Otro falso debate entre oficialismo y oposición de derecha, basado en argumentos indigeribles, rodea el asunto del uso de las reservas internacionales para financiar operaciones de YPFB en el sector energético.

El gobierno ha anunciado que se autorizará al Banco Central de Bolivia (BCB), mediante la Ley del Presupuesto 2009, para que, "excepcionalmente", preste a YPFB hasta 1.000 millones de dólares en condiciones concesionales. La decisión fue objeto de duras críticas de los opositores, quienes alegan que las reservas internacionales no pueden ser utilizadas para ser prestadas a instituciones públicas bolivianas porque, según dice, sólo se deben usar para respaldar la política monetaria y las operaciones comerciales de Bolivia con otros países así como para el pago de la deuda externa.

 

 

Ninguna de las partes en pugna dice que, actualmente, el BCB está autorizada a prestar ("invertir" en títulos de deuda o títulos valor) a empresas y bancos extranjeros (art. 15-e de su ley), lo que efectivamente hace en forma rutinaria. Más del 90% de las reservas internacionales bolivianas están prestadas a entidades extranjeras a tasas de interés no mayores al 2 o 3% anual. Verdaderos préstamos concesionales. La Ley del Banco Central, aprobada durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (octubre de 1995), prohíbe expresamente que el BCB preste o invierta las reservas internacionales a instituciones del sector público nacional.  Esta ley, junto a la de "capitalización" de 1994 y la Ley de Pensiones, constituyeron el mecanismo perfecto del empobrecimiento nacional, lo que en efecto ocurrió a partir de 1997 hasta el 2005 (aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058), período de la mayor iliquidez del TGN, prefecturas y municipios, la crecida incontrolable de la mora bancaria y de la quiebra generalizada de empresas privadas, las que tuvieron que ser auxiliadas con perdonazos tributarios y refinanciamiento de deudas a los bancos.

 

 

El ministro de Hacienda ha intentado "aclarar" que no serán las reservas internacionales las que se destinen a YPFB y, como el que explica se complica, elementales cálculos de suma y resta se han encargado de desmentirlo: 1.000 millones de dólares sólo pueden provenir de las reservas.

 

 

Las preguntas son: ¿Es correcta la decisión gubernamental de utilizar parte de las reservas internacionales para invertirlas en proyectos de inversión estratégicos para el país?. En el caso de YPFB, ¿está preparada YPFB para administrar un financiamiento de 1.000 millones de dólares?.

 

 

Consideramos que la decisión de disponer parte de las reservas en proyectos estratégicos nacionales es una medida no sólo atinada, sino, también, urgente e inaplazable. Sin embargo, la decisión debe operativizarse, desde el punto de vista del Banco Central de Bolivia, como una "inversión" con retorno seguro, de las mismas características que tienen las operaciones de inversión en títulos valor (deuda) que hace actualmente. No se debe, mediante una Ley presupuestal, "por única vez", autorizársele a hacer un préstamo a secas. La disposición legal debe autorizarle al Banco Central, de manera indefinida, invertir las reservas internacionales en títulos valor de empresas públicas nacionales  siempre que estas sean corporativas, transparentes y estratégicas, relacionados al financiamiento de proyectos declarados prioritarios y que la entrega de recursos se la haga a cambio de activos financieros (títulos valor) que generen un beneficio para el propio BCB, mediante mecanismos típicamente bursátiles.

 

 

Asimismo, desde el punto de vista de YPFB, en el caso concreto, la operación debe ser el resultado de la conclusión de su proceso de refundación prevista en el decreto supremo de nacionalización del 1 de mayo de 2006, tan alabado por oficialistas y opositores, y que hasta la fecha no se cumple ni en una sola letra. Esto quiere decir que si YPFB quiere financiar sus operaciones, debe, necesariamente, emitir títulos valor representativos de deuda y que sean sometidos a un riguroso examen de riesgos. Este, a su vez, debe considerar la situación financiera de la empresa basada en sus Estados Financieros elaborados con periodicidad mensual, si es que no diaria; si ha alcanzado la calidad de empresa corporativa; la calificación y competencia de su equipo gerencial y técnico; la viabilidad del proyecto al que se destinará el financiamiento, etc. y, fundamentalmente, la condición o definición básica de la evaluación, que la diferenciará de la que hacen las calificadoras como Moody's, Standard & Poors y otras, de que el riesgo país de Bolivia es cero, lo que quiere decir que Bolivia, país generador de la riqueza convertida en reservas, es confiable.

 

 

Si estas condiciones básicas se cumplen, no sólo el BCB deberá invertir 1.000 de sus más de 7.500 millones de dólares acumulados en reservas, en títulos valor de YPFB: debiera poder emplear más recursos para ello, siempre que YPFB, lo requiera para sus actividades de exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización del gas, petróleo y sus derivados.

 

 

Si las condiciones anotadas no se cumplen, entonces YPFB no deberá recibir ni un sólo dólar de las reservas ni del TGN, porque habría el riesgo cierto de la dilapidación de nuestro ahorro nacional (bonos, casas de más de un millón de dólares, personal fantasma, contrabando de combustibles, etc.). Las decisiones son, en todo caso, políticas. Por de pronto, YPFB ni tiene Estados Financieros actualizados, ni es transparente y menos aún corporativa. Su plantel gerencial y técnico carece de calificación.