Según la información proporcionada por la FAM (organización que agrupa a los gobiernos municipales), en los últimos dos meses se han registrado al menos catorce remociones de Alcaldes, en tanto que, en las últimas dos semanas, cinco fueron reemplazados, casi todos ellos por acusaciones de malos manejos económicos, lo que muestra un progresivo deterioro de la institucionalidad.

Al dato anterior, de por si preocupante, se debe añadir que, también según evaluación de organizaciones que tienen que ver con la vida municipal, al menos el 74% de los gobiernos municipales que percibieron recursos donados por el gobierno Venezuela (los famosos cheques venezolanos distribuidos por el Presidente), no han rendido cuenta del destino final de estos dineros.

El dato “curioso” de las estadísticas anotadas, es que la gran mayoria de Alcaldes removidos por acusaciones de corrupción, resultaron ser del MAS, siendo sus reemplazantes también de ese partido político.

Lo anterior permite concluir, de manera preliminar, que los mecanismos constitucionales y legales vigentes para corregir inconductas funcionarias de las autoridades municipales, están funcionando. Asimismo, corresponde resaltar que hayan sido los propios masistas quienes, en los casos en los que controlan Concejos Municipales, toman decisiones para poner corregir el rumbo. Sin perjuicio de dejar que la justicia boliviana determine responsabilidades, en el ámbito político y municipal toman las decisiones que consideran pertinentes y no se escudan en que la “oposición” quiere atacar el “proceso de cambio” para dejar impunes a autoridades cuestionadas.

Este ejemplo de sus “bases” valdría la pena que tome en cuenta puntillosa y rápidamente el primer mandatario en relación a las graves acusaciones que un ex funcionario de alta confianza de su propio gobierno (no fue la oposición, como pretende hacernos creer el propio presidente y su ministro sindicado), ha hecho públicas, sustentado en documentos probatorios, contra su ministro de la Presidencia.

Son dos cosas muy diferentes las acusaciones documentadas de corrupción contra funcionarios de un gobierno como el del MAS y las acusaciones políticas por mala gestión pública o incapacidad para gobernar. Pretender que la población se trague la pildorita de confundir una con otra tiene un costo político muy alto que, en el caso del ministro de Evo, tendrá que pagarlo únicamente este último.

Entretanto, los mecanismos de ajustes municipales, con todas sus imperfecciones, parecen mas eficaces que la “censura” parlamentaria - muy mal utilizada, por cierto, por la actual oposición congresal carente de autoridad moral - o la facultad presidencial de sustituir ministros observados o seriamente cuestionados.

Lo que falta, para finalizar, es saber ahora dónde y en que invirtieron - si lo hicieron - el dinero que recibió ese 74% de municipios que no rindieron cuenta de los chequecitos venezolanos que el presidente les entregó.