Siempre que el gobierno percibe el riesgo de que se develen los retrocesos y errores en la implementación de su "obra estrella", se destapan supuestos escándalos, se redescubren hechos curiosos y se actúa con despliegue comunicacional masivo para distraer la atención de la población y evitar que se concentre en la profunda crisis general en la que se encuentra el sector energético e YPFB.

La obra estrella a la que nos referimos es, obviamente, la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo de 2006, en virtud a la cual se dispuso la refundación de YPFB en el plazo de 60 días, de modo que sea capaz de efectuar con solvencia todas las competencias y desafíos que el mismo decreto dispuso.

El gobierno aprendió con sangre que, si deja la iniciativa a la oposición, como en el caso del largo escándalo público que precedió a la salida del ex presidente de YPFB, Jorge Alvarado, acusado de presuntos hechos de corrupción, pero que fue defendido hasta el último momento por el primer mandatario, debe asumir un costo político que afecta la imagen presidencial, en un sector muy sensible.

Por ello, cuando poco después, en septiembre de 2006, se produjo la renuncia del primer ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, luego de de la virtual "rendición" del vicepresidente frente a Petrobras y Brasil, al "congelar" la aplicacion de una resolución ministerial pronunciada por el renunciante con la que daba cumplimiento al decreto nacionalizador, los estrategas del gobierno pusieron en marcha inmediata el despliegue de su primera cortina de humo eficaz: envió a su vicepresidente, ex guerillero del EGTK, a Warisata, localidad cercana a Achacachi, para exhortar a los "ponchos rojos" defender la nacionalización de los hidrocarburos "con la vida y las armas".

El objetivo era, obviamente, evitar que se conozca a fondo las causas de la renuncia del ministro impulsor de la nacionalización. García Linera no explicó a su auditorio indígena-campesino de entonces que él, personalmente, decidió pocas horas antes, dejar sin aplicación práctica el mismísimo decreto por el que pedía a otros sus vidas.

La cortina de humo se densificó el 28 de octubre de ese mismo año, cuando, a tiempo de firmar los 44 contratos de operación que luego fueron aprobados entre oficialismo y oposición en el Senado nacional, el presidente afirmó que esos documentos constituían la "verdadera nacionalización", cuando, en los hechos - la aguda escaséz de diesel, GLP y gasolinas para consumo interno lo prueban hasta la saciedad - refrendaban la rendición septembrina de García Linera.

En ese contexto, la "casual" reaparición del dirigente cívico Domingo Moreno, coincidente con la detención de Reynaldo Bayard y otros dirigentes chaqueños, así como las veladas acusaciones del primero contra sus ex socios de "lucha autonómica", tiene todos los visos de ser parte de esa extensa cortina de humo oficialista, justo cuando YPFB hace aguas por todo lado: corrupción generalizada en sus diferentes estamentos, contrabando de combustibles por todos los huecos de nuestra descuidada frontera, aguda escasez de diesel, gasolina y GLP para los bolivianos, con el consiguiente descontento social creciente. Para redondear el cuadro crítico, un ministro sectorial que parece eternamente ausente.

Si Bayard, Marinkovic o Moreno deben responder por daños a la propiedad pública si es que están involucrados en ello, para eso está el Poder Judicial. Deberán hacerlo como todo ciudadano. El gobierno, por su lado, deberá también buscar la aplicación de la justicia sin atropellar al otro poder del Estado. Nada de lo anterior, sin embargo, lo exime de su responsabilidad política directa por los retrocesos en su política hidrocarburífera ni por el estrepitoso fracaso de YPFB, causado por sus pésimas decisiones políticas.

A las vistas de la población, que siente los efectos de los graves errores, la cortina de humo esta disipándose.