Gran Bretaña considera a las islas Malvinas como un territorio de ultramar. Ese es el status que ya le había acordado y que se refuerza por la nueva constitución, firmada ayer por Isabel II, que regirá desde el 1° de enero.

Otorga así mayor poder de decisión al gobierno local y mayores derechos a los pobladores de las islas. Puntualiza que no se auspicia ningún camino para que las islas se autodeterminen. Se refuerza la idea que Gran Bretaña se va convirtiendo en un país limítrofe de la Argentina. Parece una broma, pero no lo es.

El gobierno británico trata de mostrar que las islas dejaron de ser un enclave colonial, uno de los últimos que persisten en el mundo, para insistir en la institucionalización de estos territorios de ultramar.

El Gobierno argentino ha protestado por esta decisión de Londres y ha denunciado la nueva constitución como "un nuevo acto unilateral" que va a contramano de la decisión de la Asamblea General de la ONU de alentar una negociación sobre la soberanía del archipiélago. Gran Bretaña ha ignorado los llamamientos de la ONU, que se vienen haciendo desde 1982, para que el conflicto se resuelva en la mesa de negociaciones.

Lo curioso es que cada vez más se están reforzando las razones por las que la Argentina puede pedir conversaciones directas -con exclusión de los kelpers- con Londres, toda vez que los habitantes de las islas tienen pasaporte británico, conseguido luego de la derrota militar argentina, es decir que son reconocidos como tales.

Esta cuestión la ha planteado ya el ex senador Rodolfo Terragno. Se trata de una visión jurídica interesante. Los británicos, en tanto, siguen hablando con los hechos.