La poderosa emergencia popular que tiró abajo el sistema neoliberal de partidos en octubre de 2003, que catapultó  Evo Morales a la Presidencia de la República en 2005, reiteró votos en 2009 y 2014 y derrotó los intentos federalistas en 2008, consolidando un proceso político, social y económico nacional-popular antiimperialista, ha tenido en la formación de la confluencia de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares su instrumento fundamental y no precisamente la existencia de una organización política partidaria clásica como su dirección conductora y productora de propuestas y estrategias fundamentales.

Esta situación se explica por tres aspectos: el fuerte liderazgo de Evo Morales, construido en dos décadas de lucha sindical cocalera campesina y política contra las imposiciones de Washington; la movilización de fuerzas sociales y regionales heterogéneas que coincidieron en el programa común de nacionalizar los hidrocarburos, recuperar las empresas enajenadas a las transnacionales, industrializar el país y llevar adelante una transformación institucional con la realización de una Asamblea Constituyente; y, en el periodo de gestión estatal, la existencia de un aparato de administradores que se convirtió en la instancia de toma de decisiones y de aplicación de las mismas.

La ausencia de cuadros políticos y profesionales comprometidos, formados e impulsados desde una organización política o desde los movimientos sociales populares, ha sido la característica principal de la administración de gobierno, provocando el posicionamiento de burócratas y tecnócratas del viejo sistema neoliberal en los espacios de decisión y generando una red amplia de control e influencia en aspectos fundamentales de las políticas públicas.

Si bien el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) fue la propuesta política original de las organizaciones cocaleras, fue la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) la que garantizó su vigencia legal ante la Corte Nacional Electoral (CNE), y se convirtió en un eficaz instrumento electoral para ganar varios comicios en los últimos quince años.

Sin embargo el protagonismo real fue ejercido por el Pacto de Unidad, conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), ahora Interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (CMCB-BS), el Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) y la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), ampliado a los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones vecinales y populares en el Consejo Nacional por el Cambio (CONALCAM).

Este cuadro resulta incompleto si no se toma en cuenta que las expectativas de la mayoría de la población de Bolivia se ha manifestado claramente, tomando en cuenta sus limitaciones y peligros, en las elecciones con la afirmación de su voto a favor de una candidatura que mostró los rasgos, las propuestas y las aspiraciones de los sectores trabajadores, indígenas, campesinos y populares,  precisamente los pobres, marginados, excluidos y discriminados por décadas. La mayor calificación del proceso requiere de una organización política y de cuadros formados y comprometidos con un proyecto histórico antiimperialista de liberación nacional con un horizonte de socialismo latinoamericano.