"Voy a defender a mi pueblo, no voy a permitir la detención de ningún comunario". Ni más ni menos esas fueron las desafiantes palabras del alcalde achacacheño ante el anuncio del inicio de investigaciones judiciales para dar con los autores del ajusticiamiento a presuntos delincuentes ocurrida en días pasados.

El burgomaestre junto a otros dirigentes de la localidad, han anunciado también que no permitirán el ingreso de jueces, fiscales ni policías.

Ya no se trata, como se puede advertir, de la reivindicación de la denominada "justicia comunitaria". Es, simple y llanamente, la constitución de facto de un reducto ni siquiera autónomo. Es, ni más ni menos, la constitución de facto, sin necesidad de bloqueos ni atentados, de una nueva república aymara.

Simultáneamente, el presidente de la república, ha pedido a la OEA para que le ayuden a implementar la nueva Constitución Política del Estado, a la que da por aprobada, porque esa tarea requerirá de al menos "unas cien leyes", entre las que se encuentran aquellas con las que se normará la vigencia de autonomías territoriales indígenas (treinta y seis) y la aplicación de regímenes judiciales diferenciados para éstas.

El vicepresidente, también simultáneamente, con gran pompa ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad ciudadana, que ha recibido críticas porque, más allá del anuncio, no ha identificado cómo se financiará.

En todo caso, queda claro que no hace falta la aprobación del nuevo texto constitucional, precedido de un indigenismo divisionista y radical, para ver a nuestro país en franco proceso de disgregación, con su institucionalidad resquebrajada, las garantías de las personas virtualmente conculcadas y permanentemente atropelladas y, hoy por hoy, la corrupción generalizada en la administración pública central, corroyendo todos los intersticios del debilitado Estado boliviano.

¿Dictará el gobierno Estado de Sitio en Achacachi? ¿Confinará al Alcalde y sus seguidores?

Hoy es Achacachi. ¿Y mañana?