Durante este año, el Banco Central reportó pérdidas de más de 2.300 millones de bolivianos (unos 300 millones de dólares) por una mala gestión en la administración de la "cartera de inversiones" (préstamos a bancos y países extranjeros) con recursos de las reservas internacionales que atesora, cuyo monto ascendió a más de 7.500 millones de dólares. La escandalosa pérdida no movió un pelo de ninguna autoridad gubernamental. Por el contrario, el ministro de hacienda se ufanó en aclarar que la pérdida era sólo "contable" (¿Cómo más puede expresarse una pérdida?).

Pese a que la propia ley del Banco Central dispone que las autoridades del BCB son funcionarios públicos y su actividad está sujeta al control posterior, no se conoce de ninguna auditoria practicada por la contraloría general de la república que haya encontrado hallazgos de daños al Estado.

Hoy se informa de una nueva y osada acción de la entidad financiera estatal: la licitación externa para contratar un organismo financiero extranjero que se haga cargo de la administración de 500 millones de dólares de las reservas internacionales para enviarlos a los países del G7(Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia e Inglaterra) . Lo anterior contradice la línea política expresada por el propio Presidente de la República, quien, en foros internacionales, ha afirmado que esos recursos debieran invertirse en la Región Sudamericana, financiando proyectos de desarrollo estratégicos y rentables.

La contradicción entre el dicho y el hecho es más que evidente. ¿Cómo puede interpretarse que el actual gobierno afirme que luchará por debilitar el "capitalismo" causante, en su criterio, de los males que soporta la humanidad  para, seguidamente, a través de sus personeros de mayor confianza (los directivos del BCB han sido nombrados en el actual régimen de gobierno), afinan los mecanismos para continuar financiando ese sistema? Peor aún si se sabe que lo harán suscribiendo un contrato sujeto a las leyes federales de Estados Unidos o del país de origen de la entidad adjudicataria.

Las prerrogativas que tendrá la financiera internacional serán las de decidir, por si y ante sí, dónde prestar esos 500 millones de dólares, tomando como referencia la calificación de riesgo de las empresas calificadoras, las mismas que han quedado seriamente cuestionadas por los últimos escándalos financieros que sumieron al mundo entero en la crisis más profunda de las últimas siete décadas. De sus actos informará telefónicamente cada mes.

Pero como estas cosas no vienen solas, los administradores del BCB han tomado las previsiones más sabias para que nada frene el contrato a firmarse previsiblemente en enero próximo: No exigen las mínimas garantías a los proponentes ni al organismo financiero que resulte adjudicatario del contrato de tres años y se prevé que se adherirá al contrato que proponga (¿imponga?) el organismo adjudicatario.  Entregarán 500 millones de dólares sin respaldo alguno, cuando a la más modesta empresa boliviana que quiere prestar servicios al Estado se le exigen garantías de seriedad de propuesta, cumplimiento de contrato y buena inversión de anticipo, obligándola a hipotecar su patrimonio al sistema financiero para obtenerlas.

Para estas cosas no hay, obviamente oposición alguna. Al igual que los últimos cambios insertos por la "comisión clandestina" al texto constitucional o la rápida aprobación congresal de los 44 contratos petroleros, cuando se trata de disponer sobre la riqueza nacional, funciona una suerte de "logia" clandestina con la mayor impunidad. Entretanto, sigamos con el circo de fiestas navideñas, referéndum, peleas políticas, atentados, planes de asesinato y distracciones similares, que el dinero estará a "buen recaudo". ¿Para que exigir la extradición del ex presidente Sánchez de Lozada entonces?