El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas trasnacionales, contra los intereses y el bien público. El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos “proveedores de servicios”! El sector servicios es además el mayor empleador de los países de ingresos altos y medios, son enormes los impactos contra derechos laborales y sindicales.

Las negociaciones y textos que se discuten son secretas, pero Wikileaks, a través de medios como La Jornada, los ha filtrado desde 2014, la versión más reciente en julio 2015. (http://wikileaks.jornada.com.mx/) De lo contrario no conoceríamos lo que discuten desde 2012, pese a que si lo consiguen, tendrá consecuencias de amplio alcance en la vida de todos en los países participantes y mucho más allá, ya que el bloque negociador avizora imponer este mismo marco al resto de los países.

El TISA integra un paquete de varios tratados comerciales en negociación en los que un grupo de países, Estados Unidos a la cabeza, busca afianzar el mercado de sus empresas y su esfera de poder comercial, financiero y político. Los más significativos son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTIP y TPP por sus siglas en inglés). El primero es entre EU y Europa (llamado informalmente OTAN económica) y el segundo entre Estados Unidos y varios países del Pacífico.

El más amplio temática y numéricamente es el TISA, en el que actualmente participan 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros asiáticos y varios latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Juntos representan el 68% del comercio en servicios a nivel global.

Es notoria la exclusión de países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), aunque China pidió, infructuosamente, incorporarse al TISA. Es clara la intención de afirmar la competencia económica con ese bloque y otros del Pacífico liderados por China. 

Estados Unidos y los iniciadores del TISA –que responden a la demanda de poderosísimos grupos trasnacionales financieros y cadenas de supermercados, entre otros– se llamaron a sí mismos “auténticos buenos amigos de los servicios”, en referencia irónica al grupo de negociación sobre liberalización de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al que consideran estancado, pese a que implica también severos impactos negativos para la mayoría de la gente. La OMC no es más transparente o democrática, allí también los acuerdos se negocian en secreto, entre grupos de países auto-elegidos, que finalmente van a un plenario de miembros que poco pueden hacer para cambiar lo ya pactado previamente entre algunos.

La diferencia con el TISA, además de contenidos, es que ni siquiera formalmente se proponen pasar por otra instancia fuera del club de los elegidos, antes de finalizar el acuerdo. El texto será confidencial por 5 años después de acordado y los Congresos de los países –donde esto se requiera– sólo podrán aceptar o rechazar el paquete entero, como caja negra. Paradójicamente, el TISA exigirá total transparencia de parte de los Estados sobre sus compras públicas, servicios y normativas, y antes de concretarlas, estará obligado a consultarlas primero con las empresas.

Obviamente, el TISA facilitará mayor privatización de servicios públicos, lo cual es de por sí devastador, porque sectores como salud, educación, agua, saneamiento, electricidad y muchos otros, no son “mercados”, sino necesidades básicas de la sociedad que deben ser cubiertas socialmente más allá de la situación geográfica o económica de los que las necesitan. Esto ya ha sufrido una brutal erosión en muchos países y el TISA se propone ahondarla.

Pero además, está diseñando una completa desregulación de los servicios privados. Por ejemplo, Walmart, la mayor empresa del planeta y el mayor empleador privado de Norteamérica (con efecto devastador sobre salarios y derechos laborales) participa activamente en las negociaciones del TISA a través de la Coalición de Industrias de Servicios, y espera que este acuerdo lo “libere de las normativas gubernamentales en zonificación y tamaño de las tiendas” así como de regulaciones sobre venta de alcohol, cigarrillos, etc. (E. Gould, ISP, 2014). 

Otros elementos nuevos y claves del TISA son el llamado mantenimiento del status quo y “cláusula de trinquete”. Según esto, los países del TISA no podrán hacer en el futuro ninguna ley o normativa, o cambiar cualquier política, que afecte lo acordado. 

Por si fuera poco, todo lo que se defina como servicio, quedará automáticamente incluido –incluso lo que ahora no exista, por ejemplo nuevas coberturas de salud, etc.– porque sólo habrá listas de exclusión que presenten los países durante la negociación y sean aprobadas.

Son tantas las perversiones de este tratado, que urge conocerlo y actuar contra él, desde donde estemos, como ya hacen organizaciones sindicales, ambientales, sociales. Una buena noticia fue el paro general que realizó la central de trabajadores PIT-CNT de Uruguay este 6 de agosto, que incluyó en sus demandas el “rechazo total y absoluto al TISA”.


Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC