El 14 de mayo de 2015 no fue un día cualquiera para los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por una represión militar durante las aciagas jornadas de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto, porque el principal acusado de la violenta muerte de 64 personas, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue sentado por primera vez en el banquillo de los acusados en el marco de un proceso civil que enfrenta en Estados Unidos.
El escenario de la comparecencia del ex Presidente fue una de las salas del bufete legal Akin Gump Strauss Hauer & Feld, ubicado en el piso diez del edificio número 1.333, de New Hampshire Avenue, Washington DC.
Según el abogado de la parte civil en ese proceso legal, Rogelio Mayta, el prófugo de la justicia boliviana estuvo acompañado por su abogada Ana Reyes y de otros tres colaboradores, quienes en ningún momento se apartaron de él y le aconsejaban qué preguntas debía responder y cuáles no. Goni cumplió los consejos al pie de la letra.
“En 12 años de juicio, jamás Sánchez de Lozada se había visto obligado a estar sentado en el banquillo de los acusados ni confrontar a sus víctimas cara a cara, verlas de frente, y mucho menos se ha visto sometido a un interrogatorio en el que deba responder a preguntas”, dijo Mayta este domingo al diario La Razón.
“Él debía explicar cosas que eventualmente, probablemente, no hubiera querido. Éstas son algunas razones por las cuales lo sucedido en mayo es histórico”, destacó el jurista.
Debido a las restricciones legales del proceso, sólo un fragmento de cinco minutos de duración dl interrogatorio –que no contó con la presencia de un juez- fue colgado por ese diario paceño en su página web. Durante siete horas, nueve abogados hicieron una serie de preguntas al ex mandatario boliviano.
En el video se ve a un Sánchez de Lozada avejentado, encanecido y vestido con un saco azul marino, camisa blanca y corbata celeste; que guarda un silencio impasible, como si no le afectara el proceso en el que es el principal acusado; cruza sus manos y entrelaza sus dedos de rato en rato, mientras su mirada parece dirigida a ninguna parte.
Sánchez de Lozada –quien reside en Chevy Chase, Maryland, Washington DC- está procesado por la justicia estadounidense acusado de participar en asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo. Las víctimas de la masacre de octubre y los familiares solicitan una indemnización.
En un primer proceso legal en suelo estadounidense, en 2008 el ex Jede de Estado fue demandado ante la Corte Federal de Estados Unidos acusado de cometer “crímenes contra la humanidad”, incluyendo el empleo de “la violencia para acallar las críticas generalizadas de sus políticas”.
No obstante, el 29 de agosto de 2011 el Tribunal Federal de Apelación de Florida dictó una sentencia absolutoria a favor de Goni y de su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín –refugiado en Estados Unidos, también prófugo de la justicia-, en el juicio interpuesto por los familiares de las víctimas civiles exigiendo indemnizaciones. 
El Tribunal de Apelación desestimó la demanda, considerando que las entonces autoridades “usaron legítimamente la fuerza” para reprimir una convulsión social con bloqueos y amenazas que ponía “en peligro la vida y la salud a las personas civiles”. 
Pero un día después, el 30 de agosto de 2011, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció a cuatro ex comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas con penas de cárcel de entre 10 y 15 años por ser autores mediatos del “delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”. 
También condenó a tres años de cárcel a dos ex ministros, que se acogieron a un régimen legal de libertad vigilada; uno de ellos falleció (Adalberto Kuajara), y no se pronunció contra de Sánchez de Lozada ni otros ex ministros que huyeron del país, ya que según el Código de Procedimiento Penal nadie puede ser procesado en ausencia.
En ese contexto, que por primera vez la justicia haya sentado en el banquillo de los acusados al principal imputado de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidio culposo, constituye un trascendental e histórico paso en el largo camino de buscar justicia para las víctimas de la masacre de octubre.