias derivadas de las distintas posibilidades para su resolución.

Por otro lado, es necesario iniciar una estrategia para la reestructuración ordenada de la deuda, tanto pública como privada. Para que logre los mejores resultados posibles conviene que dicha reestructuración trascienda el ámbito estatal para acometerse de forma coordinada, al menos, entre las economías periféricas europeas. Así que trabajar en este sentido debe ser una prioridad. En cualquier caso, no por ello debe descartarse la posibilidad de promover el proceso de reestructuración de forma unilateral cuando no se den las condiciones políticas para la solución coordinada a nivel internacional.

Ambas intervenciones –auditoría y reestructuración-tienen finalidades y sentidos diferentes aunque son complementarias desde una perspectiva política y social. Sin embargo, esa complementariedad no debe entenderse como una relación de interdependencia simbiótica en lo que a su aplicación se refiere. Es más, con independencia de que la auditoría de la deuda se realice o no y de cuál fuera su resultado, lo que sí debe quedar claro es que, de cara a dotar de potencia transformadora efectiva al programa de Podemos, será ineludible realizar una reestructuración ordenada de la deuda. Así es defendido, por ejemplo, por instancias tan poco sospechosas de favorecer los intereses de los deudores como es el propio FMI.

Veamos sintéticamente ambos instrumentos de intervención de forma diferenciada.

¿Qué debería promover Podemos en materia de auditoría y por qué?

Una auditoría ciudadana de la deuda es un instrumento de concienciación y movilización social a través del cual la ciudadanía organizada inicia una revisión del origen y del estado de la deuda, debiendo abarcar dicha auditoría tanto a la deuda pública como algunos componentes de la privada.

La finalidad de la auditoría es ir más allá de lo fiscalizado por las instituciones públicas a las que corresponde tal labor y que, a tal efecto, se limitan a controlar y certificar la legalidad de los procedimientos. Su objetivo último es conocer y difundir cuál es la magnitud, las condiciones, el objeto y las responsabilidades del endeudamiento que se ha producido en la sociedad. Como resultado de ese proceso, la ciudadanía podrá discernir adecuadamente qué deudas pueden considerarse ilegítimas. Ese será el caso, por ejemplo, de la deuda pública que se demuestre que fue contraída en contra del interés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos básicos reconocidos en la Constitución.

En definitiva, a través de la auditoría de la deuda se trata de dilucidar qué deudas pueden considerarse ilegítimas, ya sea en función de su origen (fundamentalmente aquellas derivadas de gastos que favorecieron intereses particulares en vez de generales), a causa de un proceso de endeudamiento irregular (es el caso de las cláusulas abusivas o los problemas de información), o a causa de elementos derivados de su ejecución. Adicionalmente, la auditoría debe determinar el grado de corresponsabilidad de gobernantes y acreedores en dichos procesos.

Por último, conviene enfatizar que, más allá de la distinción y cuantificación de las deudas legítimas e ilegítimas, un objetivo prioritario de la auditoría es el refuerzo de la conciencia social con respecto a la situación real de endeudamiento y sus implicaciones. La información veraz y completa es la forma más efectiva de cuestionar el dogma de que toda deuda debe pagarse con independencia de las consecuencias que de ello se deriven sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población y dar viabilidad a la recuperación económica. Sólo por esa razón, la auditoría de la deuda ya merecería ser realizada; máxime cuando a través de esta vía se reforzarán las condiciones sociales subjetivas para afrontar el proceso de reestructuración de la deuda que, en cualquier caso, este país tiene que acometer. Lo explicamos a continuación.

¿Qué debería promover Podemos en materia de reestructuración de deuda y por qué?

El punto de partida de la posición de Podemos en materia de reestructuración de la deuda debe ser el esfuerzo por instaurar como sentido común la idea de que la reestructuración es condición sine quae non para la aplicación de cualquier programa económico que tenga como objetivo la recuperación de las condiciones económicas y de bienestar de la población.

Esto significa que es necesario vencer el discurso de que no queremos pagar las deudas, demostrando que no es una cuestión de voluntad, ni tan siquiera de equidad social (aunque también), sino que se trata en primer término de una cuestión de eficiencia económica y de necesidad: en el marco del euro, la economía española no puede retornar a una senda de estabilidad y crecimiento –al tiempo que intenta transformar su modelo productivo– si no acomete un proceso ordenado de reestructuración de la deuda pública que permita liberar para tales fines los recursos que ahora son transferidos desde los Presupuestos Generales del Estado –esto es, desde nuestros impuestos– a los tenedores de deuda -es decir, a las instituciones bancarias y financieras, principalmente-.

Hasta que esta dinámica no se interrumpa, la deuda pública seguirá aumentando o, en su defecto, deberán generarse importantes superávit fiscales primarios destinados a ir cancelándola. Es decir, que los esfuerzos fiscales que se hagan para incrementar los ingresos públicos no se podrán destinar a satisfacer niveles crecientes de bienestar social sino que seguirán siendo transferidos a los tenedores de deuda, ya sea bajo la forma de intereses o vía cancelación del principal a su vencimiento.

Para ser efectiva en términos de reactivación económica, los términos de la reestructuración deben abarcar todas las dimensiones de la deuda. Esto es: renegociación de tipos de interés y, en su caso, periodos de carencia; alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización de la misma; y, finalmente, quitas parciales.

De modo análogo, sin un proceso de reestructuración de la deuda que tienen los actores del sector privado –aún más apalancado que el sector público– no será posible tampoco que la política económica pueda propiciar un restablecimiento significativo ni de la inversión ni del consumo. No será la recuperación económica la que facilite el desendeudamiento de empresas y hogares sino, a la inversa, la reestructuración de la deuda empresarial y, especialmente, de la hipotecaria, la vía necesaria para la recuperación de la demanda interna. En concreto, una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un buen punto de partida para esta reestructuración.

Por todo ello, Podemos intentará promover a nivel europeo y, especialmente, en el marco de los países periféricos, un proceso de reestructuración ordenada de deuda. Ahora bien, insistimos en que si, a pesar de la convergencia de intereses no existe una convergencia de voluntades a nivel político entre los estados periféricos, España deberá comenzar a acometer la reestructuración en solitario o en compañía de aquellos países que estén dispuestos a ello. En cualquier caso, el peso económico de España al interior de la Eurozona y el monto de su deuda externa viabilizan la posibilidad de liderar dicho proceso o, en caso extremo, de que sus propuestas deban ser seriamente consideradas por parte de los acreedores.

Por otro lado, es fundamental que la estrategia de reestructuración revista naturaleza cooperativa entre acreedores y deudores y no prime, como en el caso griego, los intereses de los primeros frente a los segundos.

En efecto, el tratamiento de la deuda griega intermediado por la Troika pone de manifiesto que las reestructuraciones que se imponen por parte de los acreedores, aun cuando llegaran a suponer quitas parciales como ocurrió con la deuda griega en 2011, no se promueven con la voluntad de resolver el problema de endeudamiento del deudor, sino de alargar en el tiempo las transferencias de recursos hacia los acreedores. Sólo negociando soluciones cooperativas podrá enfrentarse la problemática de la deuda con perspectivas de resolución perdurables en el tiempo. Y para ello se hace imprescindible una intermediación equitativa entre deudores y acreedores, así como la voluntad política firme de anteponer los intereses colectivos por encima de los intereses particulares del sector financiero privado, principal acreedor.